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Denunciarán al Estado ante CIDH por la muerte de Franklin Brito

El agricultor Franklin Brito | ERNESTO MORGADO

El agricultor Franklin Brito | ERNESTO MORGADO

La viuda del productor agropecuario está dispuesta afrontar eventuales represalias por su reclamo de justicia ante instancias internacionales

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“Esta lucha no termina aquí”, expresó la viuda de Franklin Brito al informar que denunciará al Estado ante instancias internacionales por la reiterada negativa de los tribunales venezolanos a investigar las circunstancias en que murió el productor agropecuario.

Brito falleció el 30 de agosto de 2010 en el Hospital Militar Carlos Arvelo, adonde había sido recluido en contra de su voluntad el 14 de diciembre de 2009. Su traslado forzoso fue solicitado por el Ministerio Público y acordado por el juez Lenín Fernández, sobre la base de una norma derogada de la Ley de Amparo.

El 31 de mayo de 2011, Elena de Brito, asistida por el abogado Alberto Arteaga, solicitó a la Fiscalía que se investigara por qué el Estado no pudo preservar la vida de la víctima. Lejos de iniciar las averiguaciones, el Ministerio Público pidió que se desestimara la solicitud y así lo acordaron la jueza Sheyla Pestana y luego los integrantes de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones Jesús Boscán, Jimai Montiel y Evelyn Hidalgo.

El caso llegó hasta la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y el 27 de febrero de 2013, con ponencia de Paúl Aponte, se negó en forma definitiva la posibilidad de establecer responsabilidades.

“Nunca me han notificado formalmente de todas estas sentencias que constituyen una denegación de justicia. Pero hay cosas que investigar. A Franklin no le permitieron ser asistido por un médico de su confianza y estuvo aislado e incomunicado. En el hospital militar empeoró, lo intubaron, le perforaron un pulmón. Todo eso lo denunciamos como tortura, pero ningún organismo del Estado nos escuchó”, señaló Elena de Brito, quien está dispuesta a afrontar  represalias por desafiar al Estado venezolano.

La familia Brito acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el apoyo de Cofavic y Acción Solidaria, entre otras organizaciones de derechos humanos.