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Analistas advierten que TSJ evidencia sesgo militarista

Juan Carlos Gutiérrez dijo que es inconstitucional avalar proselitismo de la FANB. Denuncian violación de derechos de civiles 

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Analistas consideran inconstitucionales las decisiones del TSJ de abril y junio en las que se limitan las protestas civiles y se avala el proselitismo político de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respectivamente. Observan un sesgo militar en el Poder Judicial.

El penalista Juan Carlos Gutiérrez cree que la Sala Constitucional no fue ponderada al restringir el derecho de los ciudadanos de manifestar pacíficamente. “No hubo término medio en la decisión, como tampoco en la respuesta al recurso de amparo introducido luego de la marcha castrense del 15 de marzo”.

Señaló que el TSJ no debió avalar el proselitismo castrense, que contradice el espíritu de la Constitución: los militares activos pueden votar pero, al igual que jueces y fiscales, no emitir afirmaciones políticas.

Gutiérrez observa una excesiva custodia militar a las instalaciones judiciales.

Alberto Arteaga Sánchez, también penalista, criticó que el TJS se preste para criminalizar a la oposición y ponga en riesgo a los civiles cuando viola los artículos 328 y 330 de la carta magna: la Fuerza Armada es una institución profesional que no debe estar al servicio de parcialidad alguna.

“El derecho de manifestar tiene su restricción en el carácter pacífico y sin armas al que hace referencia el artículo 68 de la Constitución, sin que pueda estar condicionado a permisos”, señaló. Rechazó que se amparen las consignas socialistas y los discursos políticos de la FANB, que se admita una brigada contra grupos generadores de violencia cuya denominación es castrense y dependerá de un ministro militar.

El general y abogado Enrique Prieto Silva dijo que por el incumplimiento de los plazos el Frente Institucional Militar desistió formalmente del amparo contra la marcha militar de marzo, y fueron sorprendidos con la decisión que calificó de “bodrio jurídico”.

Considera que voluntariamente o a la fuerza los militares que participan en actos políticas pasan por encima de la carta magna.

El vicealmirante retirado Rafael Huizi Clavier manifestó que ambas decisiones son políticas y alertó sobre la violación de derechos humanos de civiles, como se pretende hacer con la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación.


Registro castrense
Provea rechazó la progresiva militarización del país y que se obligue a los venezolanos a inscribirse en un registro de naturaleza castrense, según lo establecido en la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación.

“En la ley no figuran como causales de no presentación del servicio militar la posibilidad de elegir libremente un servicio civil o ejercer el derecho a la libertad de conciencia, como dispone el artículo 61 de la Constitución”, argumentan.