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CEV y ONG exigen enjuiciar a policías y militares

Las organizaciones no gubernamentales y la Iglesia también defienden el derecho a manifestar públicamente | Foto Williams Marrero / Archivo

Las organizaciones no gubernamentales y la Iglesia también defienden el derecho a manifestar públicamente | Foto Williams Marrero / Archivo

El clero y activistas de derechos humanos denuncian que la población ha sido víctima de grupos paramilitares  

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La Conferencia Episcopal Venezolana y 22 organizaciones no gubernamentales –incluidas las 12 que integran el Foro por la Vida– emitieron comunicados en los que denuncian que al reprimir las protestas policías y militares se han violado los derechos humanos de muchos manifestantes; que la población ha sido víctima de grupos armados paramilitares, y que es necesaria una investigación imparcial de lo ocurrido.

“Rechazamos rotundamente el empleo de la fuerza ejercida en algunas manifestaciones por parte de organismos de seguridad del Estado, que se han extralimitado y han producido consecuencias irreparables. Comprobamos además la indefensión de la ciudadanía ante la irrupción de grupos armados no policiales ni militares que han arremetido contra la población”, indica el comunicado de la CEV.

El clero advierte que es necesario individualizar a los responsables de los ataques sufridos por los manifestantes. “El Poder Moral, especialmente la Fiscalía, debe investigar estos casos y poner en manos de la justicia a miembros de estos organismos que hayan abusado de su autoridad. Es necesario llegar a la verdad de los sucesos de estos días. Se ha propuesto una comisión de la verdad. Esta no es para favorecer a un sector en detrimento del otro. Es necesario que Venezuela conozca a quienes han delinquido y paguen su condena, sea quien sea. De allí el pluralismo que debe existir en esa futura comisión”, dice el documento.

La Iglesia Católica asegura que urge un diálogo nacional en el que, además de buscar la verdad, se reconozca y se respete a quienes piensan distinto. “Se requiere un cambio radical en el lenguaje: que no sea ni descalificador ni ofensivo”, señala.


ONG. “Es importante que sectores de la comunidad nacional e internacional reaccionen para cuestionar las violaciones de los derechos humanos, reclamen una investigación independiente, pidan el cese de la represión y fomenten el diálogo”, indica las ONG.

Además de advertir sobre la acción de grupos paramilitares, se denuncia que estos son aupados desde el gobierno. “Algunos altos funcionarios del Estado, a través de sus cuentas en Twitter, han alentado la actuación de tales grupos y a la fecha el presidente Nicolás Maduro no ha realizado ninguna condena a dichos grupos. Tampoco la fiscal ni la defensora del pueblo han cuestionado su acción, que han ayudado a detener manifestantes, lanzar bombas lacrimógenas y realizado disparos, incluso contra viviendas”, señala el documento.

Las ONG aseguran que la fiscal Luisa Ortega no ha llevado a cabo las investigaciones con la debida diligencia. “Esto equivale a una grave renuncia de sus funciones institucionales”, indican. Lo mismo afirman con respecto a Gabriela Ramírez, defensora del pueblo.


SIP
La Sociedad Interamericana de Prensa emitió un comunicado en el que repudia la censura informativa impuesta por el gobierno en Venezuela. “Esta censura se hace patente en el trato hostil a los periodistas y a los medios nacionales y extranjeros", señala. La SIP rechazó la revocatoria de las credenciales a los reporteros de CNN y que hayan sacado del aire a NTN24, todo esto sin procedimiento previo.

52 ONG, 16 países
La Coalición de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, que integran 52 ONG de 16 países, insta al Estado venezolano a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; y, especialmente en esta coyuntura, los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la manifestación pacífica, la libertad de expresión y el acceso a la información.

“El Estado venezolano debe llevar a cabo investigaciones de oficio, independientes, imparciales y efectivas para aclarar de los hechos violentos, independientemente de si fueron perpetrados por participantes en las protestas, grupos armados civiles o si ocurrieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por funcionarios policiales o militares venezolanos”, señala.