• Caracas (Venezuela)

Política

Al instante

Chávez gobernó sin contrapesos

Las máximas autoridades de todos los poderes públicos han manifestado su respaldo incondicional al presidente Hugo Chávez | Foto: Orlando Ugueto

Las máximas autoridades de todos los poderes públicos han manifestado su respaldo incondicional al presidente Hugo Chávez | Foto: Orlando Ugueto

El control hegemónico de la Asamblea Nacional por parte del oficialismo y el abandono de las curules por parte de la oposición en 2005 facilitó la cooptación del resto de los órganos del poder público y la concentración del poder

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El 14 de abril de 1999, cuando el presidente Hugo Chávez apenas tenía cuatro meses en el poder, envió una carta a los magistrados de la extinta Corte Suprema de Justicia que marcó las pautas de su largo mandato.
“La nación votó por la estructura de poderes que pudiere resolver eficazmente sus problemas y en ese campo psicofísico nació la idea de la Asamblea Nacional Constituyente originaria que permitiera refundar la República y restituir el Estado de Derecho constitucional y democrático”, afirmó hace casi 14 años.
En la misiva, Chávez indica que “la justicia que se propone es la zamorana, la de hacer imposible la imperceptible violación de los derechos humanos”. Pero quizás lo más trascendente del documento fue la exhortación final, precedida de referencias a varios teóricos (entre ellos el alemán Friedrich Ratzel, cuyas ideas fueron utilizadas por el Tercer Reich): “El jefe del Estado conduce, en soledad, la política exterior y, en soledad, es el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Inmerso en un peligroso escenario de causas generales que dominan el planeta (Montesquieu, Darwin), debo confirmar ante la Honorabilísima Corte Suprema de Justicia el principio de la exclusividad presidencial en la conducción del Estado”.
La exigencia de Chávez ponía en entredicho el esquema de contrapesos institucionales que sustenta el sistema democrático y previene perjuicios asociados al autoritarismo y su consecuente abuso de poder. El planteamiento contrastaba con el contenido de otros documentos fundamentales del proyecto político insurgente, tal como fue concebido por el MBR-200.
En El libro azul (El árbol de las tres raíces), se señala: “El Proyecto Nacional Simón Bolívar recoge la doctrina de división de los poderes del concepto bolivariano de Estado y Sociedad. ‘Y entonces habrá un equilibrio y no habrá el choque que embaraza la marcha del Estado, y no habrá esa complicación que traba, en vez de ligar, la sociedad’. En efecto, la armoniosa división de los poderes es un medio imprescindible para garantizar la ‘suprema libertad social”.
Fuera de la Constitución. La proclama a favor de la división de poderes se consagró en la Constitución de 1999. Pero los directivos de la Asamblea Nacional Constituyente fueron los primeros en violarla. El 22 de diciembre de 1999, después de la aprobación del texto fundamental en referéndum pero antes de su publicación en Gaceta Oficial, Luis Miquilena, Isaías Rodríguez y Aristóbulo Istúriz decretaron el Régimen de Transición del Poder Público, que permitió elegir a los magistrados del TSJ, el fiscal general, el contralor general, el defensor del Pueblo y los rectores del CNE sin el rigor establecido en la nueva carta magna. Y la Sala Constitucional del TSJ determinó que, a efectos de la llamada relegitimación de los poderes públicos, los altos funcionarios que aspiraran a ser ratificados en sus cargos sólo debían ser evaluados por su desempeño, con lo cual se burlaron algunos requisitos establecidos en la Constitución.
Con el favor de la ANC y el TSJ comenzó el copamiento oficialista y, más precisamente del presidente Hugo Chávez, de todas las instituciones llamadas a hacer contrapesos al Gobierno en un sistema verdaderamente democrático.
En palabras del sociólogo Javier Biardeau, el estilo político del jefe del Estado es “poco proclive a asimilar la democracia como una situación de poder compartido, y más bien tiende a tamizarla bajo los supuestos organicistas de una teoría del poder nacional inspirada en las doctrinas militares de seguridad nacional”.
Lo excepcional como regla. A principios de 2007, Alberto Garrido advertía que el desarrollo del proyecto político chavista, que para ese momento se promovía como socialismo del siglo XXI, no era producto de la improvisación, sino el resultado de un plan madurado durante años.
Un objetivo prioritario sería el control hegemónico de las instituciones y para ello se aprovechó la mayoría que siempre tuvo el oficialismo en la Asamblea Nacional durante los últimos 13 años.
Con holgura, desde el Legislativo se han designado a las autoridades del Judicial, el Ciudadano y el Electoral, de acuerdo con los intereses del oficialismo.
Los comités de postulaciones fueron integrados mayoritariamente por diputados del partido de Gobierno. Para relajar las normas de la carta magna, la Sala Constitucional del TSJ determinó que los diputados eran los más legítimos representantes de la sociedad. Algunos se ufanaron del poder que concentraron en sus manos, entre ellos Pedro Carreño, que presidió el Comité de Postulaciones Judiciales. “No nos vamos a meter autogoles”, expresó para reafirmar que los magistrados del TSJ designados en 2004 eran incondicionalmente afectos al Gobierno.
Todo fue más fácil para el chavismo cuando la oposición decidió no participar en las elecciones parlamentarias de 2005. Sin embargo, el Presidente de la República requirió facultades excepcionales para legislar desde el comienzo de su primer período de gobierno. El 17 de junio de 2012, cuando venció la cuarta habilitación legislativa concedida por la Asamblea Nacional al jefe del Estado, el vicepresidente Elías Jaua precisó que desde 1999 el Ejecutivo nacional había dictado 219 decretos leyes. El dirigente opositor Carlos Vecchio destacó que hasta Chávez nunca antes un presidente tuvo tanto poder para establecer las normas sin mayor consulta ni debate.
La falta de contrapesos institucionales podría debilitar al ciudadano y a las organizaciones de la sociedad civil en la exigencia de garantías para el efectivo ejercicio de sus derechos, conforme a la Constitución. Apaciguamiento, lo denomina el politólogo Miguel Ángel Martínez Meucci: “En medio de una confusión generalizada, el agresor va tomando lo que quiere por la fuerza, mientras sus adversarios se ven obligados a aceptar esas pérdidas como hechos consumados, e incluso legales”.
La tesis de Martínez Meucci encuentra fundamento en lo que ha dicho y reiterado la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, como si se tratara del nuevo paradigma jurídico del proyecto chavista: “La separación de poderes es un tabú que debilita al Estado”.

