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Voluntad Popular apeló detención ilegal de Rivero

El dirigente nacional de Voluntad Popular, Antonio Rivero | Prensa Voluntad Popular

El dirigente nacional de Voluntad Popular, Antonio Rivero | Prensa Voluntad Popular

El dirigente Juan Andrés Mejías anunció acciones de calle y asambleas para lograr la liberación del activista preso en el Sebin

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La dirección de Voluntad Popular introdujo un recurso de apelación contra la aprehensión ilegal del general retirado Antonio Rivero, acusado de instigación al odio y asociación para delinquir, informó el dirigente de esa organización Juan Andrés Mejía.

Anunció que no sólo agotarán la vía legal y la denuncia, sino que también harán asambleas populares y acciones de calle para exigir su liberación.

Informó que Rivero cumple hoy 10 días detenido en el Sebin y que se mantiene en huelga de hambre. No descartan que le imputen otro delito.

Añadió que le permiten visitas de familiares directos, pero que el domingo le impidieron el acceso a su hermano José Vicente Rivero, presumiblemente por las declaraciones públicas que ha hecho a favor del detenido.

Afirmó que el general Rivero se acercó a la protesta de estudiantes en Altamira el 15 de abril para impedir que se tornara violenta, y que efectivamente ese día no hubo lesionados ni fue destruida sede o bien público alguno.

“Es claro que la detención de Antonio Rivero busca intimidar a la oposición a través del amedrentamiento, para que deje de lado la pelea por buscar la verdad de las presidenciales del 14A. Acusarlo de asociación para delinquir implica también que un partido como Voluntad Popular es parte de un grupo que promueve la violencia”, advirtió.

Recordó que Rivero fue convocado a una reunión por el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Miguel Rodríguez Torres,  y que el general fue de buena fe pues se conocían porque ambos formaron parte de la FANB. Añadió que Cuando Rivero llegó al Sebin, y tras pasar los torniquetes de seguridad, Rodríguez Torres no estaba allí y se encontró con una orden de detención.

Los delitos que se le imputan están en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.