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“Alcalde Scarano podría quedar preso de 6 a 15 meses”

Enzo Scarano acudió al CNE / Tibisay Romero

Enzo Scarano / Tibisay Romero

Síndico de San Diego, en Carabobo, dijo que el TSJ fijó para hoy audiencia contra el alcalde de ese municipio por supuesto desacato 

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Sin ningún sustento legal y por razones políticas el Tribunal Supremo de Justicia fijó para hoy una audiencia contra Enzo Scarano, alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, por el supuesto desacato de una medida cautelar dictada el viernes en la que se le ordenó garantizar el libre tránsito en la localidad. Así lo consideró el propio alcalde y el síndico procurador de ese municipio, León Jurado, que acudieron ayer al TSJ.

 “Esta es una decisión política, no judicial. Me han negado el derecho a la defensa y en menos de 24 horas me van a hacer un juicio cuando apenas ahora tuve acceso al expediente, que lo que tiene es una nota de prensa de Noticias24 reseñando los tuits de personas que dicen que había restricción del tránsito. En San Diego no hay barricadas”, denunció Scarano.

El síndico procurador advirtió que contrario a toda ley el alcalde podría quedar privado de libertad desde hoy. “Vinimos a presentar oposición a la medida y nos encontramos con que ya fijaron una audiencia por posible desacato, en la cual la Sala Constitucional se va a constituir en tribunal penal para juzgar a Scarano. En caso de que los magistrados consideren que hay desacato, el alcalde podría quedar preso de 6 a 15 meses”, indicó.

Lo correspondiente, según Jurado, es que el TSJ decida la oposición y si la niega y la cautelar queda firme notifique al Ministerio Público, que debe abrir una investigación y en caso de hallar elementos acusar al alcalde ante un tribunal penal de Carabobo.

Jurado explicó que la medida fue dictada por la obstaculización del tránsito en la autopista de San Diego, a pesar de que desde 2009 esa vía, como todas las autopistas, es responsabilidad del gobierno nacional.

 

MUD. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, criticó la decisión del TSJ. “La Sala Constitucional se viste de juez penal y asume el poder de castigar delitos y de ejecutar futuras órdenes de prisión”, dijo.