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Asamblea de ciudadanos no tiene potestad para aprobar decreto de emergencia

Los constitucionalistas Román Duque y José Haro señalaron que las iniciativas de calle promovidas por el gobierno solo tienen efecto político 

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Ni lasasambleas de ciudadanos ni el “Parlamento Comunal” cuentan con la potestad quetiene el Poder Legislativo para aprobar el decreto de emergencia económica quefue rechazado por la Asamblea Nacional. En esto coinciden losconstitucionalistas Román Duque Corredor y José Vicente Haro.

“El puebloen la calle no es un órgano del Poder Público, no tiene apoyo jurídico sinopolítico. Sí el gobierno insiste en aplicar el decreto, pese a la negativa delParlamento incurriría en un golpe contra la institucionalidad”, indicó DuqueCorredor.

Agregó queel decreto no tiene vigencia sin el aval político de la AN, poder en el querecordó descansa la voluntad del pueblo.

“Pese a ladeclaratoria de constitucionalidad del TSJ, se requiere de la aprobación delParlamento. El gobierno quería usar medidas sin control de la AN; otra LeyHabilitante camuflada, la última de las cuales tuvo hasta diciembre pasado.Este decreto repite lo mismo que los decretos de estados de excepción en lafrontera, sustentado sobre el control del contrabando y para garantizarseguridad alimentaria; entonces no se entiende la emergencia. Si el gobiernoinsiste en ejecutarlo debe ser investigado por el Parlamento”.

DuqueCorredor dijo que el decreto no precisó las medidas concretas que se asumiríanpara la emergencia económica ni mencionan cuáles garantías serían restringidas.

Elconstitucionalista José Vicente Haro explicó que las decisiones de lasasambleas de ciudadanos, según el artículo 70 de la Constitución, solo sonvinculantes en el caso de asuntos locales y no en los de carácter nacional.Indicó que no puede el gobierno imponer el decreto de emergencia por esa vía nia través del Parlamento Comunal.

“Si seinsiste en aplicar el decreto, la Asamblea Nacional podría solicitar y dejarconstancia de una investigación ante el Ministerio Público a los diputados delPSUV que instigan al desconocimiento del Poder Legislativo. En el ámbitointernacional podría pedirse ante la OEA la aplicación de la CartaInteramericana Democrática”.

Durante elfin de semana pasado, el oficialismo realizó asambleas populares para debatiren la calle el alcance del documento y respaldar las medidas económicas delgobierno de Nicolás Maduro.

 

Maniobras.El presidente de la comisión de la AN que analizó el Decreto de EmergenciaEconómica, José Guerra (Primero Justicia), dijo que los señalamientos deloficialismo sobre la posibilidad de aprobarlo con el pueblo son maniobraspolíticas sin incidencias. Indicó que el gobierno debe respetar la decisión dela mayoría parlamentaria.

“El decretose envió para que fuera debatido y evaluado, no como una mera información, ytuvo vigencia hasta el viernes y todo lo que se haga después es un golpe alParlamento. Este decreto no tiene nada que ver con el “Parlamento Comunal”: unactivista del PSUV no tiene las potestades con las que cuentan los diputadoselegidos constitucionalmente”, puntualizó.

Elvicepresidente de la referida comisión, Elías Matta (Un Nuevo Tiempo) señalóque pasar por encima de la AN y aplicar el decreto a la fuerza sería unaviolación flagrante de la carta magna.

“Lo quehace el gobierno es de mucha retórica. Ellos saben que pueden tomar decisionessin el decreto que se quiso utilizar para mostrarnos como saboteadores, comoenemigos del pueblo” indicó.

 

Desacato ministerial

La AsambleaNacional no ha informado sobre el procedimiento a los ministros de la economíapor no acudir a la comparecencia del jueves 21 de enero, en la que responderíana las preguntas que los diputados formularon, por escrito, sobre el Decreto deEmergencia. El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, calificó dedesacato la inasistencia.

Fuentes dela AN informaron que la decisión política sobre posibles sanciones es analizadapor la directiva. Se pudo conocer que la convocatoria de los ministros se hizode forma verbal.

El artículo21 de la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios yFuncionarias Públicas ante la Asamblea Nacional o sus comisiones establecesanción de entre 100 y 200 unidades tributarias, o arresto proporcional, paralos funcionarios que no asistan o se excusen sin motivo justificado. Elparágrafo único del artículo 22 establece la posibilidad de imponer un voto decensura en el caso de funcionarios de libre nombramiento y remoción, “conobligación de proceder a la remoción inmediata del funcionario por su órganojerárquico”.

