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Aumentan a 25 años pena máxima por tortura

El poder popular garantizará el cumplimiento de la ley contra los tratos crueles. La Defensoría del Pueblo será el órgano rector

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 No figura en la Constitución, y su materialización a través de la implementación de la Ley que lo rige parece todavía etérea, pero el poder popular tendrá un papel protagónico en la vigilancia de las garantías constitucionales en materia de derechos humanos de las personas privadas de libertad y de los que se encuentren sujetos al proceso penal.

Así está contenido en el informe para segunda discusión del proyecto de ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, presentado ayer por el diputado Juan Carlos Alemán (PSUV) a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.

El poder popular contará además con un representante en la Comisión Nacional de Prevención que se propone crear la ley, pero será minoría frente al peso del Estado y su vocero será elegido en un procedimiento que determinará a posteriori la misma comisión.

El Estado por su parte estará representado por 12 personas, de las cuales 7 pertenecerán al Poder Ejecutivo: Defensoría del Pueblo (que presidirá la instancia y se ocupará de cubrir sus gastos); el TSJ; los ministerios de Comunas, Interior, Servicios Penitenciarios, Relaciones Interiores, Educación, Educación Superior y Defensa; la Fiscalía General; la Defensa Pública y la Procuraduría General, a razón de un vocero por cada organismo.

El proyecto, en mora constitucional desde hace más de 10 años, sufrió cambios respecto de la primera versión presentada en junio: creó la Comisión Nacional de Prevención, pasó de 26 a 33 artículos y aumentó la pena máxima por la comisión de tortura de 23 a 25 años.

Uno de los objetos de la ley es la reparación de las víctimas y para ello se garantiza el derecho a la reducción de la jornada laboral, la suspensión temporal de la relación laboral y la asistencia médica, psicológica y social, para lo cual “el Estado podrá generar las políticas públicas necesarias”.

El proyecto no recoge la sugerencia de la Red de Apoyo de darle al texto carácter orgánico. El diputado por el MAS José Antonio España propuso revisar y reformar la Ley Orgánica de Amparo para hacerla más expedita y crear un verdadero y eficiente sistema de protección de los derechos humanos.