La cifra

219 decretos leyes dictó el Ejecutivo nacional entre 1999 y 2012

5 en vez de 3

La nueva Constitución elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente y aprobada por la mayoría del electorado el 15 de diciembre de 1999 reformuló la clásica división tripartita de los órganos del poder público y se incorporaron el Electoral y el Ciudadano. Durante los dos últimos períodos presidenciales los cinco han estado dirigidos por oficialistas.

En la lista negra de los derechos humanos

Los 143.135 homicidios ocurridos en Venezuela entre 1997 y 2011, según los registros de Provea, constituyen un indicador de la situación de los derechos humanos en el país.
La crisis de seguridad ciudadana se ha agravado por la impunidad. En octubre de 2012, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cofavic recordó que el Ministerio Público ha admitido que en 91% de los casos de violaciones de derechos humanos no ha habido sentencia definitivamente firme.
La ineficiencia del sistema judicial para detener la delincuencia contrasta con su uso para enfrentar la disidencia. Las ONG han denunciado la criminalización de la protesta como una política sistemática del Estado, que en la mayoría de los casos afecta a sectores populares que reclaman reivindicaciones sociales. En 2009, Provea reportó que aproximadamente 2.000 personas fueron sometidas a procesos penales por ejercer el derecho a la manifestación pacífica.
La injerencia del presidente Chávez en algunos casos, como el de la jueza María Lourdes Afiuni, a quien públicamente pidió condenar a la pena máxima de 30 años de cárcel, fue otra fuente de debate: los presos políticos. El diputado Edgar Zambrano promueve la amnistía para 125 personas calificadas de perseguidas del Gobierno.   
La posibilidad de tutela internacional se ha dificultado. El 10 de septiembre de 2012 el Gobierno formalizó la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Transcurrido un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no podrá juzgar casos de Venezuela.

Desde 2003 y durante 9 años consecutivos, Venezuela ha sido incluida en el capítulo IV del Informe Anual de la CIDH (también conocido como “la lista negra”), en el que figuran los Estados con graves dificultades para la efectiva vigencia de los derechos humanos. Durante los últimos 13 años la Corte Interamericana ha fallado 12 veces contra el país. “Una evidencia de sesgo político”, ha alegado el agente del Estado Germán Saltrón.