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Corrupción y crisis campean a 10 meses de la habilitante

El presidente hizo el anuncio desde las instalaciones del hotel Humboldt | Foto AVN / Archivo

El presidente Nicolás Maduro | Foto AVN

Los poderes especiales, que vencen el 20 de noviembre, no han limpiado las finanzas públicas, pero tuvieron impacto político: la AN legisló poco, el PSUV capitalizó votos y la MUD perdió una curul

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A menos de dos meses del vencimiento de la Ley Habilitante que le dio a Nicolás Maduro potestad legislativa para luchar contra la corrupción y la guerra económica, los resultados en ambos campos son cuestionados.

Desde el día de su publicación en Gaceta Oficial el 20 de noviembre de 2013 hasta el día de hoy, el presidente ha aprobado tan solo cinco decretos con rango de ley. Diputados, constitucionalistas y economistas consultados coinciden en que ninguno de los textos aprobados por el Ejecutivo ataca la corrupción ni la raíz de la crisis económica.

Los únicos instrumentos elaborados por el Ejecutivo y publicados en Gaceta Oficial desde noviembre son la ley que crea el Cencoex y suprime Cadivi (noviembre de 2013), la reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios (diciembre de 2013), la Ley de Precios Justos (enero de 2014), la Ley de Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial (mayo de 2014) y la Ley de Atención al Sector Agrario (junio de 2014).

Otros instrumentos directamente asociados con el control de la corrupción que estaban en la agenda de la Asamblea Nacional quedaron en el limbo con la autorización de la habilitante. Es el caso de una propuesta de ley de protección del denunciante de delitos de corrupción y otra de declaración jurada de intereses, sugeridas por la Contraloría General en 2013.

Perdió la MUD. La habilitante no ha mejorado la calidad de vida de la gente ni ha depurado las finanzas públicas. En cambio, dicen los expertos consultados, el impacto político es tangible al menos en tres áreas: cambió la composición del Parlamento a favor del oficialismo, ayudó al PSUV a capitalizar votos en las municipales y la Asamblea redujo al mínimo su productividad legislativa.

"Tanto buscar el voto 99 y sacar a una diputada de forma atropellada ¿para qué? No se ha aprobado ninguna norma contra la corrupción ni para atacar la raíz de la crisis económica. No había razones reales para esa habilitación porque la mayoría del PSUV en la AN le iba a aprobar al presidente lo que solicitara", afirmó Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Internacional-Venezuela.

"Se defenestró a María Mercedes Aranguren y aquello se celebró como una victoria épica porque permitiría el voto 99 para aprobar la habilitante ¿y qué han aprobado? Ni siquiera media docena de leyes", criticó Ramón Guillermo Aveledo, director del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y ex secretario ejecutivo de la MUD.

Ganó el PSUV. En pleno desarrollo del cronograma electoral para las municipales de 2013, en agosto de ese año, el presidente anunció que pediría una habilitante. En noviembre autorizó el llamado "dakazo". Los resultados se tradujeron en votos.

"La corrupción de este gobierno tiene 15 años, pero justo cuando se acercaban las elecciones municipales anuncian que van a enfrentarla y van a revisar los precios de los electrodomésticos. Sin duda, les dio un resultado político en votos, pero la corrupción sigue igual y la especulación también. Todos estos operativos de ataque al contrabando demuestran que la habilitante no fue efectiva", aseguró el diputado por AD-Mérida, Williams Dávila.

El constitucionalista y presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de la UCAB, Jesús María Casal, es de la misma opinión: "La habilitante se inscribió en un contexto electoral. El discurso oficial fue la necesidad de dictar medidas efectivas para luchar contra la corrupción. Luego, eso desembocó en unos objetivos añadidos vinculados a la crisis económica. En 10 meses solo han aprobado cinco leyes".

Se apagó la AN. El otro resultado tangible de la Ley Habilitante es una Asamblea Nacional que en los últimos 10 meses redujo al mínimo su productividad. Solo 12 leyes han sido aprobadas en ese lapso, incluyendo el Presupuesto y el Endeudamiento, que son remitidas por el Ejecutivo.

César Rincones, diputado de AD, dice que se evidencia que no había

planificación: "Vistos los resultados, la habilitante fue para quitarle potestades al Parlamento y dejar en manos del consejo de ministros y del presidente la aprobación de leyes a conveniencia. Maduro ha actuado más como presidente del Parlamento que de la República".

Dávila está de acuerdo con que el objetivo era degradar a la AN, establecer una estructura en Miraflores para aumentar su poder y evitar el control parlamentario.

Casal advirtió la existencia de un objetivo simbólico: "En aquel momento se debatía sobre la legitimidad del presidente. Entonces había la necesidad de investirlo con poderes especiales siguiendo la costumbre que se impuso en los últimos años".

Una reforma en camino

La Ley de Precios Justos, decretada por Nicolás Maduro y publicada en Gaceta Oficial en enero, aún no tiene ni un año y ya se anunció que se va reformar.

El 11 de septiembre, el primer mandatario adelantó que ampliarían el articulado relativo a la incautación y confiscación de bienes de contrabando, para incluir la posibilidad de investigar las cuentas de los contrabandistas y confiscarles sus "todas sus propiedades".

La economista Alicia Sepulveda indicó que dicha reforma no está en el ámbito de la habilitante: "Esa ley regula la actividad privada y la corrupción es un delito atribuible a funcionarios del Estado. El contrabando es un sistema creado por incentivos perversos, en el que puede o no haber participación de funcionarios".

Considera que la habilitante "ha sido usada para cercenar aún más las libertades económicas y no para resolver la transparencia de las finanzas públicas".

Además de la Ley de Precios Justos, Maduro anunció este año que la ley de primer empleo entraría por habilitante y recientemente el presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, William Fariñas, dijo que la Ley de Fronteras, en mora desde hace 12 años, podría ser decretada por el mandatario como parte de la lucha contra el contrabando.

Ramón Guillermo Aveledo considera que la supresión de la consulta ciudadana para aprobar leyes es un elemento que distorsiona principios constitucionales.

"A la Asamblea Nacional se le exige la consulta pública de los textos que discute, pero al Ejecutivo se le exime. Eso es dudoso e ilógico".

La tradición del último día

Las cuatro habilitantes que recibió Hugo Chávez le permitieron aprobar sin consultar a la ciudadanía un total de 218 leyes. Entre 2007 y 2008 la AN aprobó 35 leyes y el Ejecutivo 66; entre 2010 y 2012 el Parlamento aprobó 48 normas y Chávez 63.

Año                    Total de leyes      Aprobadas el último día

1999 (6 meses)           50                                 --

2000 (12 meses)         51                                  49

2006 (18 meses)         63                                  26

2010 (18 meses)         54                                  14

Fuente: Cedice