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Advierten que amedrentan a activistas de derechos humanos

Gonzalo Himiob y Alfredo Romero rechazaron la citación a Tamara Suju | Foto Raúl Romero

Gonzalo Himiob y Alfredo Romero rechazaron la citación a Tamara Suju | Foto Raúl Romero

La abogada Tamara Suju, del Foro Penal Venezolano, atendió la citación para declarar en el Sebin

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Abogados y activistas de derechos humanos advirtieron sobre la intención del gobierno de intimidar y amedrentar a defensores en esa materia con acciones como la citación a Tamara Suju, del Foro Penal Venezolano, para que declarara ayer en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

“Cuando se cita a una activista de una organización que ha venido atendiendo a los estudiantes y a las otras personas detenidas (más de 3.100 hasta la fecha) en las manifestaciones contra el gobierno, eso se puede ver como una forma de intimidar”, declaró Alfredo Romero, director del FPV.

Añadió que es sospechoso que la citación a Suju llegara el miércoles, un día después de que ella estuvo junto con otros abogados y activistas en la presentación de un informe sobre las violaciones de derechos humanos en las protestas de los últimos meses. “Es algo que nos preocupa”.

Dijo que el Ministerio Público debería llamar a los abogados y activistas de manera cordial para evaluar y cotejar los casos que llevan, en vez de citarlos a declarar sin motivo alguno. Opinó que esto afecta a la comunidad de organizaciones de derechos humanos.

“Hemos tenido reuniones con la fiscal Luisa Ortega Díaz y solicitamos otra. También con la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. Porque los abogados y activistas formamos parte del sistema de justicia y del sistema de protección de derechos humanos establecido en la Constitución”, señaló Romero.

La abogada Elenis Rodríguez, de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, afirmó que la citación de Suju es otra demostración de que cada día el gobierno tiene más miedo a las personas que protestan en la calle y a quienes las defienden, que son los activistas de derechos humanos.

Rodríguez instó a la Fiscalía a actuar en casos como el del asesino de Adriana Urquiola, que debía cumplir una condena de 26 años de cárcel y quedó en libertad gracias al plan cayapa judicial, en vez de hacerlo contra defensores de derechos humanos. “Nuestras únicas armas son la Constitución y las leyes”, dijo.


Causa desconocida. Alfredo Romero acudió al Sebin junto con otros integrantes del FPV y representantes de otras organizaciones de derechos humanos, como Elenis Rodríguez, de Fundeci, y Marino Alvarado, de Provea, para acompañar a Tamara Suju, que atendió la citación a declarar a pesar de que desconocía el motivo.

“Vengo como abogada que no la debe y no la teme, porque lo que hemos hecho desde el Foro Penal es defender a los detenidos durante las manifestaciones y denunciar las violaciones de los derechos humanos”, declaró Suju antes de entrar.

En el interrogatorio, que duró dos horas y media, la abogada se enteró de que la causa por la cual fue citada está relacionada con el allanamiento a una quinta de la urbanización Sebucán, en Caracas, en algún momento de los últimos meses.

“Me preguntaron por los dueños de la casa y una serie de personas que no conozco”, dijo.

Añadió que entre los mencionados en el interrogatorio solo conoce de trato al dirigente estudiantil Vilcar Fernández, compañero de Nixon Moreno, de cuya defensa ella formó parte.

Respaldó la tesis de sus colegas: “Creo que esta citación forma parte de la intimidación del gobierno contra los defensores de los derechos humanos. Porque varios funcionarios han involucrado a activistas en el supuesto plan golpista que denuncian”.


Artillería judicial
SOFÍA NEDERR | snederr@el-nacional.com
La audiencia preliminar del ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos fue diferida para el 8 de julio por solicitud de la defensa.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez indicó que la petición se hizo ante el juez del Tribunal 25° de Control, Alejandro Rebolledo, luego de enterarse ayer de que la Procuraduría se adhirió a la acusación contra el dirigente de Voluntad Popular.

Gutiérrez señaló que se ha dirigido toda “la artillería judicial pesada” contra Ceballos, que fue condenado por el Tribunal Supremo de Justicia y ha sido señalado por la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

Dijo que tienen hasta el 3 de julio para objetar el escrito de la Procuraduría. Considera improcedentes los delitos imputados al exalcalde, puesto que se redundó cuando se incluyó la rebelión civil junto con el agavillamiento, los cuales en la práctica requieren de la participación de varias personas.

“Hay una infinita debilidad probatoria en el proceso”, dijo.

Gutiérrez anunció que la defensa promoverá como testigos a periodistas y entre las pruebas presentará la reseña y los videos de las declaraciones de Daniel Ceballos, puesto que la acusación no puede basarse en una serie de testimonios referenciales.

La alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos, esposa del dirigente de VP, dijo: “El expediente es un cascarón vacío que se basa simplemente en chismes”.