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Denuncian esquema de persecución contra estudiantes que protestan

Los estudiantes permanecen en la calle Uslar Pietri de Chacao / Francesca Commissari

Los estudiantes permanecen en la calle Uslar Pietri de Chacao / Francesca Commissari

Tienen orden de detención contra joven que fue agredido en las inmediaciones de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura

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Julio César Rivas, presidente de Juventud Activa Venezuela Unida y diputado al Consejo Legislativo de Carabobo, se sumó a la manifestación en las inmediaciones de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Chacao, para rechazar la criminalización a la protesta y denunciar persecución con fines políticos en su contra a través de un expediente reabierto.
El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, explicó que en 2009 Rivas fue imputado de siete delitos, entre los que destacan asociación para delinquir, instigación a la guerra civil y desacato a las autoridades, por haber encabezado una protesta contra la Ley Orgánica de Educación. Permaneció 22 días en el recinto penitenciario Yare III y posteriormente le dictaron medida de libertad condicionada a presentación ante el Palacio de Justicia por seis meses, pero nunca fue enjuiciado.
“Gran cantidad de personas tienen juicios sin terminar para que el tribunal en cualquier momento pueda retomar procesos engavetados. Hay que recordar que Julio Rivas es el estudiante que aparece en esa famosa foto en la que sale un funcionario de la GN golpeándolo con un bastión”, indicó Romero.  Añadió que hay un esquema de detención contra los estudiantes para desviar la atención de la salud del presidente Hugo Chávez.
Destacó que Rivas goza de inmunidad parlamentaria por ser diputado regional elegido mediante el sufragio y sus funciones se hacen extensivas a organismos de Caracas; por tanto, esa inmunidad debería aplicar en cualquier entidad.
Rivas aseguró que no sólo se presentó durante los seis meses que le indicaron, sino hasta diciembre de 2012, pero dejó de acudir al Palacio de Justicia debido a que no lo encontraban en el sistema porque la juez que llevaba el caso, Levys Azuaje, fue destituida.
“El Gobierno busca que pongamos nuestra libertad personal por encima de la libertad que buscamos para el país, pero no lo van a lograr”, aseguró.

Más encadenados. Cinco jóvenes se sumaron a la protesta que realizan más de 40 estudiantes de varias universidades nacionales en las adyacencias de la DEM, en la nueva etapa de la resistencia que denominaron “Operación digan la verdad”.
“Mientras más nos intimiden, persigan y criminalicen la protesta, más permaneceremos en la calle”, aseguró Gaby Arellano, una de las estudiantes.

Imputado. Josefa Peralta de Urbina, madre del estudiante trujillano Antonio Peralta, a quien le imputaron los delitos de asociación para delinquir e instigación al odio, expresó dolor por la situación de su hijo y le dijo al gobierno regional y al nacional que su hijo no es un delincuente y pidió apoyo al pueblo de ese estado. Se registraron varias protestas estudiantiles en esa entidad federal andina para exigir la liberación de Peralta.

Otras protestas
Se registraron protestas estudiantiles en varias partes del país para exigir que el presidente Hugo Chávez sea juramentado en un acto público.
Dos grupos de universitarios realizaron protestas pacíficas en Valencia. La primera se efectuó frente a la sede del Palacio de Justicia de Carabobo, mientras la segunda ocurrió en las inmediaciones de la Redoma de Guaparo, donde dos universitarios se encadenaron en un poste y resultaron heridos al ser atacados por un grupo de motorizados. Un camarógrafo fue despojado de su equipo.
Jóvenes tachirenses manifestaron por la misma causa. La actividad se efectuaría cerca del tanque de guerra que forma parte del ornato de la avenida Carabobo, pero un piquete de agentes de Politáchira fue instalado en el lugar para realizar labores de revisión de documentos a motorizados. Los estudiantes cambiaron de sitio y se instalaron en las adyacencias de la Universidad Nacional Experimental del Táchira.
En Guanare, estado Portuguesa, un grupo de estudiantes de varias universidades se encadenaron. “En nuestro estado hubo una votación mayoritaria que necesita saber dónde está el Presidente y si tiene facultad para dirigir el país”, dijo el vocero Javier Timaure.

Juicio político
El proceso que se sigue en tribunales contra el estudiante Antonio Peralta responde a razones políticas y no jurídicas, explicó la abogada Elenis Rodríguez.
El miércoles a las 11:30 am, cuando los abogados revisaron el expediente en el Tribunal 19° de Control de Caracas, Peralta era señalado de los delitos de lesiones personales y daños contra la propiedad. Tres horas después la Fiscalía eliminó la precalificación de las lesiones e incluyó el delito de asociación para delinquir.
“Con los dos primeros delitos el estudiante tenía que ser dejado en libertad y su caso debía ser ventilado en un tribunal penal municipal, en el que la persona es sometida a un procedimiento especial en el que sólo se le imponen trabajos comunitarios”, dijo.
El penalista Alberto Arteaga advirtió que lo ocurrido constituye un grave precedente judicial. “Como en el caso Afiuni para los jueces, ahora en el caso Peralta se les advierte a los estudiantes que cualquier hecho que ocurra en una manifestación no sólo podrá ser considerado delito sino que se considera que formar parte de un grupo de estudiantes que protestan puede ser calificado como integrar un grupo de delincuencia organizada”, aseveró.