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Decisión reduce mecanismos de protección y es un grave precedente regional

Venezuela tiene 8 medidas provisionales de protección en igual número de penales, con una población de 56.000 reclusos | | Foto: Eleonora Delgado / El Nacional

Venezuela tiene 8 medidas provisionales de protección en igual número de penales, con una población de 56.000 reclusos | | Foto: Eleonora Delgado / El Nacional

La MUD criticó que el Gobierno haya desestimado los llamados de atención de defensores de derechos en el país y en el exterior acerca de la denuncia de la Convención

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Foro por la Vida. Las organizaciones que integran el Foro por la Vida consideran que la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigencia ayer, sienta un grave precedente regional y demuestra que el Ejecutivo carece de voluntad política para hacer valer las garantías constitucionales.

Precisaron que la decisión viola los artículos 19, 23 y 31 de la carta magna, sobre el principio de progresividad de los derechos humanos, el rango constitucional de la Convención Americana y el derecho de acudir a instancias internacionales.

En el documento “Los derechos humanos no tienen fecha de vencimiento”, indican: “Es muy poco probable que los adjetivos esgrimidos por el Ejecutivo para descalificar estas instancias sean aceptados por los países de la región donde la CIDH ha emanado sentencias para sancionar violaciones graves de los derechos humanos y resarcir a las víctimas”.

Observatorio de Prisiones. Humberto Prado, director de la ONG, expresó: “Este hecho reduce los mecanismos de protección de las víctimas para obtener justicia”.

Destacó que reconocen el papel de la Comisión y la Corte en la protección a víctimas. En el caso de las personas privadas de libertad, añadió, la Corte ha exigido en reiteradas ocasiones al Estado el cumplimento de los derechos humanos en los penales y de allí se derivan la sentencia del Retén de Catia, 2006, y las medidas provisionales dictadas sobre ocho internados judiciales.

Indicó que Venezuela es el único país suramericano con 8 medidas provisionales de protección en igual número de penales y una población de 56.000 reclusos.

Sin la Corte no conoce de violaciones de derechos humanos en Venezuela, dijo, ello podría favorecer el incremento de abusos por funcionarios. “También genera debilitamiento de los valores democráticos y del principio de progresividad de los derechos humanos”.

Señaló que en este caso los más desfavorecidos son las víctimas, sobre todo los más pobres. “Es el Estado que entierra la CIDH”.

Manifestó que si se le pregunta a la fiscal en qué estado está el caso del Retén de Catia no habría respuesta y que en cuanto a la masacre de Uribana, con más de 60 muertos, la ministra Varela le asignó el nombre del guardia nacional que falleció en los sucesos de la antigua cárcel.

MUD. La MUD criticó que el Gobierno haya desestimado los llamados de atención de defensores de derechos en el país y en el exterior acerca de la denuncia de la Convención. “Constituye una de las acciones más graves contra la protección de los derechos humanos por el régimen. Nos coloca a contrapelo de la historia y de los compromisos que se asumen en la Constitución”.

Lamenta la situación de indefensión en la que quedan los venezolanos. “Si estando vinculado nuestro país a la convención se han desoído o desconocido las decisiones de la Comisión y la Corte, ¿a qué no se sentirán ahora autorizados los que ejercen el poder arbitrariamente?”.

Hace un llamado a la comunidad internacional, a los gobiernos extranjeros y a las instituciones internacionales para que exijan al Ejecutivo una conducta acorde con el progreso alcanzado por la humanidad en este campo.