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Ceballos, Baduel y Oliveros ahora están privados de la voz y la acción política

Políticos advierten sobre estrategia para pacificar a adversarios | Foto Henry Delgado / Archivo

Políticos advierten sobre estrategia para pacificar a adversarios | Foto Henry Delgado / Archivo

Los analistas Luis Salamanca, Carmen Beatriz Fernández y Gonzalo Himiob coinciden en que el gobierno intenta suavizar su imagen autoritaria

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Desde los calabozos donde permanecieron hasta esta semana, Raúl Baduel, Daniel Ceballos y Deivis Oliveros no desperdiciaron oportunidades para persistir en su oposición al gobierno: varias cartas, manifiestos y hasta videos pudieron hacer llegar a la opinión pública. Ahora, cuando las elecciones parlamentarias plantean la posibilidad de un cambio político, los tres no podrían catalizar el descontento con el régimen, pues los jueces les prohibieron tajantemente comunicarse con la prensa o intervenir directamente en la diatriba política.

“Todo apunta a que se trata de una estrategia de pacificación de grandes movilizadores del voto: un político con gran popularidad como Ceballos, un general en jefe trisoleado que alguna influencia debe mantener en los cuarteles como Baduel y un estudiante del ala radical, JAVU, como Oliveros. La condición que les han impuesto a los tres pudiera resumirse en aquello de ‘calladito y quietico te ves más bonito’, porque está claro que el incumplimiento de alguna de las restricciones les puede acarrear su regreso a la cárcel”, advierte el politólogo Luis Salamanca.

La experta en mercadeo electoral Carmen Beatriz Fernández agrega que las limitaciones que ahora tienen Ceballos, Baduel y Oliveros son similares a las aplicadas a otros presos políticos y emergen como una nueva forma de reprimir al adversario, aunque sea menos dura que tenerlo en una celda: “Con el auxilio de jueces que están prestos a acomodar las normas a los intereses gubernamentales, a los opositores que logran salir de las prisiones les coartan las posibilidades de accionar políticamente”.

Salamanca  y Fernández no tienen duda de que la “aparente benevolencia del gobierno” está determinada por la coyuntura electoral, lo cual confirma que las razones para la detención de estas personas no son jurídicas, sino políticas.

El directivo del Foro Penal Venezolano Gonzalo Himiob ofrece evidencias concretas del uso de la justicia penal a favor de los intereses electorales del oficialismo: “El jueves 13 de agosto se llevó a cabo otra sesión del juicio que se le sigue a los estudiantes que instalaron un campamento antigubernamental frente a la sede del PNUD.  Una vez más pedí la liberación de los que permanecen presos (Gerardo Carrero, Nixon Leal, Carlos Pérez y Ángel Contreras) y una vez más la negaron. Es inexplicable, por ejemplo, que mantengan encarcelado a Contreras, pues a él le fueron imputados menos delitos y menos graves que a otros estudiantes acusados en la misma causa y a los que les concedieron libertad condicional. El único patrón claro es que a todos los estudiantes les imponen la prohibición de volver a participar en manifestaciones públicas”.

Himiob agrega que las recientes decisiones en los casos Ceballos, Baduel y Oliveros se debieron tomar desde hace mucho tiempo, porque procedían en buen Derecho: “Ello confirma que sí se trata de presos políticos y que los procesos penales en su contra no los dirigen los jueces, sino el gobierno”.

Tratamiento cosmético. Los tres analistas insisten en que, ante la pérdida de popularidad que amenaza la permanencia del chavismo en el gobierno, todos los órganos del Poder Público han participado en el manejo de los presos políticos de manera orquestada.

Salamanca afirma que existe un plan deliberado que se va ejecutando por sectores y por etapas: “Recordemos las inhabilitaciones de fuertes candidatos de la oposición por la Contraloría General de la República, la incorporación de la paridad de género impuesta por el Consejo Nacional Electoral, las migraciones de electores  fraudulentas avaladas por las autoridades del CNE  y el desmebramiento que causó el Tribunal Supremo de Justicia en las directivas de partidos políticos como Bandera Roja y Copei, por el lado de la oposición, y Joven, IPCN, ORA, Vanguardia Republicana y MEP, por el lado del oficialismo”.

