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Asociación de Alcaldes rechaza persecución contra dirigentes de oposición

La Asociación de Alcaldes rechaza categóricamente la sentencia emitida por el TSJ contra Carlos Ocariz / Foto Archivo-Williams Marrero

La Asociación de Alcaldes rechaza categóricamente la sentencia emitida por el TSJ contra Carlos Ocariz / Foto Archivo-Williams Marrero

A través de un comunicado, critica la sentencia en contra de Carlos Ocariz, y exige al Estado venezolano dejar de usar al Poder Judicial como arma política partidista 

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La Asociación Civil de Alcaldes por Venezuela denunció el uso que hace el gobierno de la justicia para atacar a los líderes electos de oposición.

A través de un comunicado, rechaza categóricamente la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia contra el alcalde de Sucre y miembro de la directiva de esta asociación, Carlos Ocariz. 

“La persecución contra el alcalde Ocariz es solo la más reciente prueba de cómo en Venezuela las cortes de justicias se han convertido en arma política para el gobierno central”, dice el documento.

La asociación destaca que en lo que va de 2014 ya se registran más de 87 presos políticos en el país, entre los que se encuentran el coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López; el alcalde destituido de San Cristóbal, Daniel Omar Ceballos y el exalcalde del municipio San Diego, Enzo Scarano.

De acuerdo con el texto, estas decisiones reflejan el resquebrajamiento del orden jurídico e institucional, “el cual sólo responde a los mandatos ordenados por miembros del oficialismo y que funcionan como brazo político del partido de gobierno, violando el respeto a un Estado de Derecho, que contempla la separación e independencia de los poderes públicos, como lo indica expresamente el  artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), que garantiza que los funcionarios públicos deben estar al servicio de los ciudadanos y no ser instrumentos para la imposición de la voluntad caprichosa de las altas esferas del poder”.

La Asociación de Alcaldes destaca que, en un Estado con poderes autónomos, como establece la Constitución, no habría cabida para acciones que demuestran la inherencia del poder ejecutivo en todos los ámbitos nacionales.

En el documento se agrega que, además del uso ilegal de los tribunales nacionales para propósitos políticos, desde el oficialismo se realiza una campaña para sabotear las gestiones municipales, que perjudican a la comunidad.