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Cerco rojo a la oposición se agudiza ante la campaña electoral

La MUD plantea los comicios como un plebiscito, mientras que el gobierno recrudece su acción política para tratar de ganar terreno

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En menos de dos meses el gobierno ha recrudecido las acciones políticas, judiciales y administrativas contra la oposición. A dos semanas de las elecciones municipales del 8 de diciembre y aupado por la lucha contra la corrupción impulsada por el presidente Nicolás Maduro, algunas instancias del Estado se han articulado para contener la actividad política de los factores que adversan al Ejecutivo.

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, denunció ayer que el presidente Nicolás Maduro dio la orden de impedir el vuelo del avión en el que viaja para cumplir con sus actividades proselitistas. “Quien ocupa hoy Miraflores quiere evitar que recorra el país”, expresó.

El sociólogo Óscar Lucien considera que esas acciones constituyen un “cerco rojo” a las actividades políticas de la oposición. Explica que la estrategia tiene dos ángulos importantes: el comunicacional y el electoral.

“En primera instancia la lógica del gobierno es invisibilizar a la oposición como alternativa para  los ciudadanos. La lógica es sacarlos de los medios para dar la ilusión de que no existen. Todo esto engrana con el escenario electoral próximo. Al sacar del juego la alternativa, el ciudadano queda sin posibilidad de elegir”, señala el experto.

La Asamblea Nacional ha emprendido varias acciones de juicio político en lugar de su labor legislativa. La bancada del oficialismo ha amenazado a varios diputados de oposición con allanarles la inmunidad parlamentaria. La gobernadora de Falcón, Stella Lugo, denunció ante la AN que los diputados que fueron a la refinería de Amuay estaban involucrados en actos irregulares contra la población de ese estado. El diputado Amérigo de Grazia, acusado por Lugo, ha asegurado que es un acto de “brabuconería política”.

Plebiscito. Dirigentes de oposición han plateado los próximos comicios como un plebiscito. El politólogo Carlos Raúl Hernández afirma que esa forma de concebir la votación es un acierto ante el ventajismo del gobierno.

“Esa fue una estrategia acertada planteada por Capriles. En estas elecciones no se va a escoger al alcalde que barra mejor las calles o que coloque los bombillos; se miden dos visiones del país. La oposición se enfrenta con abusos de poder, que se manifiestan en el uso desmedido de recursos públicos; y con violaciones de los derechos humanos, como la poca libertad de expresión política. Todas estos obstáculos son propios de una dictadura”, asegura.

El especialista afirma que la actitud del gobierno demuestra el miedo que tiene ante el ambiente electoral. “Ellos saben que todos los estudios de opinión califican mal la gestión de Maduro. Saben que les va a caer una lluvia sin paraguas y no tienen otra salida que cercar a la oposición. Sin embargo, la oposición ha ganado terreno, como lo demuestran los últimos resultados electorales”, dice.

Mariana Bacalao, especialista en opinión pública, asevera que el Ejecutivo exacerba su acción en la arena política y eso desdibuja el carácter democrático que debe tener el Estado.

“El gobierno se está quitando la máscara democrática que tenía. El uso de las instituciones del Estado como oficinas políticas solo se corresponde con un régimen dictatorial. El arma ciudadana ante este exabrupto es el voto”.

En la mira

Henrique Capriles
Gobernador de Miranda


Tiene un expediente abierto porque se le responsabiliza de hechos violentos luego de las elecciones del 14 de abril. Uno de los rectores del CNE propuso sancionarlo por un video que presuntamente viola la Ley Electoral. Capriles denunció ayer que Maduro dio una orden para prohibir el vuelo del avión en los que viaja por el país.

Henri Falcón. Gobernador de Lara

La Comisión de la Contraloría de Asamblea Nacional aprobó el 13 de noviembre un informe que será presentado en plenaria, en el cual acusan a Falcón y a funcionarios de su despacho de daño patrimonial durante su gestión. Al gobernador se le ha negado el acceso al expediente. Ha calificado la medida de retaliación política.

Juan Carlos Caldera. Diputado por Miranda (PJ)

Tiene audiencia pendiente para determinar si hay méritos para una investigación en su contra. Se le acusa de valimiento (alardear de tener relaciones de influencia con un funcionario público para recibir dinero o bienes). Ha pasado más de un año desde que se presentó el caso en Fiscalía. La audiencia se ha diferido en dos oportunidades.

Gustavo Marcano. Diputada por Anzoátegui (PJ)

Al diputado Gustavo Marcano se le siguen dos causas iniciadas en 2005 y 2007 por presuntos hechos de corrupción durante su gestión como alcalde de Lechería. El 14 de febrero el fiscal 10º, Richard Monasterios, pidió a la fiscal estudiar la posibilidad de solicitar declaratoria de antejuicio de mérito contra Marcano. El expediente aún está en el despecha de la funcionaria.

María Aranguren. Diputada por Monagas (Mi Gato)


Se le allanó la inmunidad parlamentaria el 13 de noviembre para dar paso a una investigación en la que se la responsabiliza de irregularidades cuando formaba parte del equipo del gobernador José Gregorio Briceño. La denuncia fue recibida en el Ministerio Público en 2009. El retiro de la prerrogativa dio paso para que el diputado Carlos Flores votara a favor de la ley habilitante.

Richard Mardo. Diputado por Aragua (PJ)

Se le despojó de la inmunidad parlamentaria el 30 de julio. El 5 de febrero Pedro Carreño formalizó ante la Fiscalía la denuncia contra Mardo por la presunta recepción y cobro de cheques que le habrían sido entregados por representantes de varias empresas privadas por cerca de 600 millones de bolívares, que no fueron declarados ante el Seniat ni el CNE.

Abelardo Díaz. Diputado por Táchira (Copei)


El diputado Ricardo Sanguino (PSUV) lo vincula con un presunto caso de corrupción en la gestión de César Pérez Vivas como gobernador del Táchira. Díaz es parte de la Comisión de Contraloría de la AN. “La persona menos indicada para estar hablando y criticando (…) sobre las medidas que se están tomando (…) es Díaz”, expresó Sanguino el 13 de noviembre.

Antonio Ledezma. Alcalde Metropolitano

Desde 2010 Ledezma tiene una solicitud de investigación en la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. La denuncia fue presentada por la bancada oficialista aludiendo una supuesta malversación de fondos en la alcaldía. Ledezma aspira a la reelección y es respaldado por los partidos de la MUD.

Miguel Cocchiola. Diputado por Carabobo (Independiente)

El diputado Pedro Carreño manifestó que el 20 de noviembre llevaría una solicitud a la Fiscalía para investigar al diputado por usura y especulación. También fue señalado por el presidente Nicolás Maduro de estar involucrado con una empresa investigada en el estado Carabobo. Cocchiola es candidato de la MUD a la Alcaldía de Valencia.