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Piden lucha anticorrupción sin habilitante

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela / Archivo

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela / Archivo

La investigación corresponde a la CGR, dice Luis Alfonso Herrera. El abogado Jesús Silva ve el estado de excepción como una vía

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El abogado Luis Alfonso Herrera, miembro de la ONG Monitor Legislativo, destacó que el presidente Nicolás Maduro no requiere de poderes especiales a  través de una ley habilitante para combatir delitos contra el patrimonio público.

Recordó que la Constitución establece que los ilícitos de corrupción no prescriben, cree que el Ejecutivo es el primer poder que debe aplicar controles preventivos y  ponerse a la orden para ser objeto de escrutinio.

“Corresponde a los poderes Ciudadano y Judicial, así como a la Contraloría General, con un funcionario titular al frente, iniciar investigaciones. La habilitante es una desviación del poder, una suerte de cheque en blanco en la cual se mete cualquier cosa para continuar profundizando el Estado comunal. Se quiere caricaturizar a la lucha anticorrupción, cuando el problema es la falta de rendición de cuentas y la opacidad en los procesos. Lo que abundan son leyes como la Ley Contra la Corrupción, la Ley Orgánica de la Contraloría General y la del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley contra el Terrorismo y la Legitimación de Capitales, entre otras”, dijo.

La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, rechazó la habilitante por cuanto el Ejecutivo tiene “demasiado poder” y maneja 75% del presupuesto nacional en forma directa, más el dinero que recibe de fondos paralelos.

Destacó que el Gobierno debe abrir la información sobre contrataciones y manejo del Estado por funcionarios, fortalecer la independencia, entregar recursos al Poder Judicial y contralor, además de suspender el uso del dinero del Estado para fines electorales.

Esperan respuesta de Maduro, el vicepresidente Jorge Arreaza y el presidente de la AN, Diosdado Cabello, para presentarles un plan anticorrupción.


Otra vía. El abogado constitucionalista Jesús Silva dijo que al Gobierno se le ha escapado el delito de la corrupción, pero cree que esto puede resolverse no vía ley habilitante, sino mediante la declaratoria del estado de excepción, establecida en el artículo 337 de la Constitución, que debe aprobar la AN y luego pasar al TSJ. Explicó que los estados de excepción proceden ante escenarios de orden político, social, económico o natural.

El diputado Edgar Zambrano (AD) rechazó la habilitante para un gobierno que tiene controlado los poderes y los organismos de seguridad del Estado. Señaló que el fin es amedrentar a opositores.

Biaggio Pilieri, diputado independiente, dijo: “El Gobierno utiliza el brazo de la justicia para la persecución política, en vez de atender los problemas del país y rendir cuentas sobre el Plan Patria Segura, el problema eléctrico, la inflación".