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Denuncian irregularidades en proceso judicial contra militares presos

Abogados y familiares de los setenciados por instigación a la rebelión aseguraron que durante el juicio se utilizaron pruebas que no vincularon a ninguno con intentos de golpe de Estado. Solo se tomaron en cuenta cuatro testigos, de 96, para constatar reuniones subversivas

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El 2 de abril del año 2014 el capitán (r) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juan Carlos Nieto Quintero se encontraba junto a su esposa, Bethzaida de Nieto, en el centro comercial Plaza las Américas jugando con su hija cuando fue abordado por hombres que se identificaron como funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGIM). Luego de que Nieto Quintero señalara su nombre, los efectivos le dijeron que estaba detenido, este les solicitó la orden de aprehensión pero no se la mostraron. En vez de ello, lo apuntaron a la cabeza con un arma de fuego, lo esposaron y se lo llevaron a la fuerza  en un vehículo colo blanco a la sede del DGIM, ubicada en Boleíta.

La esposa del capitán se dirigió a la sede del DGIM y le dijeron que Nieto no se encontraba allí. Posteriormente recibió una llamaba en la que le dijeron que el militar retirado estaba secuestrado y le exigieron dinero para liberarlo. Bethzaida de Nieto realizó la denuncia y recibió otra llamada en la que le pidieron una cantidad más alta. "Yo les dije que se habían equivocado de persona porque la verdad es que no tenía dinero. Busqué alguna forma de conseguir el dinero, mi familia y yo le pedimos ayuda al Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES), pero no nos apoyaron", indicó.

A la 1:00 am del 4 de abril un coronel de la Guardia del Pueblo se comunicó con Bethzaida de Nieto para decirle que su esposo fue encontrado en Maripérez y rescatado por una comandancia de este componente. El capitán había sufrido torturas físicas como quemaduras con cigarrillos, descargas eléctricas y golpes con un fusil. En esa misma fecha le hacen la detención formal con la orden respectiva y le practicaron un examen en la Medicatura Forense. El diagnóstico fue traumatismcraneoencefálico. Después se le realizó otra prueba en el Hospital Dr. Vicente Salias Sanoja donde, según destacó su esposa, se halló un traumatismo de maltrato general y hematoma craneoencefálico, luego, fue llevado al Hospital Dr. Carlos Arvelo, donde el médico de turno dijo que "estaba bien".

Betzhaida de Nieto destacó que hizo la denuncia ante la fiscalía General y Militar pero no se ha recibido respuesta. "Como es un caso político, no han querido hacer nada. El 4 de mayo fui a la Fiscalía General y no han avanzado. No tienen los videos del centro comercial, sin embargo, la Fiscalía Militar sí posee el CD con el video de lo que sucedió ese día. Mi esposo señaló con nombres y apellidos a los hombres que lo torturaron, incluso, cuando a él lo llevan a la Medicatura Forense para hacerle los exámenes, estaban dos de los torturadores ahí, que él mismo reconoció", narró.

Después fue llevado nuevamente al DGIM, donde esperó hasta la audiencia preliminar del juicio que lo sentenció en mayo del año 2015, luego de 22 audiencias,  a pagar cinco años, cuatro meses y 15 días de prisión en la Policía Militar de Fuerte Tiuna por el delito de instigación a la rebelión.

"Los argumentos que utilizaron fueron varias llamadas que él tuvo con el capitán de la GNB Juan Carlos Caguaripano Scott, que no está en el país actualmente. Ellos son compañeros de promoción", explicó de Nieto. Resaltó que también utilizaron una comunicación telefónica con su hermano, capitán retirado (GNB) Javier Nieto Quintero, que vive en Estados Unidos y fue vinculado por el caso de los paramilitares detenidos en la finca Daktary.

De Nieto explicó que el juez preguntó a un testigo si reconocía la voz de su esposo en esta llamada y dijo que no. "La comunicación estaba entrecortada", añadió.

Nueve condenados por instigación a la rebelión

Además del capitán Nieto Quintero, otros ocho militares fueron sentenciados como implicados en la llamada "Operación Jericó", la cual, según pruebas mostradas por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, tenía como objetivo derrocar al primer mandatario, Nicolás Maduro.

