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Corte Interamericana juzgará a Venezuela por la lista Tascón

Acompañadas de Ligia Bolívar y Héctor Faúndez, Rocío San Miguel, Thaís Peña y Magally Chang defenderán sus derechos en Costa Rica | Foto Cortesía Control Ciudadano

Acompañadas de Ligia Bolívar y Héctor Faúndez, Rocío San Miguel, Thaís Peña y Magally Chang defenderán sus derechos en Costa Rica | Foto Cortesía Control Ciudadano

Proponen que la ley que discute la Asamblea Nacional garantice la reserva de la identidad de los solicitantes de referendos para evitar represalias

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Después de 12 años de litigio, la denuncia contra el Estado venezolano por discriminación política a  través de la lista Tascón llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

El anuncio fue hecho por las víctimas Rocío San Miguel, Thaís Peña y Magally Chang, quienes en marzo de 2004 fueron despedidas del Consejo Nacional de Fronteras como represalia por haber firmado en apoyo a la solicitud de referéndum revocatorio contra el entonces presidente de la República Hugo Chávez.

Los reclamos ante los tribunales venezolanos fueron infructuosos, por lo que en marzo de 2006 solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alegaron la  violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación, derechos políticos, igualdad ante la ley, protección judicial y desarrollo progresivo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 8 de marzo, luego de 10 años de trámites, la Comisión Interamericana verificó la denuncia y acusó al Estado ante el máximo tribunal hemisférico, con sede en Costa Rica.

La representación estatal niega la discriminación política y ha insistido en que San Miguel, Peña y Chang eran personal de confianza y, por tanto, de libre nombramiento y remoción.

Héctor Faúndez, quien encabeza el equipo de abogados de las víctimas, integrado también por Jesús Ollarves, Ligia Bolívar y Juan Carlos Gutiérrez, considera que es un caso complejo, pues habrá que demostrar con el mayor nivel de detalles cómo operaron los mecanismos de exclusión contra los que se manifestaron a favor de la culminación adelantada del mandato de Chávez. “Sin embargo, el propio ex presidente admitió públicamente el uso político que se le dio a la lista Tascón. De hecho, en una oportunidad llegó a decir que el registro de opositores había cumplido su objetivo, por lo que recomendó enterrarlo. Ello permite presumir que el mecanismo de discriminación se utilizó por un largo período y que fueron muchos los afectados. Incluso, no se descarta que sea uno de los instrumentos que sigue aplicando el oficialismo para forzar lealtades. Es probable que todos los venezolanos conozcamos a alguna víctima”, afirmó Faúndez.

No está enterrada. Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y demandante del caso, recuerda que fueron muchas las víctimas de discriminación política que perdieron sus empleos en la administración pública debido a la lista Tascón, pero solo San Miguel, Peña y Chang insistieron en la exigencia de justicia.

Bolívar asegura que las retaliaciones contra los ciudadanos por solicitar un referéndum revocatorio; es decir: por el legítimo ejercicio de un derecho a la participación política establecido en la Constitución, no se limitaron al ámbito laboral: “Muchas personas perdieron becas y acceso a programas sociales de vivienda, salud y alimentación. Lo grave es que estos mecanismos de discriminación política corresponden a una política de Estado sistemática que se ha aplicado en sucesivos procesos comiciales, entre ellos las elecciones presidenciales de 2013 y las legislativas de 2015”.

San Miguel considera que la Asamblea Nacional debe aprovechar la discusión de una ley de referendos, que ayer se comenzó a debatir, para evitar que se causen más daños a los ciudadanos que no respaldan al gobierno: “Es necesario preservar la identidad de los solicitantes de un revocatorio y que la ley establezca sanciones para quien divulgue o utilice los registros de firmas con propósitos discriminatorios”.

Faúndez añade que el Consejo Nacional Electoral es la instancia establecida en la Constitución para garantizar la confidencialidad de las firmas, del mismo modo que el secreto del voto.