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García: Denuncias sobre narcotráfico son un ajuste de cuentas entre Isea y El Aissami

El diputado Ismael García/Leonardo Guzmán

Ismael García reitera que Luisa Ortega Díaz debe ser investigada por el Poder Moral, por negligencia en el caso de Isea /Leonardo Guzmán

“Fiscales de Estados Unidos buscan completar expedientes contra narcos chavistas”, dijo el periodista Casto Ocando

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La salida de Rafael Isea de Venezuela, primero a Aruba y luego a República Dominicana, donde contactó a la DEA (Drug Enforcement Administration), es el primer capítulo de la pugna interna en el Gobierno. 

“Es un ajuste de cuentas entre Isea y Tareck el Aissami”, afirmó el diputado de Avanzada Progresista Ismael García, quien en 2009 denunció las “operaciones fraudulentas” del ex ministro de Finanzas con notas estructuradas, y hace un mes solicitó al Poder Moral investigar a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por no haber actuado en este caso que comprometería los patrimonios de Venezuela, Ecuador, Bielorrusia y Argentina.

“Ortega Díaz ha sido negligente en proteger los fondos del Estado al no haber actuado a tiempo para detener al responsable de unas operaciones fraudulentas. El negocio fue creado en Finanzas para favorecer a los gobiernos latinoamericanos y consistía en obtener dólares preferenciales, a 2.150 bolívares en 2009, los cuales eran ofrecidos en el mercado paralelo a 5.800 bolívares por cada dólar, lo que generó un diferencial de 3.435 bolívares por dólar, todo con el apoyo de Lehman Brothers”, explicó. 

En esa operación estuvieron implicados bancos y corredores de Estados Unidos. El Ministerio de Finanzas combinó bonos de la deuda pública de Argentina, Ecuador, Bielorrusia y Venezuela y creó un título valor llamado “nota estructurada” que era comprado por el Fondem, responsable de colocarlo en el sistema financiero.

El monto promedio por operación fue de 130 millones de dólares. “El daño al patrimonio del Estado y la ganancia es oceánica: se calcula que entre 2004 y 2009 se colocaron más de 10 millardos de dólares en notas estructuradas y en bonos argentinos”, según documento que reposa en el Ministerio Público.

García señaló que si se indaga a profundidad, podrían encontrarse los supuestos vínculos entre El Aissami-hermanos Makled y una conexión política-narcotráfico. “¿De dónde saca el gobernador de Aragua la fortuna que tiene que hasta le permitieron comprar un diario de circulación nacional?”, preguntó el parlamentario de oposición.

Protección de ex colaboradores. Isea viajó a República Dominicana debido a las relaciones que mantiene en esa isla. Allí residen el ex secretario del Ministerio de Finanzas, Gabriel Jiménez, y José Luis Santoro Castellanos, ex interventor de TVS y a quien vinculan con negocios con el ex gobernador de Aragua, explican fuentes que le han seguido la pista a este caso.

Jiménez y Santoro Castellanos son propietarios del Banco Peravia que fue acusado por una compañía de desvío de fondos. Se trata de Media Service Company que aseguró que no había autorizado las transacciones, según informe publicado por el extinto semanario 6to Poder el 24 de agosto de 2012. “La distracción de fondos está penada por la ley de República Dominicana”, alertó el impreso.

“Esta persona es un operador de Isea”, indicó Ismael García, lo que es confirmado por un funcionario de la Gobernación de Aragua, que lo calificó de “testa” (testaferro). Hasta ahora, el ex mandatario no ha aportada pruebas contundentes contra funcionarios venezolanos. “No pasó el interrogatorio careo”, dijo una fuente.

No saben nada. Aunque la Fiscalía General aseguró que no sabía nada de Isea, sí indagó lo qué pasó en el aeropuerto de Valencia, desde donde partió un jet Bombarder con 1,2 toneladas de droga en agosto de 2012, caso por el cual la DEA ha interrogado a Isea en Santo Domingo, por el mismo equipo que en su oportunidad habló con el ex magistrado Eladio Aponte Aponte. 

La nave, siglas 9H-FED, salió del terminal aéreo el 12 de agosto de 2012 a las 2:30 am, luego de que el capitán, el copiloto y la azafata fueron coaccionados por los dueños de la droga.

Las entonces autoridades del MRIJ (El Aissami y el general Néstor Reverol, en la ONA) tomaron el aeropuerto y detuvieron a 21 personas. Los fiscales Linda Goitía, María Briceño, Milagros Espinoza y Eylin Ruiz negociaron con 4 GN para que sirvieran de testigos y sobreseyeron a Isaías García Pinto, comisario del Sebin.

PPT pide al PSUV aclarar si ex gobernador es militante 

 En el oficialismo cuestionan la penetración del narcotráfico en el mundo político. El secretario general de PPT, Rafael Uzcátegui, dijo que correspondía al PSUV determinar cuál era la condición de Isea: “¿Es militante o dirigente del partido? A PPT no le corresponde fijar posición sobre este caso en este aspecto, sino al PSUV, por ser militante de este partido. El PSUV sabrá de él; si dejó de ser militante”.

¿Y por qué cree que Rafael Isea prefirió hacer la denuncia en Estados Unidos y no en Venezuela?, se le preguntó. “¡A lo mejor le gusta la justicia de allá, la justicia imperial”, indicó.

Sustentado en un pensamiento de Mao Tse Tung (“estudiemos el pasado para darle lecciones al futuro”), Uzcátegui señaló que, desde la cuarta hasta la quinta República, se ha registrado la relación narcopolítica, por lo que reiteró la necesidad de promover la ley de financiamiento de actos de los partidos y movimientos sociales para evitar este problema y que en la ley habilitante se castigue el blanqueo de capitales. “El narcotráfico es un peligro dentro de la política. Si un diputado, gobernador, presidente o magistrado es consumidor, se corre el riesgo de ser chantajeado; tienen un lado débil. El Estado debe abordar este tema. Una forma puede ser realizar prueba antidomping a quienes sean elegidos. La Constitucion permite financiar las campañas electorales, pero se requiere que se amplíe a otras actividades. La política es un derecho humano, por lo que el Estado debe vigilar los orígenes de los capitales”.

El Dato

El Gobierno ignora hechos. El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, dijo desconocer si Isea se entregó a la DEA: “Eso es lo que dicen los medios”. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, coincidió en esta posición: “El Ministerio Público no tiene conocimiento. No hemos sido informados de dicha situación”.