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Estado debe investigar para no convertirse en cómplice de torturas

Jóvenes aseguraron que militares los amenazaron con violarlos y enviarlos a cárceles comunes, entre otros maltratos físicos y psicológicos

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Mientras en Venezuela la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, informó que sólo manejan los casos de dos jóvenes de Lara que fueron supuestamente maltratados por policías y militares, en la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, investigarán los 170 detenidos en las protestas postelectorales, que aseguran haber recibido agresiones físicas y psicológicas por parte de funcionarios del Estado.

Sólo en la referida entidad el tribunal maneja 59 casos más que la Fiscalía.     

En rueda de prensa ofrecida el 24 de abril la fiscal -que luego informó haber recibido 35 denuncias de Lara, pero que sólo dos eran de supuestos maltratos-, restó credibilidad a los jóvenes y aseguró que se estaba manipulando la realidad de manera exagerada .

“Estas denuncias aparecen en los medios muy bien redactadas, solemnes y serias, pero al leer las que presentan ante la institución carecen de fundamento y sustento alguno. Voy a leer -omitiendo nombres- una de ellas: ‘El día 15 de abril a las 5:00 pm me encontraba en x sitio y la tanqueta de la Guardia Nacional llegó hasta donde estaba. Estaba solo y comenzó a dispararme sin piedad y a quemarropa. Gracias a que cargaba un chaleco no me mataron. Sin embargo, una de las lesiones más graves es la de la pierna izquierda. Asistí a un centro asistencia. Me curaron, pero no tengo constancia de eso. Como esta tenemos muchas, pero quise traer solo una”, dijo.

Muy distintas son las denuncias que los jóvenes que estuvieron detenidos en el Destacamento 47 de la Guardia Nacional  de Barquisimeto, estado Lara, presentaron ante el fiscal superior de esa entidad, William Guerrero, cuyas copias fueron facilitadas a la prensa por integrantes del Foro Penal Venezolano.

En las denuncias los muchachos contaron que fueron golpeados, obligados a permanecer agachados con la cabeza entre las piernas por horas, a mantenerse despiertos durante toda la noche so pena de ser agredidos y amenazados con que iban a ser violados o enviados a cárceles comunes, entre otros maltratos físicos y psicológicos.  

“Las autoridades no deben desestimar los hechos a priori. No se puede investigar partiendo del supuesto de que las denuncias son falsas y de que todo se trata de una maniobra proselitista, porque en esas condiciones la investigación está condenada al fracaso. Se debe investigar con imparcialidad”, explicó la activista en derechos humanos y directora de Cofavic, Liliana Ortega.

Ortega indicó que el Estado tiene que ser el primer interesado en que se investigue lo ocurrido. “La única manera de separarse de este tipo de hechos es investigando y, de ser el caso, sancionando a los responsables y reparando a las víctimas; de lo contrario, el Estado se convierte en cómplice. Puede haber polarización, pero si el Estado quiere mantenerse en el ámbito de la democracia no debe asociarse a la tortura”, dijo.   


Los testimonios. Los jóvenes que denunciaron ante la Fiscalía admitieron en sus testimonios que habían participado en protestas para exigir el recuento de los votos de las presidenciales, pero advirtieron que las manifestaciones eran pacíficas. Todos indicaron haber recibido maltratos físicos y psicológicos por parte de funcionarios del Estado y casi todos explicaron que el trato por parte de los uniformados mejorócuando llegaron los fiscales..

 “Fui detenido por el capitán de la Guardia Nacional de apellido Rojas el 16 de abril de manera arbitraria. Me trasladó golpeándome salvajemente, insultándome y denigrándome. Me mantuvieron arrodillado con la cabeza entre las piernas en el comando de la GN. Allí pude presenciar los golpes y maltratos que sufrían todos los jóvenes que llegaban detenidos, los cuales fueron obligados a desnudarse, a saltar y pujar mientras proferían insultos hacia ellos y eran salvajemente golpeados por funcionarios a cargo del capitán Rojas”, se indica en una de las denuncias presentadas.

En otra quedó asentada la siguiente declaración: “Me llevaron hasta una tanqueta a punta de golpes. Me subieron y siguieron golpeándome a mí y a dos jóvenes más. Nos decían palabras ofensivas: malditos, golpistas, escuálidos, fresas, maricos, los vamos a llevar para Uribana, los vamos a sembrar, les vamos a hacer fotos donde salgan ustedes disparándonos a nosotros. Adicional a eso me dijeron que me iban a quitar los zapatos y que me iban a quitar las esposas para llevarme a la parte de atrás porque me iban a violar”.

“Estuvimos alrededor de seis horas agachados y con la cabeza entre las piernas. Nos gritaban: ‘El que levante la cabeza le doy un mata chivo’. En la noche llegó otro grupo de detenidos gritando: ‘¡Maduro presidente!’ y los guardias nos decían: ‘Ahí vienen los chavistas a caerles a palo’. Incluso a uno de los detenidos le metieron corriente”, denunció otro joven que estuvo preso en el Destacamento 47 de la Guardia Nacional en Lara.

Otro de los muchachos también denunció agresiones psicológicas: “En la noche se nos indicó que podíamos dormir en el piso del patio a la intemperie y se nos indicaba que muriéramos con las botas puestas y que no cerráramos los ojos porque se nos patearía el cogote”.

“Nos mandaron a sentarnos con las manos en el cuello, con la cabeza abajo y los pies tocando las nalgas. Nos mantuvieron así aproximadamente ocho horas, mientras llevamos insultos y agresiones físicas como golpes y patadas. Nos decían que éramos unos terroristas, vendepatria. Nos decían: ‘¿Quién es su presidente?‘. Si decíamos el que no era, nos golpeaban. Ese día no nos permitieron comunicarnos con ningún familiar ni abogados. Dormimos en una cancha en el piso todos sin haber comido ni bebido agua”, contó otro joven en la Fiscalía.

Los casos de estos y otros muchachos reposan ahora tanto en el Ministerio Público como en el Tribunal Penal Internacional de La Haya.


¿Cuándo se habla de tortura?

Se considera que fueron cometidos actos de tortura cuando un individuo ha infligido graves dolores o sufrimientos físicos o mentales a una o más personas que estén bajo su custodia o control.  

Lo anterior está establecido en el Proyecto Definitivo de los Elementos de los Crímenes de la Organización de Naciones Unidas, en el que se indica además que debe tratarse de un ataque generalizado contra la población civil y que el agresor debe haber tenido la intención de que su conducta se parte de un ataque de este tipo.