El parlamentario dio a conocer mapas en los que aparecían edificios marcados como objetivos tácticos: el Palacio de Miraflores, el Ministerio para la Defensa, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz; el CNE, la DGIM y el canal de noticias Telesur. Cabello explicó en su programa Con el mazo dando que el plan consistía en atacar estas edificaciones con un avión artillado Tucano. Después, los rebeldes emitirían un mensaje para llamar a la calma.

Los otros ocho militares setenciados por el caso son:

- General de división de la Aviación Oswaldo Hernández Sánchez (ocho años y siete meses) por instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Centro de reclusión: Centro de Procesados de Occidente Santa Ana, estado Táchira.

- Coronel del Ejército (r) José Delgado Vásquez (siete años y tres meses) por instigación a la rebelión. Centro de reclusión: Centro de Procesados de Oriente La Pica, estado Monagas.

- Teniente coronel de la Aviación (r) Ruperto Sánchez Casares (siete años y tres meses) por instigación a la rebelión. Centro de reclusión: Centro de Procesados de Oriente La Pica, estado Monagas.

- Mayor de la Aviación Víctor José Ascanio Castillo (ocho años y siete meses) por instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Centro de reclusión: Centro de Procesados de Oriente La Pica, estado Monagas.

- Mayor de la Aviación César Orta Santamaría (ocho años y siete meses) por instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Centro de reclusión: Centro de reclusión 35 B.P.M. Fuerte Tiuna

- Capitán de la Aviación Andrés Thomson Martínez (ocho años y siete meses) por instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Centro de reclusión: Centro de Procesados de Oriente La Pica, estado Monagas.

- Capitán de la Aviación Nery Córdova Moreno (ocho años y siete meses) por instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Centro de reclusión: Centro de Procesados de Oriente La Pica, estado Monagas.

- Capitana de la Aviación Laided Salazar de Zerpa (ocho años y siete meses) por instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Centro de reclusión: Comunidad Penitenciaria Fénix, estado Lara.

Familiares denuncian irregularidades durante el juicio

"Todas nuestras casas fueron allanadas y en ninguna encontraron armas", declaró Candida de Hernández, esposa del general de división Oswaldo Hernández.

Narró que el 24 de marzo del año 2014 su esposo fue convocado a asistir a una reunión con su jefe, el mayor general Luis Quintero Machado, a las 8:00 pm. Añadió que al lugar llegaron funcionarios de la DGIM para dejarlo detenido en la sede de este componente de la FANB. Allí estuvo en un sótano durante siete meses donde salía una vez a la semana para recibir luz del sol.

Después fue trasladado sin haber sido enjuiciado. El 6 de enero del año 2015 lo llevan sin orden de tribunal a la cárcel La Pica, ubicada en Maturín, estado Monagas. "Supuestamente había una orden del 30 de diciembre del 2014 en la que se autorizó el traslado", indicó de Hernández.

El 22 de febrero comenzó el juicio y el 5 de mayo se anunció la sentencia. Desde ese momento, hay, según el Código Orgánico Procesal Penal, un lapso de 10 días de despacho en que el tribunal debe publicar los detalles de la pena, sin embargo, estos fueron dados a conocer el 29 de junio con fecha del 22 de junio. "Además, fue enviado a la cárcel de Santa Ana, algo totalmente ilegal porque este no le compete a dicho tribunal", agregó.

"Cuando estuvo en el DGIM fue visitado por Diosdado Cabello y Carmen Meléndez, quienes le ofrecieron unos beneficios, entre ellos la libertad, pero mi esposo no se prestó para eso. Le ofrecieron custodia para la familia y cargos en el exterior con tal de que culpara a otra persona", aseguró.

Apuntó que el general Hernández siempre ha sido un militar apegado a la Constitución. "Él es excelente. Primer lugar de su promoción, formado como instructor en Texas. Es el piloto con más horas de vuelo con 6.297, el que tiene más tiempo de vuelo en sistema Boeing y Hércules; graduado con honores. Siempre un oficial dedicado a su carrera", describió.

La madre del capitán Andrés Thomson, Cristina de Thomson, contó que a su hijo le dijeron en una reunión en la base militar Mariscal Sucre que era "hora de tomar posición". "Él entendía lo que era tomar posición, pero estaba apegado a la Constitución y a la ley. Bueno, suponemos que tenía que adherirse al gobierno", agregó.

Posteriormente lo llamó el comandante general de la Aviación para darle una información. "El comandante se prestó para tenderle una emboscada como si fuera un vulgar delincuente. Después lo pasaron a finales de agosto a la cárcel de Ramo Verde", indicó.

