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Denuncian intimidación del gobierno contra defensores de derechos

En el programa Con el mazo dando se dio información de la hora de llegada al aeropuerto de Maiquetía de los activistas que participaron en sesiones de la CIDH | Foto Prensa Miraflores / Archivo

En el programa Con el mazo dando se dio información de la hora de llegada al aeropuerto de Maiquetía de los activistas que participaron en sesiones de la CIDH | Foto Prensa Miraflores / Archivo

Exigen que puedan regresar de manera segura al país. HRW critica que tilden de desestabilizadores a activistas

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Gobierno de Venezuela a proteger la vida e integridad personal del defensor de derechos Marco Antonio Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y denunció que él y otras seis personas que viajaron a Estados Unidos para hablar ante la CIDH fueron intimidados desde altos cargos del Estado.

Expresó su alarma por los “actos de intimidación” a Ponce y otros nueve venezolanos, de los cuales por lo menos seis acudieron esta semana a las audiencias del organismo en Washington.

La medida cautelar, que solo beneficia a Ponce, supone la tercera vez que la CIDH recurre este mes a ese instrumento para instar a Venezuela a proteger los derechos de activistas o presos venezolanos.

Entre los otros seis activistas que acudieron a las audiencias de la CIDH y que han sido sujetos a intimidación están Rafael Uzcátegui, de Provea; Carlos Correa, de Espacio Público; y Liliana Ortega, de Cofavic. También estuvieron Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones; Aurelio Fernández Conchezo, de Transparencia Venezuela; y Feliciano Reina, de Codevida.

La Comisión afirma que el mes pasado fueron sujetos también a actos de descrédito Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB; Carlos Nieto, de Una Ventana a la Libertad; y Rocío San Miguel, de Control Ciudadano.



Con el mazo. La CIDH aseguró que ha recibido información según la cual todos ellos “habrían sido señalados por altas autoridades del Estado, y se habría divulgado información específica sobre su ubicación en determinados días y horarios”.

“Específicamente, el Presidente de la AN, Diosdado Cabello, en el programa de VTV Con el mazo dando del 11 de febrero de 2015, mencionó a las personas que iban a participar en audiencias de la Comisión en marzo”, señaló la CIDH.

Esta semana, en la página web del mismo programa, “se publicó la fecha y la hora de llegada al aeropuerto de Caracas de varias personas que participaron en audiencias y otros eventos del 154º  Período de Sesiones de la CIDH”. El mensaje definía a los defensores de derechos humanos como “de extrema derecha” y se decía que viajaban a Washington y Miami “para conspirar contra el gobierno de Venezuela”.

“La Comisión insta al Estado a garantizar que los defensores puedan regresar de forma segura al país sin ser objeto de represalias por haber proporcionado información en audiencia o reuniones” de la CIDH, afirmó el organismo. “Es inaceptable cualquier tipo de acción de represalia que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano”, alertó la Comisión.

La medida cautelar concedida a Ponce afirma que “recientemente altos funcionarios del Estado habrían realizado una serie de continuos pronunciamientos públicos sobre su trabajo como defensor de derechos humanos”, y pide a Venezuela garantizar que pueda ejercer su labor “sin ser objeto de violencia y hostigamientos”.


Human Rights Watch. Esta ONG también denunció el “hostigamiento y descrédito del gobierno venezolano contra defensores de derechos humanos”.

Aseguró en un comunicado que los defensores de los derechos humanos en Venezuela “son habitualmente acusados sin fundamentos de participar en actividades para desestabilizar al gobierno”.

Cita a Ponce y a Alfredo Romero, del Foro Penal Venezolano, que han sufrido “represalias por su legítima labor”.

HRW apela al derecho internacional y asegura que, según este, “los gobiernos deben asegurar que los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades sin represalias, amenazas, intimidación, hostigamiento, discriminación u obstáculos legales innecesarios”.