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CIDH: La intolerancia debilita la democracia en Venezuela

El organismo internacional rechaza la militarización de la seguridad ciudadana | Foto EFE / Archivo

El organismo internacional rechaza la militarización de la seguridad ciudadana | Foto EFE / Archivo

La designación de las autoridades de los poderes públicos sin garantías de pluralismo amenaza la vigencia de los derechos humanos, advirtió la Comisión 

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El Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos correspondiente a 2014 se fundamenta en la criminalización de la protesta en el país, que se profundizó el año pasado, para concluir:  “La intolerancia política ha conducido en Venezuela al debilitamiento de las instituciones democráticas, y las represalias al disenso han dejado a ciertos sectores de la sociedad sin instrumentos para defender sus intereses, protestar, criticar, proponer y ejercer su rol fiscalizador dentro del sistema democrático”.

Venezuela ha sido incluida en doce oportunidades (años), junto con Cuba, en el Capítulo IV del Informe, la llamada lista negra,  en la que figuran los países del hemisferio que no garantizan la plena vigencia de los derechos humanos.

“Como un punto de especial preocupación”, el documento refiere el aumento sustancial de las declaraciones estigmatizantes e intimidatorias de altos voceros del gobierno contra grupos de la sociedad civil que son identificados como de oposición. La CIDH insiste en que estas prácticas “recrudecen el delicado ambiente de polarización que es favorecido por las alegadas represalias al disenso político”.

En una alusión indirecta a la intervención de los llamados colectivos en la represión de las manifestaciones opositoras, el informe señala que “las expresiones de intolerancia política por parte de las autoridades políticas, en ocasiones pueden hacerse eco entre grupos civiles, algunos de los cuales las llevan al extremo y actúan al margen de la ley como grupos de choque para amedrentar a quienes consideran enemigos del proyecto político del gobierno”.

Cerco a la prensa. La CIDH determinó que en 2014 hubo “un incremento en las agresiones, amenazas y detenciones a periodistas que se encontraban realizando su labor informativa en el marco de estas protestas sociales, la continua estigmatización por parte de altos funcionarios públicos de medios de comunicación y periodistas críticos, la apertura de procesos sancionatorios y despidos de comunicadores por la cobertura de noticias relacionadas con denuncias o consideraciones sobre la situación del país, la persistencia del problema de escasez del papel de prensa, así como la salida intempestiva de un canal y presuntos bloqueos al acceso a medios de comunicación a través de Internet”.

En el informe se insiste en que la intolerancia impide el libre intercambio de ideas: “Diversos factores como los actos de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación en relación con su trabajo, así como las declaraciones descalificatorias de altos funcionarios públicos, configuran un escenario restrictivo que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión como condición de una democracia fundada en el pluralismo y la deliberación pública”.

La CIDH identifica como amenazas a los derechos humanos en Venezuela la falta de contrapesos institucionales. En ese sentido destaca que la selección de las autoridades de los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral se realizaron “sin que existieran garantías suficientes para asegurar la vigencia de los valores del pluralismo y la diversidad”.

Una vez más la Comisión se hace eco de la crisis de la impunidad, sobre la base de las estadísticas oficiales del Ministerio Público que indican que 98% de las violaciones de derechos humanos no llegan a la etapa de juicio.

El dato
“La Comisión Judicial  (del TSJ) ha acordado la designación, traslado y nombramiento de alrededor de 1.111 jueces y juezas de todo el país, de los cuales solo 22 corresponden a la situación de jueces y juezas titulares, y se trata en su mayoría de traslados acordados por diversos motivos”, se indica en el informe de la CIDH.



A un año de la toma de campamentos hay 5 presos
SOFÍA NEDERR
ELEONORA DELGADO 

Los estudiantes Gerardo Carrero, Gerardo Resplandor, Nixon Leal, Carlos Pérez y Ángel Contreras son los cinco jóvenes que permanecen detenidos en el Sebin, un año después de la toma de los campamentos estudiantiles por parte de efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana en Baruta y Chacao.

El proceso penal está abierto y la última audiencia convocada por el Tribunal 12 de Juicio, a cargo de la jueza María Eugenia Núñez, fue suspendida el 6 de mayo. Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, consideró absurdo que los jóvenes, todos del campamento del PNUD, sigan en la cárcel cuando están en la misma causa que los 213 estudiantes detenidos, la mayoría sobreseídos, y 8 tienen medidas cautelares.

“En este caso hay un carácter político, no hay duda. Estamos hablando de las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar de los estudiantes sobreseídos. Esto debe ser extensivo para el beneficio del reo. Es claro que para que una persona sea imputada por un delito debe haber hechos y circunstancias que así lo conformen. Esperamos la libertad de estos jóvenes porque no hay delito”, indicó.

Dijo que recurrirán con insistencia ante las Naciones Unidas, en vista de que los estudiantes aún detenidos fueron aprehendidos mientas protestaban frente a la sede diplomática. Indicó que la jueza del caso desechó las disposiciones del Comité contra la Tortura en el que se ordenaba la liberación de los afectados por detenciones arbitrarias.

Esperan que la Defensoría del Pueblo siga el caso de Gerardo Carrero, con medidas de protección, trasladado desde “La Tumba” en el Sebin de Plaza Venezuela al Helicoide, por tortura y tratos crueles. Denunció ensañamiento con Carrero, que dirigió cartas a Nicolás Maduro. El miércoles, Carrero, estudiante de la UCAT, denunció atropellos a su familia durante la visita.

Gerardo Resplandor escribió desde su cuenta en Twitter, el 6 de mayo: “Mi espíritu se fortalece, sé que pronto prevalecerá la justicia y seremos LIBRES”.

Protesta en Táchira. Estudiantes de varias universidades se encadenaron en las escaleras de acceso a las oficinas de la Fiscalía, en San Cristóbal, y mostraron carteles con mensajes que exigían justicia para Gerardo Carrero.

“Gerardo Carrero cumple un año detenido por Nicolás Maduro”, dijo Fernando Márquez, estudiante de la Universidad Católica del Táchira.