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Crece preocupación internacional por las víctimas

El Centro de Estudios Legales de Argentina condenó la represión de protestas | Foto EFE / Archivo

El Centro de Estudios Legales de Argentina condenó la represión de protestas | Foto EFE / Archivo

Desde 2014 se acentuó el monitoreo sobre el Estado. ONG creen que se recurre al exterior por la impunidad y la debilidad institucional 

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El coordinador de Provea, Rafael Uzcátegui, afirmó que “cada día aumentan las dudas internacionales sobre el compromiso del Estado con los derechos humanos”. Explicó que las medidas cautelares son de inmediato cumplimiento y las recomendaciones son de progresiva aplicación. En los últimos cinco años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido cinco medidas cautelares que inciden sobre varios ciudadanos, entre ellos familiares de los presos del Rodeo I y II.

“La CIDH no opina sobre la culpabilidad o inocencia del Estado, pero vela por las garantías constitucionales”, indicó.

Considera importante el pronunciamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, que el martes condenó la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa. El organismo dijo que el uso de armas de fuego para contener las manifestaciones significa la renuncia a la protección de la vida y de la integridad física.

En lo que va de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido dos llamados de atención al Estado sobre las garantías ciudadanas y medidas cautelares en resguardo de la vida de los estudiantes Lorent Saleh y Gerardo Carrero.

El organismo hemisférico ha urgido al Estado a cumplir con el debido proceso de los presos políticos, la realización de juicios en libertad, sin detenciones preventivas, y eliminar el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, así como garantizar la participación política y la disidencia, entre otros aspectos.

La CIDH considera incompatible con las normas internacionales la reclusión de civiles en Ramo Verde, recordó al Estado “su obligación de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas privadas de libertad”. También condenó el asesinato del adolescente Kluivert Roa en Táchira la semana pasada.

Víctimas. En 2014 el  Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité contra la Tortura de la ONU cuestionaron el cumplimiento de los derechos en el país.

Nizar El Fakih, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, aseveró que el año pasado hubo el mayor número de observaciones al Estado, lo cual cree que “evidencia que ha crecido la preocupación de la comunidad internacional sobre las víctimas; después de febrero de 2014 los organismos se dieron cuenta de que los hechos que se denuncian no son aislados, y las víctimas recurren a otras instancias por la impunidad y la debilidad institucional”.

Añadió que los pronunciamientos incluyeron a funcionarios de los gobiernos y los parlamentos de otros países. El Fakih indicó que la Comisión Interamericana es el ente con más atención sobre Venezuela y considera que la inquietud sobre el país depende de las políticas que asuma el Estado en materia de derechos.

Rigoberto Lobo, del Centro de Derechos Humamos de la ULA-Mérida,  dijo que el Estado ha incumplido con los llamados de atención sobre los mecanismos y  la administración de la fuerza para el control de manifestaciones. Señaló que “en varias ciudades se ha denunciado un patrón que evidencia los disparos con perdigones a corta distancia, así como el uso desmedido de gases lacrimógenos” que afectan no solo a manifestantes, que son criminalizados, sino también a los habitantes de las zonas donde se registran las protestas. Lamentó la violación de la autonomía universitaria de la ULA y los ataques de grupos irregulares armados.