• Caracas (Venezuela)

Política

Al instante

Analistas aseguran que cambios en el Cesppa no resuelven el problema

Carlos Correa, director de Espacio Público, advierte perjuicios de la seguridad nacional con el Cesspa / Leonardo Guzmán

Carlos Correa, director de Espacio Público, advierte perjuicios de la seguridad nacional con el Cesspa / Leonardo Guzmán

El comunicador y director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa, y el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli señalan que el problema de raíz del decreto presidencial no ha sido solucionado porque sigue restringiendo derechos fundamentales como la libertad de expresión y a la información

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El comunicador y director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa, calificó como inconstitucional el artículo 9 de creación del Centro estratégico de seguridad y protección a la patria, que se refiere a la posibilidad declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información.

“La preocupación estaba en la clasificación de información de carácter público y eso debería ser a través de una ley y se establece mediante un decreto presidencial”.

Correa adicionalmente calificó como positiva la eliminación de la solicitud, organización, integración y evaluación de las informaciones de interés para el nivel estratégico de la Nación “asociadas a la actividad enemiga interna y externa” del decreto 458 de la Presidencia de la República.

“Hay una reconsideración en relación al tema del contenido del decreto, es un elemento importante la eliminación de los términos asociados a la actividad enemiga interna y externa porque establece que el organismo se va a concentrar información del Estado y eso está bien”, dijo en entrevista con el Nacional Web.

Agregó que la concentración por parte del Estado está bien, “es algo que el Estado tiene derecho a hacer siempre que la información que se recoja esté basada en mecanismos de protección a otros derechos”.

En relación con la eliminación de la obligación por parte de los entre privados sobre brindar información al organismo, Correa, refirió que el decreto generaba la susceptibilidad por parte de los organismos privados a la censura.

“Al excluir a los privados queda solo para el sector público la obligación de brindar información al organismo (…) Sí todos son susceptible de dar información, las empresas privadas tenían la obligación de entregar informaciones, por ejemplo, sobre sus bases de datos”.

Por su parte, el abogado constitucionalista, Juan Manuel Rafalli, considera que aunque las modificaciones representan ajustes puntuales no resuelven el problema de raíz del decreto. "Por vía de decreto presidencial no pueden establecerse restricciones a derechos como a la información y la libertad de expresión", añadió en declaraciones a El Nacional Web.

"Hay un problema de raíz, un problema estructural. En la medida de que algún instrumento normativo limita, restrinja o pueda de alguna manera condicionar derechos fundamentales tiene que ser mediante leyes, es parte de lo que se conoce como garantía constitucional de la reserva legal".

"Ha debido ser una materia tratada en la Asamblea Nacional", puntualizó el constitucionalista.

“Sacan a las instituciones privadas y los enemigos internos porque saben que están tocando la fibra de la libertad de expresión de los particulares”, agregó.

Recordó que aunque se hagan modificaciones el Cesppa continuará siendo un organismo de supervisión desde el punto de vista militar que estará por encima de la figura del Presidente.