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Aseveraciones de Maduro son amenazas sin efectos legales

El vicepresidente de la República, Nicolás Maduro durante la clausura de la Cumbre del Alba / AVN

“Si ustedes no reconocen el gobierno en función del presidente Chávez, estamos evaluando legalmente acciones muy contundentes”, dijo Nicolás Maduro / Foto referencial: AVN

Retóricas y sin asidero jurídico fueron las advertencias del vicepresidente contra gobernadores de oposición, aseguraron abogados

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Como una bravuconada y una amenaza política y no jurídica fue catalogada por los abogados consultados la advertencia que lanzó el vicepresidente Nicolás Maduro durante la juramentación que se efectuó en la avenida Urdaneta en ausencia del presidente Hugo Chávez, en la que aseguró que estaban analizando tomar acciones legales contra los gobernadores que desconozcan la continuidad del gobierno chavista.

“Hasta ahora ningún gobernador de oposición ha dicho que desconoce el gobierno central, pero lo cierto es que los actos que dicten los funcionarios del Ejecutivo seguirán teniendo efectos independientemente de lo que alguien pueda decir, debido a que la Sala Constitucional dictó una sentencia en la que estableció la continuidad del gobierno”, explicó el administrativista Víctor Hernández Mendible.

El abogado considera que las advertencias de Maduro –vicepresidente que sigue en funciones por ratificación del TSJ y no de Chávez– son declaraciones retóricas que no tendrán consecuencias prácticas.

“Lo que hizo Maduro fue una bravuconada de esas que hacía Chávez, pero que a él no le quedan. Eso no tiene ninguna relevancia jurídica. Lo que ocurre es que quiere meter a la oposición en ese tema  porque sabe que está ejerciendo ilegítimamente debido a que el Presidente no se juramentó y mucho menos ratificó a los miembros del Ejecutivo”, aseveró el constitucionalista Tulio Álvarez.

 

Mayoría chavista. Ambos abogados coincidieron en que el escenario planteado por Maduro es difícil de imaginar en la práctica, debido a que, de las 23 gobernaciones del país, 20 están en manos del partido de gobierno. Los candidatos de oposición sólo ganaron en Amazonas (con Liborio Guarulla), Lara (con Henri Falcón) y Miranda (con Henrique Capriles).

“El gobernador de oposición más emblemático, Capriles, lejos de no reconocerlo, lo llamó a gobernar”, señaló Álvarez.

El mismo miércoles, después de que la magistrada Luisa Estella Morales leyó la decisión en cadena nacional, el gobernador de Miranda ofreció una rueda de prensa en la que llamó a evitar confrontaciones. “Ahora tenemos que exigirle al Gobierno que se ocupe de gobernar. Para mí hay mucho trabajo que hacer y no nos vamos a quedar pegados en la agenda del Gobierno”, dijo.   

Un día después, en un acto en el que se juramentaron frente a una concentración multitudinaria de simpatizantes los integrantes del Ejecutivo menos Chávez –que continúa convaleciente en La Habana–, Maduro lanzó esta advertencia: “A los gobernadores, dejen el guabineo. Si ustedes no reconocen el gobierno en función del presidente Chávez, nosotros estamos evaluando legalmente acciones muy contundentes; porque si usted no me reconoce a mí, yo no estoy obligado a reconocerlo a usted”.

 

No hay delito. Incluso si los gobernadores de oposición criticaran con dureza el fallo del TSJ, tales aseveraciones no podrían ser objeto de persecución penal. “La crítica, aun expresada en términos duros y combativos en defensa de determinadas posiciones por parte de funcionarios públicos, en forma alguna puede considerarse un hecho ilícito”, advirtió el penalista Alberto Arteaga Sánchez.


TSJ no aclarará

El Tribunal Supremo de Justicia se negó a admitir la solicitud de aclaratoria que interpuso el abogado Alfredo Romero con respecto a la sentencia en la que, en respuesta a un recurso de interpretación del artículo 231 de la Constitución, se estableció la continuidad del mandato de Chávez.

La Sala Constitucional, nuevamente en ponencia conjunta, explicó que sólo quienes hayan sido parte en el recurso de interpretación que dio origen al fallo están legitimados para pedir aclaratorias.

Resulta entonces que sólo la abogada Marelys D’Arpino, quien interpuso el recurso de interpretación, está legitimada para pedirla.

La abogada es columnista del diario Vea, publicación de tendencia oficialista. En el artículo que fue publicado con su firma en ese periódico el 9 de enero –edición que entró a circular ese día en la mañana, es decir, horas antes de que se anunciara el fallo– D’Arpino  señala que una vez resuelto el asunto de la juramentación del Presidente “habrá también que salir al paso” porque “no faltarán quienes comiencen a requerir que el Presidente rinda su informe ante la misma Asamblea, y las voces más disidentes enarbolarán una nueva bandera para que se dé aquí el 15 de enero, y que si tal mensaje no se concreta se pueda entender que abandonó el cargo”.

Llama la atención que, aunque su redacción debió ser previa a la lectura del fallo, en el artículo se exhorta a defender un mandato cuya continuidad aún no había sido establecida por el TSJ.