Los analistas también coinciden en que los casos de Ceballos, Baduel y Oliveros corresponden a una especie de limpieza de cutis para suavizar la imagen del gobierno. “Los presos políticos constituyen una mancha muy fea que da cuenta del talante autoritario del gobierno. Eso ha sido advertido por los gobiernos democráticos y los organismos internacionales que han puesto la lupa sobre Venezuela, pero también por sectores moderados del chavismo que dudan de seguir apoyando al régimen”, señala Fernández.

Himiob considera factible que haya más libertades condicionales o casas por cárcel antes del 6 de diciembre. Salamanca califica de “dakasos electorales” esas posibilidades, pero advierte: “Aquí no hay nada definitivo en cuanto a las estrategias, incluso las más inescrupulosas que pudiera usar el chavismo para conservar el poder”.

Los 10 de la Defensoría
Aunque el defensor del pueblo, Tarek William Saab, prefirió no hacer comentarios al respecto, fuentes oficiales aseguraron que el organismo intercedió para que les fueran concedidas medidas de arresto domiciliario o libertad condicional a 10 presos políticos: Marcelo Crovato, Miguel Ángel Nieto, Christian Holdack, Pablo Estrada, Magali Contreras, Andrés León, Antonio Ledezma, Gerardo Resplandor, Jeremías Silva y Raúl Baduel.

 

Cifra
73 presos políticos cuenta el Foro Penal Venezolano hasta el 13 de agosto de 2015: 27 están recluidos en sedes del Sebin, 17 en cárceles militares, 15 en penales comunes, 5 en comandancias de policía y 9 en arresto domiciliario.

 

 

 

Concesiones en tres frentes

Daniel Ceballos
La persecución contra el alcalde de San Cristóbal destituido marca un hito en la administración de justicia en el país: enfrenta un segundo juicio por los mismos hechos por los que fue condenado; es decir, la supuesta promoción de las protestas en Táchira durante 2014.

Llama la atención que se le asignó como nuevo sitio de reclusión una residencia en Caracas (con el argumento de que es la jurisdicción del tribunal de la causa) y no en su vivienda en San Cristóbal donde, aun preso, pudiera causar problemas al gobierno.

Voluntad Popular es la organización política con más militantes presos (36% de un total de 35 casos analizados por la ONG Cepaz). Además, es el partido de Leopoldo López, quien ha reiterado que nunca aceptaría una libertad condicional.


Raúl Baduel
El ex ministro de la Defensa tampoco es cualquier preso político. Solo un detalle: fue clave en la contención del pronunciamiento militar contra el gobierno de Hugo Chávez el 11 de abril de 2002, por lo cual recibió las mayores deferencias en la Fuerza Armada.

Aunque Baduel fue condenado por hechos de corrupción, la inclemencia del gobierno en su contra se atribuye a su “salto” hacia la oposición.

Su abogado Omar Mora agradeció la intercesión de la Defensoría del Pueblo y se especula sobre negociaciones privadas entre familiares de Baduel y  autoridades judiciales para que le otorgaran una libertad anticipada que le correspondía desde hace mucho tiempo, porque fue condenado a ocho años y ya había cumplido siete en prisión.


Deivis Oliveros
Estaba detenido en el Sebin desde septiembre de 2014 y, como el resto de los estudiantes presos, encarna la incorporación activa de la juventud a la lucha contra el gobierno.

Oliveros es miembro de Juventud Activa Venezuela Unida, que hace poco rompió con la Mesa de la Unidad Democrática y se perfila como un grupo no alineado. Julio César Rivas, su máximo dirigente, asegura que no se prestará a estrategias gubernamentales divisionistas. Sin embargo,  JAVU pretende llevar a la Asamblea Nacional candidatos “alternativos”, entre ellos algunos estudiantes presos como Gerardo Carrero y Ronny Navarro, ambos como opciones distintas del PSUV y la MUD.

Recordó que quedan 15 líderes estudiantiles presos, por lo cual el gobierno no debería estar tranquilo.