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Juristas aseguran que aumentar penas no eliminará corrupción

Alberto Arteaga | RAUL ROMERO

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Alberto Arteaga señaló que el Ejecutivo no puede cambiar las penas que establezca una ley a través de una habilitante

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Aumentar las sanciones a los delitos de corrupción a “pena máxima”, como pretende el presidente Nicolás Maduro, no resolverá el problema. Para combatir el delito efectivamente lo que hay que hacer es aplicar las penas que se impongan.

Esa es la opinión de los abogados penalistas Alberto Arteaga y Carlos Simón Bello. “Esto no es nuevo. Lo dijo uno de los precursores de las ideas penales, el Marqués de Beccaria, que no se trata de amenazar con grandes sanciones sino que el quid del asunto está en que las penas que se señalen se impongan. Nuestro problema no es de leyes sino que la justicia penal no funciona. Las leyes no se aplican, y cuando se hace, las sanciones no se cumplen”, afirmó Arteaga.

Ambos juristas opinaron que no todos los delitos deben ser sancionados con la misma pena. Se apoyaron en el caso del peculado, que es cuando un funcionario se queda con el dinero público, pero que tiene varios tipos que no deben tener la misma sanción.

Arteaga señaló que no es igual el peculado doloso –que es cuando existe la intención de quedarse con el dinero– al peculado de uso –que es cuando se disfrutan de los recursos sin apropiárselos–. Aclaró que la pena no puede ser la misma.

El abogado considera que no es necesario cambiar la Ley contra la Corrupción –que se modificó en 2003– para combatir el problema. Aclaró que si se pretende cambiar la normativa, el camino no es una Ley Habilitante, como se ha insinuado.

“Hay que recordar que la materia penal es de exclusiva reserva legal formal. Los delitos y las penas están reservados al poder legislativo, a la Asamblea Nacional. Rige el principio de la reserva legal formal porque la libertad de los ciudadanos no puede estar en manos del Poder Ejecutivo. Se trata de sanciones que tienen que ver con la libertad de los ciudadanos”, señaló.

Arteaga dijo que desde el punto de vista formal la habilitación sólo se otorga en circunstancias muy excepcionales, como una calamidad, que en este momento no están dadas. Indicó que existen otras vías para esas reformas y recordó que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, presidida en ese entonces por Héctor Navarro, inició un proceso para reformar la Ley contra la Corrupción, que nunca se materializó.


Sin respuesta. Los datos del informe de 2012 del Ministerio Público, que mostró la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, muestran que ese año la Fiscalía recibió 8.283 casos de corrupción, que equivalen a 1,33% del total de los casos conocidos. De esa cantidad, las imputaciones sólo fueron 2.313 (13,48%).

Bello dijo que en lo concerniente a corrupción en todo 2012, sólo un caso obtuvo reparación, relacionado con Fundalara, y que ascendió a 1.633.048 bolívares. Se trata de una acción civil contra el ex director de la Fundación. El abogado opinó que esas cifras revelan la escasa capacidad de respuesta del Estado ante sus propias averiguaciones.