El mismo día en que se dictó la sentencia fue llevado al "hospitalito de Fuerte Tiuna" para practicarle los exámenes médicos, estuvo dos días en Ramo Verde y luego fue trasladado a la cárcel de La Pica. "Hemos ido tres veces desde que está allá, pueden visitarlo sus hijos y familiares", dijo.

"Todos los militares presos son primeros en su promoción y el hecho de ser brillantes, como que duele", mencionó la madre del mayor Víctor Ascanio Castillo, Estella Castillo. Señaló que su hijo trabajó en el refugio del Sambil de Candelaria, donde, junto con el mayor César Orta Santamaría, se encontró con que había grupos armados.

Destacó que Ascanio Castillo hizo la denuncia ante la Fiscalía Militar pero no hubo respuesta. Relató que su hijo fue detenido el 5 de mayo del año 2014 cuando lo convocó la DGIM junto a Orta Santamaría a una reunión. Ahí les hicieron preguntas sobre un golpe de Estado. "Durante una semana estuvieron allí. Luego les dijeron que podían irse a sus casas. Volvieron a llamarlo, esta vez de la Comandancia General de la Aviación. Cuando culmina el encuentro, al salir, los esperan en una garita y les entregan una orden de detención y se lo llevan a la Policía Militar de Fuerte Tiuna", indicó.

"A mi esposo le preguntaron por un supuesto golpe de Estado en el DGIM", narró Yakeline Freites, esposa del capitán Nery Córdova. Relató que lo llamaron a finales de abril de 2014 para rendir declaraciones en la DGIM. A las 11:00 am no supo más información sobre él. A las 4:00 pm del otro día pudo contactarlo y le comentó que le dijeron que estaba detenido. En el lugar también estaba el mayor Thomson. Estuvo tres meses en la sede del DGIM y luego comenzó el juicio que inició el fiscal Mondragón Placencia en la audiencia preliminar. "Él fue quien se encargó de involucrar a todos los militares, de armar un show, y un supuesto golpe de Estado. En esa audiencia los declararon a todos como culpables", señaló.

Mencionó que ahora los familiares de los militares presos hacen diligencias para solicitar el dinero que trabajaron durante ese tiempo. "Estamos esperando la justicia de Dios, porque en la justicia de Venezuela no confío", concluyó.

Migmary de Delgado, esposa del coronel José Gregorio Delgado, aseguró que durante el juicio un testigo describió de forma incorrecta el físico de su esposo. "Además, se apeló hace como tres semanas y se supone que a los tres días de despacho debieron dar una respuesta", agregó.

"Mi esposo fue un oficial intachable. Nunca tuvo boleta de sanción", agregó.

Kerly de Sánchez, esposa de Ruperto Sánchez Casares, recordó que el teniente coronel estuvo detenido en el año 2008 al vincularlo con un golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez Frías. "Ellos lo detuvieron durante dos meses. Ahí se comprobó que no había absolutamente nada y salió en libertad", indicó. 

Agregó que Sánchez fue liberado con condiciones cautelares que le obligaban a presentarse mensualmente ante la Corte Marcial. "Durante cinco años y ocho meses él cumplió con esta orden". 

Kerly de Sánchez destacó que cuando su esposo acudía a la institución jurídica solicitaba su expediente, que estaba desaparecido. "A él le dieron la baja el primero de mayo del año 2014. Ese día, muy molesto, apareció por fin el expediente y resulta que su caso lo habían cerrado hacía tres años y ocho meses y nunca se lo informaron a sus abogados", explicó. 

El 15 de mayo el teniente coronel fue detenido cuando salía de la Corte Marcial por funcionarios de la DGIM. "Lo acusan por instigación a la rebelión sin ningún instigado. Él ni siquiera tenía acceso a tropas ni a las bases militares. Llevaron unos testigos estrella, de los cuales uno describió a mi esposo de forma totalmente irreal", añadió.

Señaló que otro testimonio dado durante el juicio aseguraba que Sánchez Casares aparecía en una página web junto con sus abogados y otros militares. "El día de la sentencia se probó que mi esposo no estaba ni en Google. Yo ingresaba su nombre a internet y no había ni una foto", aseveró. 

