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Consejo Popular Revolucionario se queja porque TSJ prohibió manifestaciones

La izquierda comienza a deslindarse de funcionarios del gobierno que desconocen el control obrero e ideas de Chávez

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El oficialismo comienza a sufrir por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que condiciona el derecho de manifestar a una previa autorización, así como las resoluciones del Ministerio del Trabajo que desconocen la existencia de las empresas tomadas por los trabajadores, bajo la idea de Hugo Chávez de constituir empresas de producción social.

El Consejo Popular Revolucionario, integrado por 42 movimientos sociales, Patria para Todos y el Partido Revolucionario de Trabajadores, cuestionó a sectores del gobierno que olvidan los conceptos y las tareas del socialismo y enfilan los ataques a los trabajadores, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Trabajo, a través de las inspectorías de trabajo.

“El TSJ impide el derecho de protestar y limita el derecho a huelga, lo que evidencia que la sentencia fue hecha para impedir a los trabajadores ejercer el control social o salir a exigir respuestas al gobierno”, reclamó el coordinador de Socialismo Revolucionario, Johan Rivas, quien citó como ejemplo de las presiones el acoso de la Guardia Nacional, la Dirección de Contrainteligencia Militar y la Policía de Lara a trabajarores que tomaron las compañías Brahma, Intercerámica, Wrangler, Alentuy y las convirtieron en empresas de producción social. 

Gobierno coloca trabas al control obrero
El coordinador de Información del Consejo Popular Revolucionario, Rome Arriechi, relató cómo lograron que las máquinas de Brahma dejaran de producir cerveza y abrieron líneas para destilar agua para medicinas y el consumo humano, pero ahora el gobierno se niega a reconocer la transformación y envió un contingente de la GN a sacarlos.

En el caso de la productora de cerámicas consiguieron hacer ladrillos rojos para la Misión Vivienda, la bautizaron como Trabajadores de Gres; sin embargo, el gobierno pretende retomarla y devolverla a los antiguos dueños, a pesar de que la habían abandonado y desde España, vía skippe, anunciaron el quiebre y el despido de los obreros.

“Dentro del gobierno, no solo ponen trabas para registrar las empresas de producción, sino que ponen obstáculos a los proyectos de inversión y de expansión de las empresas bajo el control obrero, y la Guardia Nacional arremete contra los trabajadores y dirigentes sindicales sin importarles el trabajo social que desarrollamos en las comunidades que ahora se benefician de los productos a bajos precios, de la construcción de obras sociales o la repartición de agua gratis, como pasa en Barquisimeto, donde el gobernador Henri Falcón ordena a la Policía de Lara que nos reprima”, indicó Arriechi.

En cuanto a la empresa Alentuy, denunció que agentes de la DGIM intentaron entrar de forma violenta al lugar. “No tenían orden judicial, portaban fusiles K-103 y agredieron a vecinos que les llamaron la atención por el comportamiento”, dijo el dirigente laboral. Sin embargo, al ser consultado sobre si a pesar de los maltratos apoyaban al gobierno, respondió: “Sí; si trabaja por políticas para los sectores populares; si llama a fortalecer el control obrero y radicaliza la política de creación de empresas de producción social”.