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Asamblea Nacional declara persona non grata a Felipe González

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Fachada Asamble Nacional | Archivo

La decisión se produce tras confirmarse que el expresidente del gobierno español tiene previsto actuar como asesor técnico "ad honorem" de la defensa de Leopoldo López

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La Asamblea Nacional declaró hoy, con los votos de la mayoría chavista, persona non grata al expresidente del gobierno español, Felipe González.

"Declarar al ciudadano Felipe González como persona non grata para el pueblo venezolano", fue la propuesta aprobada y llevada al hemiciclo por el representante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Yul Jabour.

La decisión se produce tras confirmarse que el expresidente del gobierno español tiene previsto llegar pronto a Venezuela para actuar como asesor técnico "ad honorem" de la defensa de Leopoldo López, informó el lunes el abogado de éste, Juan Carlos Gutiérrez.

Ante la decisión de González de integrar la defensa de López, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró el pasado 25 de marzo que el expresidente de gobierno de España "no tiene facultades" para ejercer la abogacía en el país caribeño así como tampoco "tiene facultades para entrometerse en los asuntos internos de Venezuela".

El mismo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que González carece siquiera de "moral para decir la palabra Venezuela".

En su alocución de hoy en la AN, Jabour calificó la decisión de nombrar persona non grata a González como un "problema de soberanía".

"Le decimos desde aquí a este señor que estuvo comprometido y está comprometido con la derecha internacional (...) que actuó como agresor en la política internacional que (...) (esta decisión) es un problema de soberanía", sostuvo.

La propuesta se aprobó en una sesión en la que también se dio luz verde a un acuerdo de rechazo a las resoluciones del Parlamento español y de los senados colombiano y chileno que pidieron la liberación tanto de López como del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.

Estas resoluciones fueron calificadas por el diputado oficialista Darío Vivas, quien leyó el acuerdo parlamentario, como una "agresión" y sus contenidos como "injerencistas".