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PSUV pedirá a la Fiscalía que evacue pruebas de violencia postelectoral

Pedro Carreño

Pedro Carreño

Gobernadores y alcaldes chavistas serán colaboradores de la comisión parlamentaria que investiga el caso

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Una megacomisión. Esa será la dimensión de la comisión mixta de la Asamblea Nacional que investiga la violencia postelectoral que, desde la perspectiva del Gobierno, se desató por instigación del líder opositor Henrique Capriles.

En la reunión de trabajo de ayer, el presidente de la instancia parlamentaria, Pedro Carreño, informó que se instruirá a los 20 gobernadores y más de 200 alcaldes del PSUV, a la Defensoría Pública, a los medios del Estado, a los fiscales del Ministerio Público y ta oda la bancada oficialista para que trabajen en la cuantificación de los daños materiales y humanos causados por la violencia postelectoral.

Carreño precisó que solicitará al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia la evacuación de las pruebas que hayan recolectado hasta la fecha, en concordancia con el artículo 224 de la Constitución. “Esto nos permitirá sustanciar el expediente”, dijo.

Agregó que los diputados del PSUV se reunirán hoy para recibir instrucciones sobre la recolección de datos en sus estados. Carreño adelantó que los parlamentarios oficialistas deberán ir a los medios regionales para dar a conocer “la verdad” de los actos vandálicos que de acuerdo con el Gobierno se perpetraron contra entes del Estado.

La comisión mixta, integrada exclusivamente por diputados del PSUV, aspira a que el informe final sirva para nutrir una acción penal y administrativa contra Henrique Capriles, a quien señalan de “instigador” y de ser el  “autor intelectual” de la violencia callejera de los días 15, 16 y 17 de abril, cuando nueve personas fallecieron en diferentes hechos en varios estados del país.


Ciberterrorismo. Ayer la comisión recibió al conductor de La Hojilla, quien denunció a Capriles y a Leopoldo López como los principales responsables de la violencia callejera y a los empresarios Billy Vaisberg y Samuel Yacutieli de integrar una red de ciberterrorismo para atacar al Gobierno en sincronía con la oposición. Aseguró haber obtenido la información por la vía de trabajos de “inteligencia social y Twitter”.

El conductor consignó una serie de videos con declaraciones de Capriles, Ricardo Sánchez, Ismael García, Vicente Díaz, Gabriela Ramírez y un twitt de Nelson Bocaranda, que, a su juicio, demuestran que el desconocimiento de los resultados electorales y la violencia posterior a los comicios formaron parte de un plan premeditado de la oposición.

El diputado Tito Oviedo no descartó que en el informe final se incluya una exhortación a la Fiscalía para que solicite la prohibición de salida del país de Capriles y de otros dirigentes de oposición.

Elvis Amoroso y William Fariñas consideraron pertinente que la Asamblea Nacional “legisle en materia de redes sociales para enfrentar el ciberterrorismo”.


Equivocados

El abogado penalista Alberto Arteaga alertó que en los últimos días se ha hecho un uso equivocado y abusivo de los términos autor intelectual o instigador, “para pretender atribuir la autoría de un hecho a quien no la tiene”.

“El autor intelectual, figura que en nuestro código equivale al de instigador, exige la intervención de una persona que mueve la voluntad de otro para que cometa un hecho punible”, dijo. Acotó que no es suficiente la manifestación de un deseo ni una referencia genérica a una acción legítima para que se considere como instigación.

“El instigador debe hacer surgir en el otro la voluntad para delinquir y añadir el mandato de llevar a cabo el hecho, apoyado en la autoridad que ejerce sobre el otro, en la oferta de una compensación, o en una amenaza”, precisó.

Explicó que para hablar de instigación al delito “debe conocerse quién ejecutó el hecho, y si lo hizo determinado por la acción del inductor”.