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Confirmaron condena de 31 años para cabecillas de las FARC

Iván Márquez es el jefe del equipo de negociación del grupo guerrillero que se encuentra en La Habana / EFE

Iván Márquez es el jefe del equipo de negociación del grupo guerrillero que se encuentra en La Habana / EFE

La sentencia afecta a varios miembros de la delegación guerrillera en las negociaciones de paz que se realizan en La Habana

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La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 31 años de cárcel para varios miembros de la cúpula de mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de entre los cuales dos en la actualidad hacen parte de las negociaciones de paz entre ese grupo guerrillero y el Gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana.

Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, y Luciano Marin Arango (Iván Márquez), miembros de la delegación de la guerrilla en las conversaciones en Cuba, están vinculados como responsables de un atentado ocurrido en el departamento de Meta el 20 de febrero de 2005 en el Hotel Acapulco de Puerto Rico en el que murieron 6 personas, 2 de ellas menores de edad, y del que resultaron heridos un capitán del ejército colombiano, 10 soldados y 14 civiles.

La sentencia incluye al máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timoleón Jiménez o Timochenko.

La ratificación de condena alcanza a Carlos Celio Parra, alias el Canoso, y al llamado Mauricio Pitufo, también de la agrupación insurgente, y se dio porque el Canoso presentó un recurso de anulación y la corte consideró que los condenados incurrieron en los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado y terrorismo.

Según la justicia de Colombia, la orden para realizar el atentado provino del secretariado, comandantes, cabecillas de columna, cuadrilla, y compañías del frente 43 de las FARC y su ejecución fue materializado por integrantes del mismo grupo ilegal, señaló el diario El Tiempo.

El gobierno de Santos y las FARC negocian desde noviembre de 2012 en la isla caribeña para dar fin al conflicto armado que vive el país desde hace más de medio siglo. De llegar a un acuerdo entre las partes, el llamado marco jurídico para la paz, sería la ley que se aplicaría a los guerrilleros para su reinserción a la vida civil.