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Conferencia Episcopal denuncia atropellos a los deportados

El arzobispo de Coro, monseñor Roberto Lückert, considera una barbaridad el trato que se ha dado a los ciudadanos colombianos

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La Iglesia condenó la deportación de colombianos. El presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Roberto Lückert, denunció atropellos a los derechos humanos de los deportados durante la ejecución de la medida ordenada por el presidente Nicolás Maduro.

“Les rompen las casas, les roban, los sacan como unos animales a la frontera. Tenemos que reclamar porque eso no puede continuar”, dijo.

Calificó de una barbaridad la situación e indicó que “la presencia de los hermanos colombianos en Venezuela no es de ahora, ambos pueblos conviven desde hace muchos años trasladándose a ambos lados de la frontera; ahora deportan a los colombianos porque no sirven a los intereses del gobierno, pero cuando interesaban en la campaña electoral traían colombianos a votar”.

Considera que el jefe del Estado busca solventar de manera equivocada la crisis del país.

“Él quiere resolver el problema de la inoperancia económica de este gobierno durante 16 años a través de una medida con la cual están exaltando el patrioterismo de algunos venezolanos”, aseveró el también arzobispo de Coro en declaraciones a ACI prensa, divulgadas por la Conferencia Episcopal.

Lückert se refirió al aporte de los colombianos al país. “Si en este momento todos los colombianos del estado de Zulia deciden irse a Colombia, le creamos un gravísimo problema a Colombia porque no tiene dónde acomodarlos. Y si se van, nos hacen un gravísimo problema a nosotros porque ellos han trabajado y siguen trabajando y han constituido familias de tres, cuatro generaciones”, expresó.

Diálogo necesario. La primera reunión entre las cancilleres de Colombia y Venezuela el miércoles en Cartagena fue un preámbulo que no permitió ahondar en salidas a la crisis, coinciden los internacionalistas Carlos Romero y María Teresa Belandria.

“El gobierno insiste en que los únicos actores negativos son el narcotráfico y los paramilitares, cuando se sabe que en la frontera binacional participan otros factores como el bandolerismo y la guerrilla. En el caso colombiano hay muchas divergencias, está la posición del presidente Santos y el pronunciamiento de (César) Gaviria de irse de Unasur”, señaló Carlos Romero.

El analista cree que para evitar una profundización del conflicto debe acordarse una reunión entre los presidentes Maduro y Santos con la mediación de garantes, buenos oficiantes, de la región. Criticó que pareciera que el gobierno hubiese abandonado la bandera antiimperialista y la defensa del Esequibo para tomar la fronteriza.

“Si esto se trata de un trapo rojo, un lado electoral como la marcha convocada para movilizar a la gente del PSUV, sería lamentable por las heridas que produce esta crisis humanitaria”, argumentó Romero.

María Teresa Belandria dijo que la solución a la situación fronteriza debe asumirse de manera bilateral. Señaló que la reunión entre las cancilleres fue en medio de una contingencia y que el cierre fronterizo se hubiera evitado si aún funcionaran mecanismos institucionales como las comisiones binacionales.

 “Debe abrirse la frontera. Ese es el punto de honor ante la crisis; las medidas asumidas dan pie para que se agudicen los problemas que se quieren combatir, como el comercio ilegal y todos los ilícitos que allí se producen”, destacó.


Llevarán casos ante organismos internacionales

El Partido de la U, al que pertenece el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que solicitará al sistema interamericano de derechos humanos protección para los colombianos deportados por orden del presidente Nicolás Maduro en el contexto del cierre de la frontera y la declaratoria de estado de excepción en seis municipios de Táchira.

También solicitó la inmediata retirada de Colombia de la Unasur, pues considera que la posición de ese organismo, particularmente la de su secretario general, el ex mandatario colombiano Ernesto Samper,  no ha sido la adecuada.

Por el lado de Venezuela la Asociación de Legisladores del Táchira anunció que denunciarán ante la Corte Penal Internacional las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas militares y policiales en la frontera. Desde su punto de vista, los atropellos han sido tan graves y sistemáticos que constituyen delitos de lesa humanidad establecidos en el Estatuto de Roma. A tales efectos, preciso Walter Márquez, pedirán la colaboración de las autoridades colombianas para que les suministren información sobre atropellos, tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados contra miles de inmigrantes colombianos que son deportados.

También acordaron constituir comités de derechos humanos en los seis municipios incluidos en el decreto  de estado de excepción, el cual, denuncian, viola la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.




Recibidas 451 denuncias de maltratos de la GNB

MANUEL TOVAR

Maltrato físico y verbal, desintegración familiar, despojo de pertenencias, retención de documentos, desalojo y destrucción de viviendas son las quejas más frecuentes recibidas por la Defensoría del Pueblo de Colombia luego de que ciudadanos de ese país fueron expulsados por las autoridades venezolanas.

Hasta el 25 de agosto ese organismo había recibido 451 denuncias. El desalojo de vivienda era la más común, seguida de 115 hechos de maltrato físico y verbal, así como 113 casos de desintegración familiar, 52 quejas por destrucción de viviendas, 41 de despojo de pertenencias y 32 de retención de documentos.

Las autoridades del país vecino también investigan la situación de 34 niños y adolescentes, que de acuerdo con las denuncias presentadas por deportados habrían tenido que quedarse en Venezuela sin sus seres queridos.

El defensor del pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora Gómez, que ha estado en Cúcuta desde el éxodo masivo en la frontera hizo un llamado para respaldar a las instituciones del Estado colombiano y defender los derechos de los afectados por la medida del gobierno de Maduro.