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Defensoría culpó a oposición y medios

En el documento se concluye que se venía preparando un escenario para desconocer los resultados electorales y generar caos

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“La Defensoría del Pueblo ha querido dejar constancia, ante la comunidad nacional e internacional, de lo que pareciera ser un guión concebido desde laboratorios foráneos que pretenden desestabilizar por vías criminales la paz de la República”.

Así comienzan las “Consideraciones Finales” del informe titulado “Elecciones Presidenciales 14 de abril 2013”, que publicó ayer la Defensoría del Pueblo en su página oficial en Internet.

En el documento de 173 páginas la Defensoría del Pueblo concluye que “actores políticos, medios de comunicación privados nacionales e internacionales, entre otros, han venido preparando un escenario que pretendía deslegitimar al Consejo Nacional Electoral, desconocer los resultados electorales, presentar al candidato electo como ilegítimo frente a la comunidad internacional, convencer a quienes sufragaron a favor de la opción perdedora de que les había sido arrebatado el ‘triunfo’, desatar hechos de violencia sembrando la duda y la desconfianza entre los seguidores de una u otra opción”.

Aunque el informe está referido a las presidenciales de abril, en el documento se incluye un capítulo titulado “Entre victorias y situaciones sobrevenidas”, en el que se da cuenta de los comicios que ganó Hugo Chávez el 7 de octubre del año pasado y lo ocurrido en el país hasta el fallecimiento del mandatario.

En el informe la Defensoría del Pueblo indica que en los hechos posteriores al 14 de abril resultaron 9 personas muertas, 35 heridas (43 menos que la cifra que maneja la Fiscalía), 15 establecimientos públicos de salud atacados, al igual que cinco sedes de partidos políticos y la de la Defensoría del Pueblo en Mérida.

En el documento presentado por la institución encargada de defender el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos dentro del territorio nacional nada se indica sobre los jóvenes que denunciaron haber sido arbitrariamente aprehendidos en las manifestaciones post electorales y que aseguran haber sido maltratados por militares durante e tiempo que estuvieron detenidos. Según ONG dedicadas a estos asuntos, los casos de estos muchachos suman 170.