"Yo tengo dos hijos menores de edad. Con esta sentencia lo trasladaron a Maturín  y se afectó a mi familia entera. Los abogados solicitan con la apelación el traslado a una prisión más cercana tratando de que no se violen los derechos de mis hijos, porque según la Lopna ellos deben ver a su papá", dijo Kerly de Sánchez.

Artículos que se violaron durante el juicio

Miguel González Gorrondona, abogado del capitán Andrés Thomson, explicó que se violaron varios artículos durante el juicio de los militares.

Entre estos se encuentran los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El primero de estos reza: "Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles".

El 49 señala que la defensa y asistencia jurídica son inviolables en cualquier proceso, toda persona se presume inocente mientras se pruebe lo contrario, toda persona debe ser oída en cualquier proceso, la persona debe ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias.

Resaltó que el juicio se llevó a cabo a través de un tribunal accidental, cuando estos solo deben ser nombrados en tiempos de guerra, según el artículo 68 del Código Orgánico de Justicia Militar.

Señaló los artículos 49 (numerales 1, 4 y 7) y 108 del Reglamento de Castigos Disciplinarios N°6 que establecen que cuando un mismo hecho tiene contemplada a la vez pena y sanción disciplinaria, se aplica la primera (la pena), esto, porque fueron dados de baja y luego los sentenciaron. "No pueden ser enjuiciados dos veces por un mismo delito", apuntó González.

Gustavo Limongi, abogado de la capitana Laided Salazar y el capitán Nery Córdova, dijo que la decisión fue un adefesio porque se imputaron los delitos de instigación a la rebelión militar, cuando estos no existieron. "A ellos los condenan por haber acudido a unas supuestas reuniones conspirativas. Ellos hablan de instigación a la rebelión militar y en el juicio los testigos que fueron interrogados se les preguntó si habían sido instigados y todos decían al unísono que no", aseguró.

Carlos Javier Salazar, hermano y abogado de Laided Salazar, detalló que a la capitana se le viola el derecho de su fuero militar al estar en una cárcel común.

Limongi añade: "Tengo tres meses sin ver a Laided y no la he visto porque ellos dicen que para hacerlo debe ser a través de una ventanilla (...) Ella es una prisionera del gobierno. Ahí queda en evidencia lo que es la justicia política ordinaria".

Alonso Medina Roa, abogado del general Hernández y del capitán retirado Nieto Quintero, dijo que la Defensoría del Pueblo ha hecho "silencio cómplice" porque luego de las torturas se solicitaron los videos pero estos no han sido recabados.

Enfatizó en que en algunas ocasiones se afectó el derecho a la defensa durante el juicio porque se negaba la oportunidad de hablar. "Fueron exageradamente parcializados a favor del Ministerio Público".

"Los hechos que relacionaban a Nieto Quintero no superaban el minuto. En todo el tiempo de juicio fue acusado por unas supuestas llamadas telefónicas con su hermano, pero la condena tuvo relación con el capitán Caguaripano. Las supuestas reuniones se dieron en marzo, y Nieto Quintero ni siquiera estaba en el país. En el juicio presentaron una cédula, que no era de él, que señalaba que no tenía movimiento migratorio", añadió Medina Roa.

Los juristas resaltaron que los aviones tucano no podían ser utilizados porque tenían el tren de aterrizaje dañado. Aseguraron también que en el juicio se probó que los sukhoi estaban ubicados en el estado Lara y para poder emplearlos se necesitaban 15 personas. "Se necesita una escalera para subir a un sukhoi. También requieren de una planta eléctrica para encenderlos y un equipo especializado", señaló González Gorrondona.

Los cuatro testigos "estrella"

Los familiares y abogados de los militares presos denunciaron que durante el juicio se tomaron en cuenta cuatro personas que ellos denominaron como "testigos estrella".

Estos son: Capitán de la Aviación Fernando Viloria, teniente coronel técnico de la Aviación César Ramos Lozada, teniente de la Aviación Wilfredo Coronel Peña (denunciaron que tiene expediente abierto en grado de frustración) y teniente de la Aviación Alexander Guerrero.

Además, mencionaron a los jueces y los fiscales que llevaron el caso.

Jueces: coronel del Ejército Alfredo Enrique Solórzano Arias, capitán de fragata Efrén Noguera Seco y el coronel del Ejército Jaime Antonio Montoya Señorellys.

Fiscales: Salvador Alu, Jesús García, Ruben Madrid y Mondragón Placencia, este último fue quien presentó a los militares en la audiencia preliminar.