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Decreto de Emergencia y Estado de Excepción: la manera elegante de imponer autoritarismo

"Ninguna de las opciones que ha anunciado la derecha para acabar con la revolución y para derrocarme o revocarme tiene viabilidad política"  Nicolás Maduro | AVN

El presidnete de la Nicolás Maduro aseguró que la extensión del Decreto de Emergencia Económica es para "proteger a la nación" | AVN

Diferentes analistas concuerda que las medidas impuestas por el gobierno nacional violan desde su inicio a la Constitución nacional. “No se puede gobernar una nación sólo con Estados de Excepción”, declaró el abogado constitucionalista Pedro Alfonso del Pino

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La semana pasada el presidente de la República, Nicolás Maduro, volvió a extender el Decreto de Emergencia Económica e impuso un Estado de Excepción en el país por el repetido argumento de que será “para la protección del pueblo y ser garantizar la paz y estabilidad de los venezolanos”.

La medida oficializada el lunes en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227 establece que en Venezuela existen varias “circunstancias extraordinarias” que abarcan desde el orden social, económico y político hasta medidas naturales y ecológicas.

Sin embargo, muchos analistas han coincidido a que este Decreto y el Estado de Excepción violan en su “totalidad” a la Constitución nacional.

El director de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui, uno de los principales actores públicos en de interpretar la extensión del  Decreto de Emergencia con respeto a la garantía de los Derechos Humanos, declaró en una entrevista a El Nacional Web que el gobierno nacional rompe el hilo constitucional al atribuirle varias facultades al presidente de la República, Nicolás Maduro, que no quedan de forma explícita.

“Hay una serie de puntos del Decreto que generan cierta preocupación. La primera es la de las garantías constitucionales. Con el argumento de garantizar el orden público, el primer artículo del escrito refleja que con la excusa de que si hay problemas con la distribución de alimentos las fuerzas públicas pueden realizar ‘procedimientos de organización’. Esto puede interpretarse que cuando haya protestas en las calles, las autoridades puede detener a quien quieran”, declaró.

Uzcátegui resaltó, como ejemplo, la función de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que a su parecer son como una especie de “milicia” que funciona para realizar labores de orden público y seguridad ciudadana.

El segundo punto, y el más obvio para el defensor de Derechos Humanos, es la de quitarle atribuciones a la Asamblea Nacional.

“Para no hablar de forma directa de disolución del parlamento o eliminar las garantías constitucionales frente a la crisis, el gobierno impone este Estado de Excepción para de una forma elegante responder de forma autoritaria. Todo tiene la misma lógica del Caracazo”, declaró.

Inconstitucional desde el inicio

Según lo establece en la Constitución en su artículo 337 el  presidente de la República tiene la potestad de establecer Estados de Excepción cuando haya diferentes factores que afecten la seguridad de la nación.

Sin embargo, el abogado constitucionalista Pedro Alfonso del Pino aclaró que el mandatario nacional no puede imponer algunas medidas, entre esas declarar por segunda vez consecutiva un Estado de Excepción en el país.

“Esta medida sólo puede ser impuesta una vez y con una sola prórroga de 60 días en situaciones especiales. Esas clausulas constitucionales justamente son para evitar que se tome esta medida de forma desmesurada. No es viable que el gobierno nacional tome las riendas siempre a través de Estados de Excepción”, declaró el jurista en una entrevista a El Nacional Web.

Del Pino aseguró que el mismo nombre del Decreto de Emergencia es contradictorio porque de fondo trae más medidas políticas que económicas.

“Lo único que se busca el blindar a ministros y funcionarios públicos al quitarle atribuciones a la Asamblea Nacional”, dijo.

Según el artículo 8 del Decreto publicado en Gaceta Oficial establece que el escrito será enviado a la AN para su consideración. Sin embargo, si hay una eventual negativa el documento pasa al Tribunal Supremo de Justicia para ser aprobado.

A juicio de Del Pino uno de los pocos puntos económicas que puede tener el Decreto es la de aprobar contratos para obtención de recursos extraordinarios y no pasar por la Asamblea Nacional.

“Tal vez esta medida este impuesta para la aprobación de concesiones en el denominado Arco Minero en el estado Bolívar. Este año puede haber revocatorio, o el próximo; el gobierno de Maduro finaliza en dos años, pero las concesiones de explotación son por más tiempo. Es por eso que buscan la manera de acelerar medidas para que transnacionales se mantengan en el país”, concluyó.