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Copei propone que Estado financie a partidos políticos

Sesión de la Asamblea Nacional / José Pacheco

Sesión de la Asamblea Nacional / José Pacheco

Roberto Enríquez plantea que se entregue 0,5% del presupuesto nacional: 30% en partes iguales y 70% por votación

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Copei presentó en la Asamblea Nacional un “proyecto de ley de garantías para la transparencia de la actividad política”,  que el partido espera que sea aprobado por los diputados del oficialismo.

El presidente de la organización, Roberto Enríquez, aseguró que la intención es eliminar la posibilidad de financiamiento ilícito de la actividad política y anunció que también presentarán pruebas de 200 millardos de dólares que se le han “escapado al país” por culpa de la corrupción.

El texto propone que el Estado financie 70% del presupuesto de los partidos políticos para garantizar el derecho a la participación política establecido en la Constitución. Enríquez opina que, como se trata de un derecho constitucional, el Estado y los partidos deben impulsarlo y que es necesario evitar que sectores económicos lo condicionen.

Para sustentar la tesis, Copei se apoya en el artículo 62 de la carta magna, que estipula que todos los ciudadanos tienen derecho de participar directamente en asuntos públicos y el Estado debe generar condiciones favorables para garantizarlo.

El proyecto propone que el Estado disponga de 0,5% de su presupuesto para las organizaciones políticas. Se pide que 30% de ese monto se entregue en partes iguales a todos los partidos y el restante 70% se otorgue de acuerdo con los votos de cada organización (las más votadas, reciben más recursos).

Copei también propone que las organizaciones con fines políticos publiquen anualmente su régimen de gastos y que las autoridades de esos partidos, así como todo funcionario, hagan del conocimiento público su declaración jurada de patrimonio.

"Hoy, de la forma en que se financia la política, no hay manera de garantizar su transparencia. Hay partidos que tienen gastos que nos parecen inexplicables. El PSUV tiene control de más de 90% del presupuesto nacional”, agregó Enríquez.

El partido opina que la privatización y estatización de la actividad política deben ser combatidas, debido a que “ambas facilitan el financiamiento con recursos provenientes de la corrupción, narcotráfico y todo tipo de recursos de origen ilícito”.

La privatización, argumentan, entregaría la participación política a los privilegiados económicos, y la estatización permitiría el uso del poder para evitar la disidencia.