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Tribunales que ejecutan sentencias serán eliminados

Incluso quien tenga un fallo a su favor para que desalojen un local de su propiedad no logrará que los jueces ejecuten la medida | Foto: Omar Vegas

Incluso quien tenga un fallo a su favor para que desalojen un local de su propiedad no logrará que los jueces ejecuten la medida | Foto: Omar Vegas

En una reunión efectuada la semana pasada ordenaron a los jueces pasar a ejecución únicamente los casos de urgencia 

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Aunque María Pérez tiene una sentencia a su favor, en la que se ordena que Juan Rodríguez sea desalojado del local que le había dado en alquiler, el tribunal no irá a sacarlo. A pesar de que Ana Martínez demostró ante un juzgado que Juan Perdomo le debe una alta suma de dinero, el juez no le embargará sus cuentas.

Situaciones como esas están ocurriendo en todo el país, debido a que las sentencias dictadas por tribunales civiles que tengan que ser ejecutadas de manera forzosa, porque el demandado se niegue a cumplir el fallo voluntariamente, no serán practicadas a menos que se trate de casos urgentes.

La información fue suministrada por jueces civiles de Caracas que asistieron la semana pasada a una reunión que se celebró en la sede de los tribunales laborales en la avenida Urdaneta, y que por temor a ser despedidos prefirieron mantener sus nombres en reserva.

Hasta ahora en materia civil unos tribunales se encargaban de conocer los casos y dictar sentencia, y otros de ejecutar los fallos de manera forzosa si los demandados no las cumplían voluntariamente.

Esa distribución de funciones cambiará, debido a que el 20 de febrero la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó una resolución, la número 2013-0006, en la que se estableció que los jueces municipales que conocen las causas tendrán competencia para ejecutar fallos, y que los ejecutores serán competentes para dictar sentencia.

Empleados tribunalicios explicaron que la resolución no ha sido puesta en vigencia y que hay incertidumbre en los tribunales civiles de todo el país. “Estaba previsto que a la reunión del jueves pasado asistiera la presidenta de la Sala Civil del TSJ, Iris Peña, para decir que empezarían a ejecutar los que hasta ahora no ejecutaban y a sentenciar los que hasta ahora no conocían las causas, pero en lugar de eso solo acudió la juez rectora civil Marisol Rondón Alvarado para informar que pronto sería tomada la decisión”, contó un informante.

“Una juez le preguntó a Rondón que qué hacía con los juicios que están pendientes por ejecución y esta le respondió que enviaran las ejecuciones urgentes. ‘Manden a ejecutar los casos en que los abogados diligencien todos los días’, le dijo”, contó un empleado tribunalicio que solo aceptó declarar cuando se le garantizó no publicar su nombre. “Toda ejecución es urgente”, agregó.

¿Agilizar? En la resolución dictada por TSJ se señala que es impostergable la redistribución de competencias de los tribunales civiles.

“Para hacer más expedito el trámite de las causas que cursaban en los tribunales civiles, mercantiles y del tránsito, se hace necesario atribuir nuevas competencias a los tribunales de municipio ejecutores de medidas en el ámbito nacional, debido a la evidente disminución de las comisiones”, se indica en la resolución, dictada por la Sala Plena menos de tres meses antes de que la magistrada Luisa Estella Morales dejara la presidencia del TSJ. 

Empleados tribunalicios contaron que fue precisamente una decisión tomada por Morales el 14 de enero de 2010, cuando en su condición de presidenta del TSJ también encabezaba la Comisión Judicial, la que hizo disminuir las labores de los tribunales ejecutores.

“Vista la declaratoria de emergencia nacional mediante decreto presidencial en virtud de los desastres naturales generados por las lluvias, cumplo con informarle que deben instruir con carácter de urgencia a todos los jueces, y con mayor énfasis a los jueces ejecutores, sobre la limitación temporal de toda práctica de medida judicial que recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda familiar o habitación, aún existiendo sentencia definitiva”, se indica en el documento que fue enviado a los jueces rectores de todo el país.

Los jueces civiles que aceptaron declarar coincidieron en que la nueva distribución de competencias hará más lentos los procesos. “El juez que sustancia no tiene tiempo de ejecutar una medida. Esto es grave y va a afectar el sistema de justicia”, aseveró uno de ellos.

La Cifra

137 tribunales municipales de ejecución en materia civil existen en todo el territorio nacional.