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Comité contra la Tortura exigió explicaciones precisas a Venezuela

“¿Están en un estado de excepción o de emergencia, que les imponga utilizar al Ejército y a las Milicias Bolivarianas para mantener la ley?”, preguntó la experta Essadia Belmir | Foto Omar Véliz / Archivo

“¿Están en un estado de excepción o de emergencia, que les imponga utilizar al Ejército y a las Milicias Bolivarianas para mantener la ley?”, preguntó la experta Essadia Belmir | Foto Omar Véliz / Archivo

En el 53° periodo de sesiones del organismo la represión de las protestas cobró protagonismo: se pidió aclarar el número de detenciones y violaciones de derechos humanos, y se solicitó información sobre los colectivos 

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El interrogatorio que formularon los expertos que integran el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas a los representantes del Estado venezolano cerró el paso a respuestas evasivas o retóricas. Las debilidades estructurales del sistema de administración de justicia quedaron al descubierto ante la comunidad internacional y se exigieron explicaciones en términos numéricos, información desagregada por casos y medidas específicas para cumplir con las obligaciones voluntariamente contraídas por Venezuela al firmar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Venezuela deberá contestar hoy.

Jens Modvig, relator para Venezuela, abrió fuegos en el 53° período de sesiones del organismo con el asunto que ha motivado mayor escrutinio internacional: la represión durante las protestas que comenzaron en febrero de 2014.

“Hay alegaciones de que durante los disturbios de febrero hubo más de 3.000 detenciones, y que estas personas fueron desnudadas, amenazadas de violación, no se les permitió tener acceso a un médico ni a un abogado, ni contactar con su familia, y otras alegaciones de tortura. ¿Qué salvaguardas se aplicaron para prevenir la tortura?”, preguntó.

“Se han denunciado muchas más de las 183 violaciones de los derechos humanos y 166 casos de malos tratos oficialmente registrados, ¿es así?, ¿cuántas?”, prosiguió Modvig, que preguntó específicamente por qué no está detenido el funcionario de la Guardia del Pueblo que golpeó a Marvinia Jiménez en Carabobo.

También se refirió a la actuación de grupos de civiles armados vinculados con el oficialismo contra los manifestantes: “¿Cuál es la posición del gobierno con respecto a los colectivos, grupos armados que actúan fuera de la ley oficial, pero que posiblemente estén en coordinación con los agentes de la ley y el orden. ¿Prevén el posible desmantelamiento de esas fuerzas?”.

El relator fue secundado por la experta Sapana Pradhan-Malla: “Algunas mujeres detenidas sufrieron acoso sexual, tuvieron que realizar sexo oral, algunas fueron violadas sexualmente, muchas fueron humilladas por ser mujeres y hubo inspecciones vaginales y anales”.

Pidió conocer las medidas tomadas por el Estado para juzgar a los responsables.

La experta Essadia Belmir se refirió a la militarización de la sociedad, especialmente en la seguridad ciudadana: “¿Están en un estado de excepción o de emergencia, que les imponga utilizar al Ejército y a las Milicias Bolivarianas para mantener la ley? ¿No basta la policía?”, expresó.



Presos políticos. Para la ONU la situación de los presos políticos en Venezuela volvió a estar sobre el tapete, luego de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria determinó la violación de derechos de los dirigentes de oposición Leopoldo López y Daniel Ceballos.

Sobre el particular, el experto Felice Gaer afirmó: “Estos presos han estado sujetos a ataques arbitrarios en medio de la noche. La detención en solitario e incomunicado se considera maltrato”, recordó.

El comité exigió al gobierno información para comprobar la independencia del Poder Judicial: las normas que rigen la inamovilidad de los jueces, la forma en que pueden ser destituidos y el número de jueces provisorios y permanentes.

El experto Abdoulaye Gaye recordó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. “Es la primera vez que veo un caso semejante de un juez que no solamente es objeto de agresiones, de violación, sino que también es encarcelado por haber impuesto un acto jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones. ¿Una juez detenida, agredida y violada por ejercer sus funciones?”, preguntó.

Gaer emplazó al Estado venezolano: “¿Ustedes no creen que este caso socava la independencia del resto de magistrados?”.

Gaye afirmó lo que en cualquier país del mundo es obvio: sin suficientes garantías de inamovilidad para los jueces no hay verdadero Estado de Derecho.

Tragedia carcelaria. Kening Zhang, también relator para Venezuela, preguntó sobre la situación de los centros penitenciarios. Solicitó indicar el número de detenidos en cárceles y retenes, con precisión de número de procesados y sentenciados.

El experto Alessio Bruni calificó de una tragedia las condiciones de los centros penitenciarios en Venezuela e insistió en la necesidad de que se presenten cifras sobre el hacinamiento.

El presidente del Comité contra la Tortura, Claudio Grossman, increpó a la delegación oficial venezolana: “¿Es correcto que 60% de los 53.000 reos no hayan sido aún juzgados?”.

La impunidad fue el corolario del riguroso examen a Venezuela: “Entre 2003 y 2011 solamente 12 funcionarios han sido juzgados por actos de tortura y 127 por causar lesiones. Esta es una proporción muy pequeña de los más de 9.000 casos de tortura documentados por organizaciones durante el mismo período. ¿Cómo combaten la impunidad?”, preguntó el experto Gaer.

La delegación del Estado dispondrá hoy de 90 minutos para responder.

Desde Ginebra el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, indicó: “No sé cómo el Estado va a responder esas preguntas. Usualmente responden de forma general, pero esta vez las preguntas fueron bien específicas. Tienen que responder con mucha altura y humildad. La siguiente semana viene el período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la evaluación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Evadiendo no logran nada”.

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¿Respeto a la disidencia?
En su discurso ante el Comité contra la Tortura de la ONU la delegación venezolana no ahondó en detalles, se paseó por generalizaciones de los avances del gobierno de Nicolás Maduro, sin mayor miramiento sobre las 166 denuncias de tratos crueles que recibió el organismo este año.

El jefe del equipo venezolano, José Vicente Rangel Ávalos, aseveró: “La tortura ha sido proscrita en el país y no forma parte de la realidad política de Venezuela”.

Recordó que Venezuela es signataria de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, “cuya observancia en Venezuela es obligante porque la revolución bolivariana es garante absoluta del disfrute de los derechos humanos”.

Rangel Ávalos aseguró que el gobierno promueve la paz y el entendimiento entre todos los venezolanos: “Respeta la disidencia política y asume que la democracia es un ejercicio de pluralismo y diversidad”.

Sobre las protestas de este año dijo que “las fuerzas de seguridad resguardaron la paz y contrarrestaron la ola de violencia, con estricto apego a la legalidad democrática y protegiendo los derechos humanos”.

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El Dato
El Comité contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU es un cuerpo compuesto por 10 expertos independientes que monitorean la implementación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por sus Estados parte.

Los Estados están obligados a entregarle reportes cada cuatro años, en los que explican la situación de los derechos humanos y la tortura. El organismo los examina y expone sus preocupaciones y recomendaciones.


Las Cifras
550 son los heridos durante las protestas de este año, sobre los que el Comité contra la Tortura exigió información.
231% es la sobrepoblación carcelaria que existe en Venezuela, de acuerdo con informes de ONG que ha recibido el Comité contra la Tortura.