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Piden detener a implicados en violación de derechos

Luisa Ortega Díaz / Alexandra Blanco

Luisa Ortega Díaz / Alexandra Blanco

Luisa Ortega dijo que solicitó capturar a presuntos responsables de crímenes ocurridos entre 1958 y 1998

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El Ministerio Público solicitó ante el Poder Judicial un conjunto de órdenes de aprehensión contra personas presuntamente responsables de las desapariciones, torturas y muertes ocurridas entre 1958 y 1998 por parte de órganos del Estado venezolano contra civiles.

La información fue dada a conocer por la fiscal general Luisa Ortega Díaz en el acto de juramentación de las nueve subcomisiones que integran la Comisión por la Justicia y la Verdad, que se efectuó en el hemiciclo de la Asamblea Nacional.

“Por razones obvias y de resguardo de la investigación no podemos hacer mención de sus nombres”, dijo la funcionaria.

Si se trata de supuestos implicados en crímenes cometidos por entes del Estado, es de presumir que los solicitados deben ser personas que se desempeñaron en cargos de seguridad del Estado y en funciones policiales durante los mencionados 40 años.

La fiscal también informó que ayer fue imputado quien en la década de 1960 era teniente coronel del Ejército, adscrito al Teatro de Operaciones N° 3 de Lara, Felipe Párraga Núñez, por su presunta vinculación con las torturas cometidas contra José Labana Cordero.

Como parte de la investigación de los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos entre 1958 y 1998, el Ministerio Público presentó una solicitud de exhumación ante un tribunal de control de Anzoátegui y otras seis ante juzgados de Caracas, indicó Ortega.

La funcionaria señaló que fue presentado un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia, con el objetivo de que se reabra el caso de la denominada masacre del liceo Sanz, en la que fallecieron 2 personas y otras 14 resultaron lesionadas.

“Entre 1958 y 1998 los gobiernos de turno implementaron como política un plan represivo contra la disidencia. Las cárceles se mantuvieron abarrotadas de presos políticos, porque esos sí eran presos políticos, y la represión contra el movimiento estudiantil fue de especial crueldad”, dijo la fiscal, que aseguró que actualmente el Estado venezolano es profundamente respetuoso de los derechos humanos.

Cifras de La Fundación para el Debido Proceso indican que en los últimos 13 años ha habido en Venezuela 173 presos políticos, de los cuales 22 siguen privados de libertad.

Por su parte el Foro Penal Venezolano denunció recientemente en la Corte Penal Internacional de La Haya que 170 jóvenes habían sido arbitrariamente aprehendidos en las protestas postelectorales, y maltratados por policías y militares.