Ni lasasambleas de ciudadanos ni el “Parlamento Comunal” cuentan con la potestad quetiene el Poder Legislativo para aprobar el decreto de emergencia económica quefue rechazado por la Asamblea Nacional. En esto coinciden losconstitucionalistas Román Duque Corredor y José Vicente Haro.

 

“El puebloen la calle no es un órgano del Poder Público, no tiene apoyo jurídico sinopolítico. Sí el gobierno insiste en aplicar el decreto, pese a la negativa delParlamento incurriría en un golpe contra la institucionalidad”, indicó DuqueCorredor.

 

Agregó queel decreto no tiene vigencia sin el aval político de la AN, poder en el querecordó descansa la voluntad del pueblo.

 

“Pese a ladeclaratoria de constitucionalidad del TSJ, se requiere de la aprobación delParlamento. El gobierno quería usar medidas sin control de la AN; otra LeyHabilitante camuflada, la última de las cuales tuvo hasta diciembre pasado.Este decreto repite lo mismo que los decretos de estados de excepción en lafrontera, sustentado sobre el control del contrabando y para garantizarseguridad alimentaria; entonces no se entiende la emergencia. Si el gobiernoinsiste en ejecutarlo debe ser investigado por el Parlamento”.

 

DuqueCorredor dijo que el decreto no precisó las medidas concretas que se asumiríanpara la emergencia económica ni mencionan cuáles garantías serían restringidas.

 

Elconstitucionalista José Vicente Haro explicó que las decisiones de lasasambleas de ciudadanos, según el artículo 70 de la Constitución, solo sonvinculantes en el caso de asuntos locales y no en los de carácter nacional.Indicó que no puede el gobierno imponer el decreto de emergencia por esa vía nia través del Parlamento Comunal.

 

“Si seinsiste en aplicar el decreto, la Asamblea Nacional podría solicitar y dejarconstancia de una investigación ante el Ministerio Público a los diputados delPSUV que instigan al desconocimiento del Poder Legislativo. En el ámbitointernacional podría pedirse ante la OEA la aplicación de la CartaInteramericana Democrática”.

 

Durante elfin de semana pasado, el oficialismo realizó asambleas populares para debatiren la calle el alcance del documento y respaldar las medidas económicas delgobierno de Nicolás Maduro.

 

Maniobras.El presidente de la comisión de la AN que analizó el Decreto de EmergenciaEconómica, José Guerra (Primero Justicia), dijo que los señalamientos deloficialismo sobre la posibilidad de aprobarlo con el pueblo son maniobraspolíticas sin incidencias. Indicó que el gobierno debe respetar la decisión dela mayoría parlamentaria.

 

“El decretose envió para que fuera debatido y evaluado, no como una mera información, ytuvo vigencia hasta el viernes y todo lo que se haga después es un golpe alParlamento. Este decreto no tiene nada que ver con el “Parlamento Comunal”: unactivista del PSUV no tiene las potestades con las que cuentan los diputadoselegidos constitucionalmente”, puntualizó.

 

Elvicepresidente de la referida comisión, Elías Matta (Un Nuevo Tiempo) señalóque pasar por encima de la AN y aplicar el decreto a la fuerza sería unaviolación flagrante de la carta magna.

 

“Lo quehace el gobierno es de mucha retórica. Ellos saben que pueden tomar decisionessin el decreto que se quiso utilizar para mostrarnos como saboteadores, comoenemigos del pueblo” indicó.

 

Desacato ministerial

 

La AsambleaNacional no ha informado sobre el procedimiento a los ministros de la economíapor no acudir a la comparecencia del jueves 21 de enero, en la que responderíana las preguntas que los diputados formularon, por escrito, sobre el Decreto deEmergencia. El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, calificó dedesacato la inasistencia.

 

Fuentes dela AN informaron que la decisión política sobre posibles sanciones es analizadapor la directiva. Se pudo conocer que la convocatoria de los ministros se hizode forma verbal.

 

El artículo21 de la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios yFuncionarias Públicas ante la Asamblea Nacional o sus comisiones establecesanción de entre 100 y 200 unidades tributarias, o arresto proporcional, paralos funcionarios que no asistan o se excusen sin motivo justificado. Elparágrafo único del artículo 22 establece la posibilidad de imponer un voto decensura en el caso de funcionarios de libre nombramiento y remoción, “conobligación de proceder a la remoción inmediata del funcionario por su órganojerárquico”.