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Sólo 6 de las 12 leyes sancionadas en 2013 han sido promulgadas

Sesión en la Asamblea Nacional / José Pacheco

Sesión en la Asamblea Nacional / José Pacheco

 La Constitución establece que el Presidente debe darles el ejecútese dentro de los 10 días siguientes de haberlas recibido

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Entre enero y agosto de este año la AN aprobó 13 leyes, 12 de las cuales fueron sancionadas por la cámara y remitidas al Ejecutivo para la promulgación, tal como establecen los artículos 213 y 214 de la Constitución. La Ley de Infogobierno, aún no sancionada, deberá recibir la lectura final a partir del 16 de septiembre.

Pero al contrario de lo esperado, el Ejecutivo sólo ha promulgado seis de las leyes que le ha enviado el Legislativo este año. Las normas sancionadas entre el 1° y el 15 de agosto no han entrado en vigencia porque el presidente Nicolás Maduro no las ha refrendado y publicado en Gaceta Oficial.

La reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación y la reforma de la Ley de los Consejos Estadales de Planificación fueron sancionadas en la plenaria del 1° de agosto. La Ley de Compra y Venta de Vehículos y la Ley Orgánica de Cultura recibieron la aprobación de la AN en la sesión del 13 de agosto. Mientras, la Ley Especial sobre Hurto y Robo de Vehículos y el Código Orgánico Penitenciario recibieron luz verde el 15 de agosto.

Fuentes cercanas a la junta directiva informaron a El Nacional, que las normas sancionadas en agosto tardaron algunos días en ser remitidas al Ejecutivo. “Estamos dentro de los lapsos”, dijeron.

Preocupante. Alicia Sepúlveda, coordinadora del Observatorio Económico Legislativo de la ONG Cedice, destacó que las leyes sancionadas, las promulgadas y las que se encuentran en consulta pública comparten características preocupantes: mayor control político y económico y restricción de las libertades ciudadanas.

“Destaca el denominador común de imposición de un solo modelo de pensamiento y la prevalencia de un estado ‘registral’ que debe cumplir cada ciudadano. Tal es el caso de la reforma de la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar y la de Protección Integral, que están en consulta pública y que plantean registros nacionales de obligatorio cumplimiento so pena de sanciones”, dijo la economista.

En materia de cerco económico mencionó la Ley de Compra-Venta de Vehículos y la Ley Orgánica de Cultura. “Estas leyes imponen una carga fiscal equivalente a 1% de las ganancias, que se une a la carga fiscal existente, la cual se calcula alrededor de 60% de la ganancias. También se mantiene la tendencia a crear fondos y tributaciones”. 

En materia de libertades ciudadanas, Sepúlveda afirmó que la Asamblea Nacional ha perdido su naturaleza de diálogo y respeto a las diferencias. “El Parlamento se ha convertido en un instrumento sanguinario para sustraer libertades, lo cual hace a través de leyes y acuerdos condenatorios contra cualquiera que piense diferente del modelo ideológico. Las normas dictadas han ido cerrando los espacios de la libertad individual. Tal es el caso de la Ley de Cultura y las leyes referidas a los Consejos de Planificación”. 

La analista de Cedice considera que la Asamblea Nacional, lejos de aprobar leyes que efectivamente mejoren la convivencia y fomenten mejores condiciones económicas y sociales, se ha enfocado en la aprobación de instrumentos jurídicos discriminatorios y de créditos adicionales, principalmente destinados a pagos de salarios y gastos de organismos del Estado.

En  tiempo récord

De las seis leyes sancionadas y promulgadas en lo que va de año, tan sólo tres formaban parte de la agenda legislativa aprobada en febrero: la Ley de Bosques, la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes y la Ley Desarme.

Las otras tres (Reforma de la Ley de Contribución Especial por Precios Exorbitantes de Hidrocarburos, Ley Orgánica de Servicio Exterior y Ley de Endeudamiento Complementario 2013) fueron llevadas a debate a petición del Ejecutivo.

La reforma de la ley de contribuciones especiales por los precios de los hidrocarburos fue sancionada el 20 de febrero y la Gaceta Oficial en la que apareció el texto corresponde a la misma fecha. Es decir, cuando fue sancionada la remitieron al Ejecutivo y ese mismo dia el Presidente la revisó, validó y remitió a la imprenta nacional para su publicación.