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Brigada contra grupos violentos criminaliza la protesta pacífica

El ministro Miguel Rodríguez Torres se convertirá  en un gran fiscal inquisidor, dijo Jesús Ollarves | Foto Archivo El Nacional

El ministro Miguel Rodríguez Torres se convertirá en un gran fiscal inquisidor, dijo Jesús Ollarves | Foto Archivo El Nacional

Expertos en derechos humanos aseguran que el decreto del presidente Nicolás Maduro busca intimidar

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La creación de la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia es considerada por expertos una medida que busca criminalizar e intimidar a quienes protestan en Venezuela.

En la Gaceta Oficial 412838, publicada ayer, se establece que el organismo tendrá por objeto coordinar, analizar, evaluar, organizar, dirigir, ejecutar y recabar las informaciones y acciones provenientes de todos los órganos de seguridad ciudadana e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas para neutralizar y controlar las actividades de los grupos generadores de violencia.

El abogado Jesús Ollarves advirtió que la medida da al Estado la  potestad de calificar de violenta cualquier acción que realicen quienes demuestren su descontento en las calles.

“Es un organismo no previsto en la Constitución que busca atemorizar al ciudadano. Todos corremos el riesgo de que nos consideren violentos y sospechosos. Se sustituye la presunción de inocencia por la de culpabilidad”, afirmó el también profesor en derechos humanos de la UCV sobre la posibilidad de que las personas sean enjuiciadas por asociación para delinquir solo por manifestar.

Entre los considerandos del presidente Nicolás Maduro está el deber del Ejecutivo de desarrollar políticas públicas que disminuyan la delincuencia. Sin embargo, Ollarves aseguró que si realmente esa fuera la intención se deberían propiciar medidas como la reducción de armas de fuego y el desarme de grupos armados como colectivos.

El decreto establece que la brigada dependerá del ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres. El director general será designado por Maduro. “La medida convierte a Rodríguez Torres en un gran fiscal inquisidor tipo Torquemada”, indicó el abogado.

Paralelismos. El defensor de derechos humanos Inti Rodríguez,  miembro de Provea, señala que hay coincidencias entre la brigada y el Comando Específico José Antonio Páez, responsable de la masacre de El Amparo y otros abusos en los años ochenta.

También lo compara con el grupo Colima creado por Alberto Fujimori,  responsable de violaciones de derechos humanos en Perú, e incluso encuentra parecido con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

“El principio es el mismo. Fueron grupos que se crearon para cometer arbitrariedades con enorme poder de actuación y autonomía. El concepto es perseguir a determinados grupos de la población con el argumento de la seguridad del Estado”, dijo.

Rodríguez destacó que la medida se toma en momentos en que la situación económica y social puede incentivar aún más a la población a manifestar por los problemas que la aquejan. “A esas personas se les quiere precalificar de golpistas, participantes de un plan conspirativo, por lo que se intenta justificar la represión”.

Ve con preocupación el discurso de las instituciones del Estado contra  quienes expresan desacuerdo. “Ahora la Fiscalía califica de violentas todas las movilizaciones que se realizaron en el país. Es decir, todos los que participaron forman parte de grupos violentos; por tanto, pueden ser objeto de medidas o persecución”

Recuerda que no solo manifiestan quienes se oponen al gobierno, sino también personas que exigen resolución de problemas muy específicos como la falta de agua o vivienda. “Nosotros reivindicamos el derecho de los ciudadanos de ejercer su derechos”, agregó.

Rodríguez y Ollarves coinciden en que cuando el decreto se refiere a entidades públicas y privadas las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, medios de comunicación, bancos y hasta juntas de condominio pueden ser objetivos de la brigada especial cuando necesite información. “Ser delator ahora es una obligación”, señala Ollarves, que advierte sobre secretismo que existe alrededor del grupo.

El artículo 8 estipula que el director general de la brigada especial puede declarar el carácter reservado y clasificado de cualquier información o hecho relacionado con el nuevo organismo.

Ollarves tiene reservas sobre la actuación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero es partidario de que se pida la nulidad del decreto.