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Cedice Libertad alertó irregularidades en asignación de recursos por Decreto de Emergencia Económica

El presidente Nicolás Maduro le entrega el decreto de emergencia económica al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Henry Ramos Allup, el viernes pasado | Foto: AFP

El presidente Nicolás Maduro le entregó el decreto de emergencia económica al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, y el Parlamento lo rechazó | Foto: AFP

El Observatorio de Gasto Público cuestionó que no haya sido aprobada por el Parlamento la utilización de más de 120 millones de bolívares en créditos adicionales promulgados por el Poder Ejecutivo en marzo

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Como una “inconsulta distribución de recursos” calificó el Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) la distribución de Bs. 121.613.240.772,00 en créditos adicionales que fueron promulgados por el Poder Ejecutivo en el marco del Decreto de Emergencia Económica, y cuyo manejo no pasó por la discusión y aprobación de la Asamblea Nacional.

Según la denuncia del OGP, en Gaceta Oficial N° 40.880 apareció la repartición de los fondos el 5 de abril de 2016, que asigna 39,08% a gastos del ministerio de Educación; el 26,53% al ministerio de la Defensa, y el 9,85% al ministerio de Energía Eléctrica, quedando distribuido entre otras carteras el monto restante (ver gráfico anexo).

“En un Estado de Derecho transparente estos recursos deben ser solicitados bajo la figura de créditos adicionales y deben ser aprobados por la AN, ya que están fuera de los recursos aprobados previamente por la Ley de Presupuesto”, resalta el alerta emitido por el Observatorio.

Otra irregularidad observada en el manejo de estos recursos tiene que ver con su origen, que, según el decreto promulgado en el mes de marzo, provienen del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y de los recursos propios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

“Hasta los momentos no se conoce cómo el Seniat puede tener recursos propios, cuando esta institución tiene como función la recaudación de los fondos públicos, no su atesoramiento”, denuncia el OGP.

Finalmente, los investigadores de Cedice Libertad coinciden en alertar el impacto de estos manejos discrecionales que permite el Decreto de Emergencia Económica, que la AN negó pero que igualmente fue adoptado por el Poder Ejecutivo.

“Si la administración púbica sigue bajo los efectos de este decreto de emergencia, se estaría generando un desorden administrativo que promueve la falta de transparencia en la rendición de cuentas de los fondos públicos. No es sano en un régimen fiscal permitir que el Presidente asigne recursos con plena discrecionalidad y pasando por alto a su principal contralor, la Asamblea Nacional”, sostienen.