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Congreso español pide liberación inmediata de López, Ledezma y Ceballos

La sede del Cogreso español/ Voluntad Popular

La sede del Cogreso español/ Voluntad Popular

Este pronunciamiento se suma al pedimento de libertad inmediata de López recibido de parte de expresidentes de América Latina y de organizaciones de defensa de Derechos Humanos 

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Tras un intenso debate el Congreso de los Diputados de España aprobó un acuerdo con 306 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención en el que insta a “la liberación inmediata” de Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma, opositores venezolanos “arbitrariamente encarcelados” por el régimen de Nicolás Maduro.

El acuerdo, pactado entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pide al Gobierno del presidente Mariano Rajoy que defienda ante la comunidad internacional y ante el Ejecutivo Nicolás Maduro la excarcelación de López, Ledezma y Ceballos así como de “los demás opositores, manifestantes y estudiantes” en prisión. La proposición no de ley ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos salvo los de la Izquierda Plural y Amaiur, ERC y BNG. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 13 de marzo una resolución similar a la de la Cámara baja con los votos en contra de Podemos e Izquierda Unida.

La iniciativa del Congreso español recuerda ese pronunciamiento del Europarlamento, así como otros del secretario general de Naciones Unidas, de la OEA y de varios Gobiernos americanos. Los expresidentes José María Aznar y Felipe González (quien además ha asumido la defensa jurídica de López y Ledezma) han firmado junto a otros 26 expresidentes de América Latina una declaración por el “restablecimiento de la democracia en Venezuela”.

"Hasta la fecha, ningún tribunal ha podido demostrar las acusaciones presentadas contra Leopoldo López", señala la proposición no de ley, que incide también en que "las principales instancias internacionales han calificado sus condiciones de detención como denigrantes y advierten de que ponen en riesgo su integridad física y psíquica". "Las principales organizaciones no gubernamentales encargadas de velar por los derechos humanos y el ejercicio elemental de la libertad política y de manifestación, desde Amnistía Internacional hasta Human Rights Watch, han calificado las detenciones de los dirigentes opositores venezolanos como ilegales y arbitrarias", recoge el texto.

“Conviene llamar a las cosas por su nombre. Venezuela es hoy una dictadura”, ha asegurado desde la tribuna del Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, al presentar la proposición. La parlamentaria ha indicado que un centenar de dirigentes opositores se encuentran encarcelados en Venezuela “por ejercer el derecho a la discrepancia política” y ha cargado contra quienes en España “mantienen con el chavismo una relación de intimidad antidemocrática, que no quieren o no pueden condenar la dictadura chavista”.

También el representante del PSOE, Francisco González Cabaña, ha censurado una situación que “no es propia de un Estado democrático de derecho”. El PSOE ha defendido al mismo tiempo una “solución negociada” entre el Gobierno y la oposición venezolana. González Cabaña ha reprochado a la Izquierda Plural que no condenara la detención “ilegal” de los opositores. “Los derechos humanos no admiten matices”, ha afirmado González Cabaña.

El partido Podemos, que votó en contra de la iniciativa en Bruselas, ha explicado que sí habría apoyado la aprobada este martes en el Congreso con dos condiciones: que quedaran “excluidas las sanciones al Ejecutivo venezolano” y que “se enmarque en un llamamiento al diálogo como vía de solución pacífica de los problemas no solo de Venezuela, sino del resto de países”, indica el responsable de Internacional de la formación morada, Pablo Bustinduy.

Ciudadanos, que tampoco está presente en el Parlamento, se muestra favorable a la iniciativa. “Votaríamos a favor porque estamos a favor de las libertades y de los derechos fundamentales en Venezuela”, ha señalado José Manuel Villegas, miembro de la Ejecutiva de Albert Rivera. “Hay bastante consenso en la opinión pública internacional de que las detenciones se enmarcan un atentado contra el derecho a discrepar y los derechos políticos en Venezuela”, concluye Villegas.

Con información de Voluntad Popular