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Gobierno usa el terrorismo para amedrentar a oposición

Alberto Arteaga | RAUL ROMERO

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Alberto Arteaga indicó que se trata de una nueva forma de terrorismo penal contra los partidos

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Un grupo de abogados fijó posición en relación con lo que considera mala aplicación de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo en el caso de la detención del general retirado Antonio Rivero.

Uno de los expertos que declaró al respecto fue el penalista Alberto Arteaga, quien señaló que con esa imputación lo que se busca es amedrentar a la disidencia política y generar miedo en la ciudadanía.

“Hoy en día tenemos una nueva forma de terrorismo penal para amedrentar a la disidencia política y esto se pone de manifiesto con la aplicación que se hace de esta ley. El caso del general Antonio Rivero se enmarca en un cuadro de persecución política”, expresó el jurista, que participó en un acto en la sede del partido Voluntad Popular en el que los expertos fijaron posición.

El general Antonio Rivero fue detenido después de que la semana pasada el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, hizo pública la detención de un ciudadano estadounidense identificado como Timothy Tracy, a quien le incautaron una serie de videos y lo señalaron de financiar al movimiento estudiantil para generar zozobra y violencia en el país, luego de las elecciones del 14 de abril.

En uno de los videos que supuestamente le incautaron a Tracy aparece el general Antonio Rivero dando instrucciones a un par de jóvenes que  protestaban en Altamira el 15 de abril. El militar retirado fue imputado por la presunta comisión del delito de asociación para delinquir, establecido y sancionado en esa ley.

Arteaga indicó que su posición y la de los juristas que lo acompañaron no tenía como fin defender a Rivero, pues este ya cuenta con un equipo de defensores. Sin embargo, destacó algunas de las irregularidades en la detención del militar retirado.

“En la detención de Rivero no hubo flagrancia, porque él no fue sorprendido cometiendo el delito que supuestamente dicen que cometió. Estamos ante una privación de libertad ilegal y arbitraria”, expresó el jurista.

En la declaración también participó el abogado Bayardo Ramírez Monagas, quien indicó que se trata de una manipulación errada de la ley, pues ese texto fue creado para perseguir las mafias organizadas y transnacionales, y no a las personas que protestan y ejercen sus derechos ciudadanos.

“Estamos en presencia de un Estado felón, porque está incumpliendo con lo que se ha comprometido internacionalmente al aprobar una ley creada para perseguir a las organizaciones criminales transnacionales; nada tienen que ver con las funciones de los partidos políticos”, dijo.


El proceso

El general (r) Antonio Rivero fue imputado por el fiscal 21° con competencia nacional del Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir e instigación al odio, ante el Tribunal 2°de Control del área metropolitana de Caracas. Este juzgado ordenó que fuera recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde, pero el militar prefirió quedarse en el Sebin porque considera que en ese penal su vida corre peligro. Desde entonces está en huelga de hambre.