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Penas más severas no resolverán la corrupción

Nicolás Maduro solicitó que la Ley Habilitante se extienda por un año / AVN

Nicolás Maduro solicitó que la Ley Habilitante se extienda por un año / AVN

Los parlamentarios de los dos bloques desconocen el alcance que puede tener la habilitante en el asunto económico. Aprobarla puede tomar entre una semana y dos meses 

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Una ley más severa contra la corrupción, penas más largas e instancias especialmente creadas para investigar y juzgar estos delitos son algunas de las medidas que según el presidente Nicolás Maduro tomará Miraflores mediante ley habilitante, pero en criterio de expertos en materia penal son innecesarias porque ya están estipuladas en las leyes o fueron derogadas debido a que no dieron resultado.

“En 1982 con la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, hoy derogada, se incrementaron las penas, se tipificaron nuevos delitos y hasta se crearon tribunales especiales en esta materia; y cuál fue el resultado: ninguno”, dijo Alberto Arteaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCV.

El penalista Carlos Simón Bello, ex director del Instituto de Ciencias Penales de la UCV, considera que no hace falta reformar las leyes que existen ni crear otras. “En Venezuela no hay déficit de leyes. Si el problema es la falta de celeridad procesal, pues Maduro debe ser informado de que el marco legal actual permite estas cosas, incluso el Código Orgánico Procesal Penal que fue promulgado por Hugo Chávez el año pasado, precisamente en el marco de una ley habilitante, fue dictado para que hubiera celeridad procesal”, indicó.

La Ley contra la Corrupción, la Ley de la Contraloría, la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley contra la Delincuencia Organizada son algunas de las normas vigentes que servirían para combatir la corrupción si no hubiera impunidad, según Bello.

¿Aumentar las penas? Bello señaló que está comprobado que la comisión de delitos no disminuye por aumentar las penas. “Lo que hace disminuir los delitos es tener la certeza de que la pena será aplicada”, señaló.

En cuanto a las instancias especializadas para juzgar estos casos, Arteaga recordó que en 1982 se crearon tribunales de salvaguarda del patrimonio público que dejaron de funcionar en 1999, cuando entró en vigencia el COPP. “Todas estas fórmulas ya han sido probadas”, dijo.

Maduro también anunció la necesidad de formar equipos especializados en el Ministerio Público para que investiguen delitos económicos. Ya la Fiscalía cuenta con una dirección dedicada exclusivamente a los casos de corrupción.

Vuelta a la colonia. En su discurso el presidente Maduro leyó un decreto del Libertado del 12 de enero de 1824, en el que Simón Bolívar declaró la guerra a muerte, pero esta vez contra la corrupción: "Artículo 1: Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado, o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital. Artículo 2: Los jueces a quienes según ley compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena. Estamos planteando traer a la vigencia este decreto al año 2013”, dijo ante la AN.

“Simón Bolívar tenía más liderazgo que Maduro y aunque decretó la pena de muerte para los corruptos luego se dio cuenta de que estaba errado”, advirtió Bello.