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Afirman que la opacidad del Estado obstaculiza el combate de la corrupción

El reclamo contra los corruptos se ha evidenciado en protestas ciudadanas

El reclamo contra los corruptos se ha evidenciado en protestas ciudadanas

ONG contabilizaron la aprobación, entre 2001 y 2012, de 21 leyes que consolidan la falta de transparencia

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Busque en Internet la página web de la Contraloría General del Estado en Bolivia y escriba el nombre de Evo Morales, presidente de ese país, en el vínculo correspondiente a la consulta de las declaraciones juradas de rentas y bienes.

Aparecerá la misma información resumida que los seguidores del gobernante usaron para decir que es uno de los líderes más pobres de América Latina y que sus detractores emplearon para acusarlo de enriquecerse sin justificación. Lo mismo puede hacer en el portal de transparencia del Gobierno de Chile: es posible obtener una copia de la declaración jurada de Sebastián Piñera, jefe del Estado de ese país, en la que apenas se omiten algunos datos. Nada parecido sucederá si se intenta con el nombre del presidente Nicolás Maduro en alguna página oficial o con el de otros titulares de los poderes públicos en Venezuela.

La declaración jurada de patrimonio de los funcionarios venezolanos se mantiene en reserva, a diferencia de lo que ocurre en otras naciones del continente cuyos legisladores han considerado que la publicidad del documento no sólo beneficia la transparencia, sino que es un mecanismo que contribuye a prevenir la corrupción. Expertos y organizaciones no gubernamentales opinan que mantener en secreto las declaraciones es una expresión de cómo se ha cubierto con un velo de opacidad datos que deberían ser del conocimiento colectivo y mucho más si existen sinceras intenciones de luchar contra la corrupción. "No se entiende que haya una verdadera voluntad, si datos como esos son secretos", considera el abogado constitucionalista Víctor Hernández Mendible.

En el país no hay legislación que exija dar publicidad a las declaraciones juradas de bienes, pero tampoco altos funcionarios como Maduro -quien ha pedido poderes especiales a la Asamblea Nacional para legislar contra la corrupción- las han puesto voluntariamente a disposición del público. Regular el asunto es una de las recomendaciones del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual Venezuela es signataria. Adelina González, contralora general encargada de la República, invitó en julio pasado en declaraciones públicas a las cabezas de las máximas instancias del Estado a rendir la declaración con la seguridad de que la información sería bien custodiada: sólo su despacho tiene acceso a los datos y la Fiscalía, en caso de averiguaciones penales.

Oscuridad legal. Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, afirma que las instituciones no han favorecido la mejora del acceso público a datos relevantes. "El Estado ha legalizado la opacidad y eso no ayuda a combatir la corrupción", dice. La frase está en el espíritu de un informe que presentó la Coalición Pro Acceso -de la cual forma parte la ONG- en agosto del año pasado, en el que dan cuenta de la aprobación de 21 instrumentos jurídicos que contribuyeron a consolidar la falta de transparencia oficial en el período 2011-2012.

En el documento se cita la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarias y Altas Funcionarias del Poder Público, que establece que por razones de seguridad y defensa podrían no divulgarse datos sobre los ingresos de los funcionarios. "Ese tipo de información no supone un riesgo para la continuidad ni para la estabilidad del Estado por lo que no es admisible el argumento de la seguridad nacional", se apunta en el informe. Otro caso, en el plano institucional, refiere a la Ley de la Contribución Especial por los Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado de Hidrocarburos.

Allí se exime al Fondo de Desarrollo Nacional de informar al Banco Central de Venezuela sobre los aportes que le entrega Pdvsa por ventas de petróleo por encima de 40 dólares el barril. Igualmente, se menciona el Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, que restringió el acceso del público al hemiciclo durante las sesiones, a las que sólo pueden entrar diputados y funcionarios del Parlamento, a diferencia de lo que ocurría hasta entonces.

Con motivo de las elecciones presidenciales, Transparencia Venezuela divulgó el año pasado un programa de acción para combatir la corrupción, que proponía la creación de dos instituciones: un organismo para hacer realidad la garantía del derecho al acceso a la información y un ministerio de la función pública que desarrollara políticas (incluidas las educativas que se requieran) para prevenir las irregularidades. Se destaca la necesidad de legislar sobre los conflictos de interés -que está pendiente en la agenda de la Asamblea Nacional-. Eso llevaría a quienes aspiren a puestos públicos a presentar declaraciones juradas en las que manifiesten su vinculación con funciones, grupos u organizaciones que pudieran estar en conflicto con el cargo.