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Denuncian en La Haya uso político de sistema de justicia

Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano/Cortesía

Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano/Cortesía

Más de 500 casos de perseguidos políticos venezolanos reposan en la Corte Penal Internacional, dijo Alfredo Romero, del Foro Penal

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El Foro Penal Venezolano denunció ante la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, la utilización del sistema judicial en Venezuela como instrumento de persecución política.

“Los tribunales, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo son usados como arma política en lugar de como instrumento de protección del ciudadano”, indicó Alfredo Romero, director de la mencionada organización.

Romero explicó que los documentos que personalmente presentó en La Haya sirven para ampliar la denuncia que introdujo en esa instancia en 2004.

“Más de 500 casos de perseguidos políticos en Venezuela reposan en La Haya. La denuncia de estos hechos conlleva a la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país debido a lo sistemático de su ocurrencia”, dijo.

Romero informó que incorporará en la denuncia los casos de diputados perseguidos judicialmente por razones políticas, como Richard Mardo.


Ataques a las ONG. Lilia Camejo, integrante del mencionado foro, exhortó a la fiscal Luisa Ortega a que ponga a la institución a su cargo a investigar los casos de violaciones de los derechos humanos.

Recordó que producto de los hechos ocurridos en el marco de las protestas postelectorales, el Foro Penal Venezolano presentó 195 casos en La Haya.

“Fiscal, no siga negando lo que ocurrió en Lara, Carabobo y Barinas. Hay al menos 19 denuncias que fueron presentadas ante el Ministerio Público. Pónganse a trabajar”, le dijo a la funcionaria a través de los medios.

Ortega Díaz ha asegurado que sólo recibió dos denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos ocurridas entre el 15 y el 16 de abril. La semana pasada indicó que la investigación efectuada era “bien bonita” y que pronto informará de los resultados.


El Dato

19 ONG emitieron un comunicado en respaldo a Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano. “Que cesen las amenazas en contra de la defensora de derechos humanos”, piden en el documento.