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Mercedes De Freitas: “La Contraloría no tiene recursos ni voluntad para combatir la corrupción”

Mercedes De Freitas | Foto: Nelson Castro

Mercedes De Freitas | Foto: Nelson Castro

La directora de Transparencia Venezuela afirma que, a través de las misiones, el Gobierno no contribuye a crear ciudadanos dignos sino militantes incondicionales

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Durante las cuatro décadas en que Acción Democrática y Copei se alternaron en el Gobierno se aplicó una regla derivada del Pacto de Puntofijo: si el Ejecutivo estaba en manos del partido blanco, la Contraloría General de la República quedaba a cargo del partido verde o viceversa. “Pero con el ascenso de Hugo Chávez al poder se acabaron los contrapesos, así como la llamada industria del escándalo que se fundamentaba en una mutua y férrea vigilancia entre las dos principales fuerzas políticas del país, y que, en la práctica, funcionaba como un muro para contener la corrupción”, advierte Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela.

De Freitas asegura que es aún más grave que el Estado y el caudal de recursos que administra hayan crecido en relación inversamente proporcional al debilitamiento de los órganos de control: “Aunque la cooptación de todas las instituciones por parte del oficialismo y el secretismo impidan disponer de pruebas suficientes del incremento de irregularidades en la administración pública, no hay dudas de que el Estado se ha agigantado, excepto los órganos de control, y por lo tanto son mayores los riesgos de corrupción en Venezuela”.

-¿Cómo saber si ha aumentado o disminuido la corrupción en Venezuela?

-El análisis que realizamos desde Transparencia Venezuela nos ha permitido precisar una disminución constante y progresiva de los recursos presupuestarios asignados a la Contraloría General de la República. En 2012 recibió 575,7 millones de bolívares y en 2013, 403,7 millones de bolívares. La merma implica que este año la Contraloría apenas podría hacer 14 actuaciones fiscales más que el año anterior. Ante la Asamblea Nacional, un director de la Contraloría reveló que ese organismo contaba con la mitad de los funcionarios que tenía en 2000.

Sin embargo, el problema no sólo tiene que ver con un creciente déficit presupuestario, porque la Contraloría no tiene los recursos ni la voluntad para combatir la corrupción.

-¿Es necesario afinar las leyes contra la corrupción?

-No basta disponer de buenas leyes sino de crear las condiciones necesarias para que se cumplan sus objetivos. El Estado tiene que invertir en sistemas de control de la administración de fondos públicos, sobre todo por el aumento de la burocracia gubernamental. Las estadísticas oficiales indican que la nómina del sector público aumentó de 1.353.823 funcionarios en 2012 a 1.418.264 en 2013. Ello, tampoco hay lugar a dudas, implica un aumento de los riesgos de corrupción. Aunque se han agilizado algunos procedimientos, como la declaración jurada de patrimonio a través de Internet, los reportes de la Contraloría sugieren que no hay capacidad para verificar los datos que suministra cada uno de los funcionarios. En el último informe anual de la Contraloría apenas se detectaron irregularidades en 28 declaraciones juradas de patrimonio. Algo similar pasa con los consejos comunales. Sólo se reportaron problemas graves en cuatro consejos comunales. Y hay más de 40.000.

-¿El debilitamiento institucional de la Contraloría que usted describe es deliberado o el resultado de la ineficiencia del organismo?

-Venezuela firmó la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1996 y la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas en 2004. La contralora general de la República –Adelina Gonzále– asiste regularmente a todos los eventos internacionales donde se debate sobre las nuevas tecnologías y estrategias para prevenir y sancionar la corrupción. Las autoridades venezolanas saben lo que hay que hacer y, al no hacerlo, se convierten en cómplices de los altísimos riesgos de corrupción en el país.

-¿Cuáles son los principales mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción?

-Lo primero es garantizar el acceso a la información sobre la gestión pública. En Venezuela ni siquiera sabemos con precisión cuántos barriles de petróleo producimos y a cuánto se venden, por ejemplo, mediante los convenios internacionales. Todos estos convenios son inauditables. La reforma de la Ley contra la Corrupción que se hizo en 2006 estableció una exclusión generalizada de las licitaciones cuando se trata de convenios internacionales, por lo cual todas las contrataciones se hacen por adjudicación directa. Ello abre la posibilidad de delitos como tráfico de influencias, concierto de funcionarios de contratistas y pagos indebidos. Imaginemos que cualquier interesado conozca los detalles de los contratos suscritos por cada uno de los órganos del Estado. Habría muchos más ojos vigilantes. Hay una relación directa entre democracia y lucha contra la corrupción. Cuando un Estado rinde cuentas reconoce que los fondos públicos pertenecen a todos los ciudadanos. Cuando no lo hace, limita la posibilidad de contraloría social.

-¿Cómo funciona la contraloría social sobre los programas sociales gubernamentales?

-Lo que nosotros tenemos en Venezuela, y así lo corroboramos a través de un estudio de la ejecución de la Gran Misión Vivienda Venezuela durante un año, es que a la gente se le está dando una vivienda, pero se le está quitando su capacidad de defender derechos. Los beneficiarios de las misiones en Venezuela asumen que deben agradecer eternamente un favor recibido del Gobierno y que no se trata de un derecho. Se crea una relación de dependencia ilimitada con el Gobierno. En la Gran Misión Vivienda Venezuela encontramos un absoluto desorden que imposibilita precisar responsabilidades en la administración de los recursos. Por eso es muy fácil que allí se roben los reales con absoluta impunidad.

Con las misiones, el Gobierno no contribuye a crear ciudadanos dignos, sino militantes incondicionales.


Arma electoral

Mercedes De Freitas considera que las denuncias de corrupción formuladas por representantes del oficialismo contra dirigentes de oposición, particularmente de Primero Justicia, tienen una motivación electoral. Desde su punto de vista, este tipo de estrategia para desacreditar a eventuales contendores en los comicios para elegir autoridades municipales y, probablemente un nuevo Presidente de la República, tiene un alcance limitado: “Es que la mayoría de los que están en el Gobierno y administran fondos públicos son chavistas”.

La labor contralora de la Asamblea Nacional, agrega la directora de Transparencia Venezuela, también ha sido anulada por la hegemonía oficialista, de modo que el Legislativo no hace contrapeso alguno al Ejecutivo.

“Por el contrario, la Asamblea Nacional ha encubierto los casos de corrupción más significativos: las denuncias del ex magistrado Eladio Aponte Aponte sobre la penetración del narcotráfico en el Gobierno, el desvío de recursos del Fonden, la maleta de Antonini Wilson, los alimentos podridos de Pdval…”, afirma De Freitas.