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Eliminan nociones de enemigo interno y externo del Cesppa

El gremio periodístico ha manisfestado su rechazo al nuevo organismo | Foto: Manuel Sardá

El gremio periodístico ha manisfestado su rechazo al nuevo organismo | Foto: Manuel Sardá

Los organismos privados no están ahora expresamente obligados a colaborar con el gobierno en la recopilación y análisis de datos vinculados con la seguridad de la nación

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Las nociones de enemigo interno y externo que permitirían al gobierno, entre otras cosas, emprender acciones contra cualquier venezolano considerado una amenaza para la seguridad de la nación fueron eliminadas del decreto de creación del Centro Estratégico para la Seguridad y protección de la Patria, Cesppa.

Mediante una reimpresión  del decreto “por fallas en los originales”, en la Gaceta Oficial 40279, del 24 de octubre de 2013, se precisa que el Cesppa “solicitará, organizará, integrará y evaluará las informaciones para el nivel estratégico que se vinculen a la seguridad de la nación, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado, según lo requiera el presidente de la República”.

El texto original del artículo 3, publicado en la Gaceta Oficial 40266, del 7 de octubre de 2013, señalaba que las informaciones por recopilar y analizar estaban “asociadas a la actividad enemiga interna o externa” y que los organismos privados también estaban obligados a cumplir los requerimientos de la “Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana”.

El nuevo decreto es mucho más moderado, observa Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público . “Era verdaderamente grave que en un instrumento normativo, aunque fuera de rango sublegal, aparecieran en forma explícita los fundamentos de la doctrina de seguridad nacional que tuvo consecuencias tan nefastas en los regímenes militaristas del Cono Sur y Centroamérica”, dice.

Correa advierte que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad del Estado han sido y son poco transparentes en sus actuaciones, de modo que no hay suficientes garantías de que los organismos de inteligencia al servicio del Cesppa no utilicen mecanismos coercitivos que amenacen la efectiva vigencia de derechos ciudadanos.

Censura intacta. El constitucionalista Rafael Chavero considera que la modificación del decreto constituye “un espasmo de sensatez”, pero destaca que la posibilidad de censura sigue latente, pues se mantiene intacto el artículo 9, el cual permite al presidente Nicolás Maduro declarar reservada, clasificada o de divulgación limitada cualquier información, hecho o circunstancia que se considere sensible a la seguridad de la nación.

Distinto piensa el también constitucionalista José Vicente Haro: “Precisamente porque el Cesppa constituye un peligrosísimo mecanismo de censura, no se podría hablar de sensatez. La única y verdadera rectificación que cabe es la derogatoria absoluta del decreto”.

Haro sostiene que apenas se ha suavizado el lenguaje utilizado en el decreto por el rechazo que ha suscitado: “El objetivo es bajarle el volumen a un debate que ha causado preocupación tanto en el país como en la comunidad internacional. Ante la proximidad de los comicios municipales del 8 de diciembre, el gobierno pudiera pagar con votos el costo de una mayor restricción de las libertades democráticas”.

Sobre la eliminación de todas las menciones a organismos privados que existían en el decreto inicial, Haro advierte, como Correa, que ello no es suficiente para impedir el requerimiento de cualquier tipo de información a cualquier persona natural o jurídica. “Como lo suelen hacer el Sebin, la DIM o cualquier organismo policial”, observó el abogado.

El contralmirante retirado Luis Cabrera Aguirre considera un detalle menor que se prescinda de las nociones de enemigo interno o externo: “Las actividades de inteligencia existen dentro y fuera del país, y cuando se está investigando una situación se requiere un mínimo de confidencialidad para no entorpecer el proceso”.

El oficial admite la posibilidad de que se cometan excesos: “En principio, hay que presumir la buena fe de los funcionarios; y, en todo caso, los órganos contralores del Estado y la sociedad en general deben estar alerta para detectar irregularidades y aplicar correctivos”.

Cesna y sapo

El 8 de junio de 2008 se publicó en Gaceta Oficial el Decreto-ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, que rápidamente fue bautizado como ley sapo. Entre las funciones de ese sistema estaba “identificar, prevenir y neutralizar toda actividad interna o externa ejecutada por cualquier factor que pretenda atentar contra la seguridad, la soberanía nacional, el orden constitucional y las instituciones democráticas”.

La ley sapo es el primer precedente de la consagración normativa de la doctrina de la seguridad nacional que se fundamenta en las nociones de enemigo interno y externo. En 2008 se pretendió justificar la censura, a pesar de que la Constitución la prohíbe en forma absoluta, pero fue tan contundente el rechazo que el presidente Hugo Chávez, cuya rúbrica aparecía al final del decreto, decidió su anulación dos días después.

Sin embargo, el 1° de junio de 2010 Chávez insistió en el asunto a través de la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación. En los mismos términos de la ley sapo, el Cesna reeditó los mecanismos de censura, a efectos de la recopilación y análisis de información que pudiera afectar la seguridad de la nación.

El artículo 9 del decreto de creación del Cesna establecía la posibilidad de “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada en el Centro de Estudio Situacional de la Nación...”. 

En el fondo, el Cesppa es el mismo Cesna y la misma ley sapo. El contralmirante retirado Luis Cabrera Aguirre lo resume: “Desde hace 40 años se hacen esfuerzos para unificar la información de inteligencia”.