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Denuncian uso del Estado para perseguir a tres gobernadores

Las medidas de presión intentan desbancar a los mandatarios electos por el voto popular o debilitarlos de cara a los comicios del 8-D | FOTO JOSÉ PACHECO / ARCHIVO

Las medidas de presión intentan desbancar a los mandatarios electos por el voto popular o debilitarlos de cara a los comicios del 8-D | FOTO JOSÉ PACHECO / ARCHIVO

Los mandatarios de Amazonas, Lara y Miranda se disputan los recursos con corporaciones tuteladas por el Ejecutivo. Fiscalía y tribunales también actúan

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La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional maneja 12 expedientes contra el gobernador de Lara, Henri Falcón. El presidente de esa instancia, Pedro Carreño (PSUV-Lara), dirige también una comisión especial creada para determinar la autoría intelectual del gobernador de Miranda, Henrique Capriles, en las nueve muertes ocurridas el 15 de abril. En el caso de Capriles, la Fiscalía ha contribuido a nutrir el expediente. En el de Lara, el informe final, que será aprobado en los próximos días, será remitido al Ministerio Público.

La subcomisión de Salud del Parlamento reactivará un caso iniciado en 2012 contra el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, por el retraso de 10 años en la construcción de un hospital. Henry Ventura, presidente de la instancia parlamentaria, tiene pautado inspeccionar la obra antes del 15 de agosto y "si hay irregularidades", llevar el expediente a la Comisión de Contraloría.

Los gobernadores han manifestado que el Estado utiliza las instituciones para perseguirlos y debilitarlos. Así, por ejemplo, lo dijo Falcón al término de la reunión que tuvo con los prelados de la Conferencia Episcopal Venezolana el jueves: "Los gobernadores sentimos que se nos persigue con fines políticos"
Guarulla explica el acoso oficialista: "Les molesta el éxito de la gestión de las tres gobernaciones en manos de la oposición. Primero nos quitaron carreteras, puertos y aeropuertos. Conocemos en qué condiciones deplorables están. Ahora nos quitan los centros deportivos y culturales". Se refiere al traspaso de competencias sobre La Flor de Venezuela y el Estadio Metropolitano, que pasaron de manos de la Gobernación de Lara a las del Ejecutivo nacional.

Las medidas de presión contra los gobernadores de oposición, electos por el voto popular, evidencian un intento de desbancarlos por vías jurisdiccionales. O al menos, un ensayo para debilitar sus gestiones y su capacidad de convocatoria para las elecciones municipales de diciembre próximo.

Gota a gota. De las 23 gobernaciones de estado, el PSUV ostenta 20. En reiteradas ocasiones el presidente Nicolás Maduro se ha referido a la necesidad de recuperar esas tres plazas.

Desde el momento en que conoció su derrota hasta el presente, el ex candidato oficialista a la Gobernación de Miranda, Elías Jaua, ha señalado que "más temprano que tarde" será gobernador. En Lara, la mayoría roja en el Consejo Legislativo obstaculiza los planes de Falcón y desde la AN Carreño prometió librar a los larenses de "una lacra social". Maduro, por su parte, prometió al pueblo de Amazonas ocuparse de un estado abandonado por un gobernador "borracho".

El retraso en la entrega de recursos a las regiones es otro método de asfixia, como han denunciado los tres mandatarios. La secretaria de gobierno de Miranda, Adriana D'Elia, aseguró esta semana que el Ejecutivo les adeuda 2,7 millardos de bolívares por el diferencial cambiario y precio del petróleo.

El diputado del PSUV-Miranda Jesús Farías la desmintió y solicitó al Consejo Legislativo del estado, de mayoría pesuvista, las evidencias del mal manejo de los recursos asignados a la gobernación. "Una vez tengamos esas pruebas, las consignaremos a la Comisión de Contraloría para que se investigue a fondo la gestión".

La vía jurídica también es empleada por el partido de Gobierno. El 18 de abril la presidenta del CLEM, Aurora Morales (PSUV), introdujo un recurso de interpretación de ausencia absoluta y abandono del cargo de gobernador ante el TSJ, y la semana pasada presentó otro recurso, esta vez ante el tribunal superior estadal, para pedir la nulidad del Consejo de Planificación instalado en marzo. Ambos petitorios esperan respuesta.

Las acciones contra Amazonas apenas comienzan. La primera medida fue la intervención de la policía estadal, anunciada por Maduro la semana pasada y ejecutada de inmediato. La decisión dejó a Guarulla sin capacidad de garantizar el orden interno. La fórmula fue probada en 2012 contra el entonces gobernador de Monagas, José Briceño.

Corpomiraflores
La creación de corporaciones regionales tuteladas desde Miraflores también representa un obstáculo para los gobernadores de oposición, pues los obliga a competir en la recepción de recursos para sus estados.

En febrero de 2012 Hugo Chávez creó Corpolara y nombró presidente a su amigo el ex gobernador larense Luis Reyes. Ese año la instancia recibió más de 250 millones de bolívares para obras de infraestructura y ayudas sociales.

Corpomiranda nació de la mano de Maduro en marzo de este año. La presidencia del órgano fue para Elías Jaua, a quien nombró protector de Miranda. Desde mayo la corporación ha recibido más de 1,1 millardos de bolívares. Según Henrique Capriles, Jaua ha recibido el doble de recursos asignados a la gobernación.

En mayo Maduro creó Corpoamazonas y nombró presidente a la ex candidata a la gobernación Nicia Maldonado. Guarulla denunció que empezó a funcionar con un capital de 200 millones de bolívares: "Eso representa dos tercios del presupuesto de la gobernación para 2013".

El jueves de esta semana los tres mandatarios de oposición se reunieron con la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana. Solicitaron a los prelados que la Iglesia sirva de promotora del diálogo sin condiciones. El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, propuso a la CEV servir de mediadora en un encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y los líderes de la oposición