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SIP condena hostigamiento en contra de El Nacional

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa | AFP

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa | AFP

Claudio Paolillo advirtió nueva etapa de acoso en contra medios de comunicación críticos para asfixiarlos económicamente

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La Sociedad Interamericana de Prensa repudió la sentencia de la jueza tercera de juicio con competencia en protección de niños, niñas y adolescentes Betilde Araque contra de El Nacional por la publicación de fotos de la morgue de Bello Monte en 2010.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización y director de la revista Búsqueda de Uruguay, calificó el dictamen judicial de “acto de censura aplicado por el heredero de Chávez en la nueva etapa de hostigamiento de la libertad de expresión y que consta de un objetivo central: asfixiar económicamente a medios críticos e independientes para acallar las voces que no comulguen con el discurso oficial”.

Paolillo cuestionó que se transfiera a la prensa la legislación que sólo aplica para radio y televisión, cuya programación tiene horarios supervisados para los menores de edad. Destacó que existen diferencias entre los medios de comunicación porque la prensa no requiere de autorización del Estado para operar como sí sucede en el caso de la radio y la televisión, que requieren de concesiones y ondas hertzianas.

“Venezuela desde hace años camina con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro hacia un régimen totalitario a pasos firmes. Se ataca virulentamente la libertad de expresión”, subrayó.

El vocero de la SIP dijo que aunque la sentencia fundamentalmente afecta al periódico y sus trabajadores, al final el mayor perjudicado es el pueblo venezolano porque se les restringe a los ciudadanos su derecho de decir lo que quieren y a decidir los contenidos que leen.

Paolillo dijo que la SIP mantiene un monitoreo sobre Venezuela desde hace ocho años, por lo cual no le sorprende mucho la decisión del tribunal que prohibió a El Nacional publicar imágenes de contenido violento, armas, agresiones físicas, sangrientas y cadáveres desnudos.

Sostuvo que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, es el principal discípulo de Chávez en los ataques a la libertad de expresión, al punto que designó un superintendente para censurar contenidos.


Revocatoria. La ONG Espacio Público rechazó la multa impuesta, exigió que se revoque la sentencia  y que el Estado se abstenga de sancionar otros medios de comunicación o a periodistas y de fijar restricciones a la libertad de expresión. En un comunicado señaló que el Estado debe comprobar que se hizo daño a niñas, niños y adolescentes con las imágenes divulgadas por El Nacional y replicadas por el periódico Tal Cual.

Advierten que la utilización del poder del Estado para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas representa un atentado contra la libertad de expresión en el país. Consideran discriminatorio que haya sanciones a medios independientes cuando no se aplican penas a medios adeptos al Gobierno, pese a que pueden cometer ilícitos.

“En caso de que el tribunal determine que debe imponerse una sanción a un medio de comunicación por haber excedido los límites de la libertad de expresión, esta debe ser siempre proporcional en comparación con el daño ocasionado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que debe evaluarse el contexto de la situación, el nivel de influencia que las personas o los medios puedan tener en la sociedad, la gravedad de la sanción en relación con el tipo de daño causado o que podría ser causado, la utilidad de la información para el público y el tipo de medio de difusión utilizad”, argumenta Espacio Público.

Los periódicos El Tiempo de Bogotá y La Nación de Argentina divulgaron la información sobre el dictamen y replicaron la nota publicada en El Nacional a través del Grupo de Diarios de América.


Por encima de la ley

El jurista Héctor Faúndez afirmó que la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes ni cualquier otra puede sobreponerse a la Constitución y a los convenios internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, los cuales prohíben en forma absoluta la censura previa.

“La multa y la prohibición de publicar imágenes violentas son desproporcionadas y discriminatorias. Por una parte, no están ajustadas a un fin legítimo y, además, afectan a sólo dos medios de comunicación del país. ¿Es que acaso el resto sí puede publicar imágenes violentas?”, se preguntó el experto. Aseguró que las sanciones contra El Nacional y Tal Cual contrastan con la laxitud del Poder Judicial ante los medios de comunicación oficialistas. “Ellos han publicado informaciones y fotografías muchos más tenebrosas, e incluso han hecho apología de la violencia”, agregó.

Faúndez considera que la censura previa judicial emerge como un paso adelante en los intentos de manipular el ordenamiento jurídico, con el propósito de restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos que puedan irritar o molestar al Gobierno.

Está convencido de que los jueces venezolanos no actúan como árbitros imparciales, por lo que opina que la única opción es que los ciudadanos salgan a las calles a defender las libertades democráticas.


Un artículo inaplicable a la prensa

El artículo 234 de la Lopna, conforme al cual fueron sentenciados los periódicos El Nacional y Tal cual,  establece lo siguiente: “Quien transmita, por cualquier medio de comunicación, informaciones o imágenes en contraposición a esta ley o a las regulaciones de los órganos competentes, en horario distinto al autorizado, sin aviso de calificación o que haya sido clasificado como inadecuado para los niños, niñas o adolescentes admitidos, será sancionado con multa de 1% hasta 2% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal anterior a aquel en el cual se cometió la infracción.

En estos casos procede igualmente, según la gravedad de la infracción, la suspensión de la programación del medio de comunicación de que se trate hasta por dos días”.

La disposición contiene cinco elementos que evidencian que sólo es aplicable a canales de televisión o a emisoras de radio:

- “Quien transmita”: Los medios impresos publican. Son la televisión y la radio las que transmite programación.

- “En contraposición a las regulaciones de los órganos competentes”: El único órgano competente en materia de medios es Conatel y su autoridad no rige para medios impresos porque no requieren de telecomunicaciones para su funcionamiento.

- “En horario distinto al autorizado”: Los medios impresos no tienen horarios para su publicación, distribución o lectura. 

- “Sin aviso de calificación”: Los elementos de clasificación (lenguaje, salud, sexo y violencia) están establecidos en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que no aplica a medios impresos.

- “La suspensión de la programación del medio de comunicación”: Los medios impresos no tienen programación, por lo que resulta materialmente imposible que se suspenda.