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Denunciarán 82% de impunidad por torturas y tratos crueles

Cuestionan que el Estado no cuente con información pública y confiable sobre casos de tortura | Foto Archivo El Nacional

Cuestionan que el Estado no cuente con información pública y confiable sobre casos de tortura | Foto Archivo El Nacional

El Foro por la Vida cuestiona que la Fiscalía no haya proseguido las investigaciones en la mayoría de los casos. Rechazan actuación de los colectivos armados durante las protestas

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En el informe alternativo que la coalición de organizaciones no gubernamentales que integran el Foro por la Vida presentará mañana jueves ante la Comité contra la Tortura de la ONU se denuncia 82% de impunidad en los casos de presunta tortura y tratos crueles ocurridos durante las protestas de este año. La cifra se basa en los 189 casos conocidos por el Ministerio Público desde febrero hasta junio de 2014, que incluyen 185 por tratos crueles, 2 por presunta tortura y 2 por homicidio consumado.

Sobre el esquema de impunidad, recuerdan que la fiscal general Luisa Ortega Díaz dijo en 2009 que “cuando se está ante hechos que implican la vulneración de derechos fundamentales, las personas encargadas de la investigación son regularmente funcionarios adscritos a los diferentes órganos de seguridad del Estado, quienes en muchos casos se desempeñan o son investigadores con vasta experiencia en actuaciones dirigidas a la detección, localización y colección de elementos de convicción. Tal situación es un obstáculo para la investigación que realiza el Ministerio Público, pues facilita la obstrucción de diligencias y el encubrimiento de los responsables”.

Andrés Colmenárez, director de Funpaz, señaló que aunque Naciones Unidas evaluará el período entre 2002 y 2012, se incluyeron los excesos registradas en el primer semestre de 2014. Las ONG refieren que en las principales ciudades del país se evidenció la participación de colectivos sociales armados: “de individuos vestidos de civil en acciones de represión en contra de manifestantes”. Señalan que el patrón observado revela que estos grupos circulan sin identificación y se trasladan en motos o camionetas “actuando bajo la presunta aquiescencia de funcionarios de la policía y efectivos militares”. Las ONG manifiestan preocupación por el hecho de que civiles usen municiones que son de exclusivo manejo del Estado.

Exhortan al gobierno a invitar al país al relator contra la Tortura de la ONU. La jefatura de la delegación del Estado que participará en el debate en Ginebra estará a cargo de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.

Agresiones. El Foro por la Vida cuestiona que el Estado no cuente con información estadística confiable, pública y verificable sobre los casos de tortura. “La poca información existente continúa sin estar desagregada según perfil de víctimas y órgano de adscripción de presuntos responsables”, indica el informe.

Se contabilizaron 437 ataques a manifestaciones por parte de grupos armados pro oficialistas desde el 12 de febrero hasta el 15 de abril, algunos de los cuales ocurrieron “después de declaraciones de altos funcionarios llamando a la población civil a asumir labores de control de orden público”.

Nizar el Fakih, miembro del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, señaló que durante las protestas se produjeron lesiones al derecho de la integridad personal. Añadió que reportarán las condiciones inhumanas de detención, como ocurrió en el caso de 18 jovenes aprehendidos el 12 de febrero y llevados al comando de la Guardia Nacional Bolivariana en La Dolorita, donde fueron colocados en una habitación pequeña, sin ventilación, sin camas y sin alimentos.

EL DATO
En el informe del Foro por la Vida se destaca que, pese a la aprobación de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (2013), “se constató la ausencia de aplicación de estándares para la prevención de la tortura, incluyendo incomunicación, negación de entrevistas privadas entre detenidos y abogados, obstaculización u omisión de exámenes médicos independientes a posibles víctimas de tortura o trato cruel y demoras en presentación de detenidos ante tribunales”.